Diferencia entre revisiones de «Suspensión del contrato de trabajo»
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El derecho del trabajo no es derecho público, ni tampoco es derecho privado. Las partes de mutuo acuerdo podrían suspender los efectos del contrato de trabajo, esto debido al principio de autonomía privada, lo cual debe ser siempre que exista justa causa y que sea determinada en el tiempo. | El derecho del trabajo no es derecho público, ni tampoco es derecho privado. Las partes de mutuo acuerdo podrían suspender los efectos del contrato de trabajo, esto debido al principio de autonomía privada, lo cual debe ser siempre que exista justa causa y que sea determinada en el tiempo. | ||
Por acuerdo de las partes se puede establecer que uno no trabaje y el otro pague, o que uno no trabaje y el otro no pague, o que uno trabaje y el otro no pague. Es decir, tomando el principio de la autonomía de la voluntad, si hay acuerdo y existe causa justa para que ello se haga, y se determine un tiempo, no habría problema. Pero es imposible realizar esto si el trabajador no está de acuerdo, y si no está de acuerdo puede ir a la Inspección del Trabajo o contactar a un abogado que sea especialista en derecho laboral. | |||
Por causa justa podemos comprender que no sea en detrimento del trabajador, teniendo presente que en laboral no se aplica la [[doctrina de los actos propios]], y en cuanto al plazo este podría ser determinado o determinable, es decir, por 30 días, hasta que la autoridad decrete que se levante la cuarentena, o se permita seguir con la construcción. | Por causa justa podemos comprender que no sea en detrimento del trabajador, teniendo presente que en laboral no se aplica la [[doctrina de los actos propios]], y en cuanto al plazo este podría ser determinado o determinable, es decir, por 30 días, hasta que la autoridad decrete que se levante la cuarentena, o se permita seguir con la construcción. | ||
Revisión del 21:55 28 mar 2020
La suspensión del contrato de trabajo ha sido definida como la "cesación justificada y temporal de la obligación de trabajar o de pagar la remuneración, en su caso, o de ambas a la vez, impuestas en el contrato de trabajo, subsistiendo el vínculo contractual" (Thayer y Novoa, 1998:12)
No debe confundirse con la terminación del contrato de trabajo, debido a que no se pone término al contrato sino más bien se le da continuidad al mismo sin que se tengan que cumplir las obligaciones más importantes del contrato: trabajar y/o retribuir.
Concepto
La profesora Gabriela Lanata Fuenzalida en su manual titulado Contrato Individual de Trabajo reserva un Capítulo titulado Cese de la Relación Laboral, en donde diferencia la Suspensión y la Interrupción del contrato de trabajo y, la terminación del contrato de trabajo.
Los principios sobre los cuales se sostendría la suspensión del contrato de trabajo, de acuerdo a la profesora Lanata explica "En la actualidad la existencia de la institución en análisis es una clara manifestación del principio de la continuidad de la empresa." (Lanata, 2010, 257).
Recordemos "Que del análisis del artículo 7º del laboral se desprende que el contrato de trabajo es una convención bilateral, consensual, onerosa, principal, nominada y de tracto sucesivo por la cual un trabajador y un empleador se obligan recíprocamente, aquel a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación continuos; y éste a entregar una contraprestación permanente y continua en dinero." (JLT de Antofagasta, T-58-2012, Décimo Sexto)
El contrato de trabajo es de tracto sucesivo, así lo ha destacado la profesora al referirse a este tema: "El contrato de trabajo es un contrato de tracto sucesivo, o sea la relación laboral no se agota mediante la realización instantánea de cierto acto, sino que dura en el tiempo. Esta situación implica el interés social en la mayor duración posible de la relación laboral, situación que hoy es vista como una manifestación más de la protección que se busca otorgar al trabajador a través del Derecho del Trabajo." (Lanata, 2010; 257), mientras que en el manual de los profesores Sergio Gamonal Contreras y Caterina Guidi Moggia, señalan que el contrato de trabajo "puede ser indefinido pero jamás perpetuo."
Así las cosas, puede suspenderse la ejecución del contrato de trabajo, "en el entendido de que estas suspensiones no implican la ruptura del vínculo, manteniendo la continuidad de la relación del trabajo." (Gamonal y Guidi, 2015, 363) Pero, citando al profesor Luis Lizama Portal quien dijera que de ocurrir esto, la suspensión operaría siempre respecto de las obligaciones principales de ambos contratantes, la de Prestar Servicios y la de Remunerar; del mismo modola Lanata explica que "Esta institución supone la subsistencia del contrato de trabajo, pero la interrupción de algunos de sus efectos jurídicos, lo cual dependerá de la causa de la suspensión. Normalmente las obligaciones que se suspenden serán las de prestar servicios y remunerar."
Causas
En los manuales de Lizama y Lizama y el de la profesora Lanata señalan cuatro causas por las cuales podría suspenderse las obligaciones principales del contrato de trabajo. Estas serían por mutuo acuerdo, por circunstancias del trabajador y del empleador y por un conflicto colectivo.
En todos los casos se debe dar cumplimiento al artículo 11 del Cödigo del Trabajo, esta modificación deberá constar por escrito. "Las modificaciones del contrato de trabajo se consignarán por escrito y serán firmadas por las partes al dorso de los ejemplares del mismo o en documento anexo." Siendo el contrato consensual de acuerdo al (Artículo 9 del Código del Trabajo) y por las razones de certeza y protección que exige el artículo 10 del Código del Trabajo, de no escriturarse el empleador podrá ser sancionado con multa a beneficio fiscal, y presunciones en su contra a nivel judicial. Por lo que cualquier modificación debe escriturarse.
En cuanto a los ejemplos de cada causal, Lizama y Lizama en su Manual de Derecho Individual del trabajo, publicado en enero de 2019, DerEdiciones, escriben una larga lista de situaciones con sus debidas explicaciones, 10 páginas, que aquí vamos a utilizar someramente, así que recomendamos comprar el libro (en realidad comprar todos los libros que mencionamos).
a.- Por acuerdo de las partes
El derecho del trabajo no es derecho público, ni tampoco es derecho privado. Las partes de mutuo acuerdo podrían suspender los efectos del contrato de trabajo, esto debido al principio de autonomía privada, lo cual debe ser siempre que exista justa causa y que sea determinada en el tiempo.
Por acuerdo de las partes se puede establecer que uno no trabaje y el otro pague, o que uno no trabaje y el otro no pague, o que uno trabaje y el otro no pague. Es decir, tomando el principio de la autonomía de la voluntad, si hay acuerdo y existe causa justa para que ello se haga, y se determine un tiempo, no habría problema. Pero es imposible realizar esto si el trabajador no está de acuerdo, y si no está de acuerdo puede ir a la Inspección del Trabajo o contactar a un abogado que sea especialista en derecho laboral.
Por causa justa podemos comprender que no sea en detrimento del trabajador, teniendo presente que en laboral no se aplica la doctrina de los actos propios, y en cuanto al plazo este podría ser determinado o determinable, es decir, por 30 días, hasta que la autoridad decrete que se levante la cuarentena, o se permita seguir con la construcción.
El ejemplo que tanto Lizama y Lizama como Lanata dan es el del artículo 249 y 250, las horas sindicales, las cuales son convenidas entre los Sindicatos y las empresas para que durante la jornada laboral del dirigente, pueda no trabajar directamente para el empleador (porque si está haciendo su trabajo sindical como corresponde también está ayudando a la empresa, los intereses se juntan, en algunos puntos).
b.- Por circunstancias inherentes que afectan al trabajador
Esta causa para poder suspender el contrato encuentra su origen en algún hecho que le ha ocurrido al trabajador,
Exámenes médicos
Incapacidad laboral temporal
Enfermedad grave
Fallecimientos de cercanos
Descanso de maternidad, pre, post natal y post natal parental
Matrimonio o Unión Civil
Nacimiento y adopción de hijo
Servicio militar obligatorio
Bomberos
Permisos sindicales
Separación provisional de un trabajador aforado
Detención o prisión
c.- Por circunstancias inherentes que afectan al empleador
Clausura de la empresa por autoridad como sanción
d.- Por un conflicto colectivo
Huelga
Lock out
Casos legales de suspensión
Puede suspenderse unlateralmente sin remuneración
No puede suspenderse unilateralmente sin remuneración
Jurisprudencia judicial
Dictámenes u Ordinarios de la Inspección del Trabajo
Dictamen N° 2968/117 - 1996
Dirección del trabajo: Dictamen N° 2968/117 de 20 de mayo de 1996: MAT.: La fuerza mayor o caso fortuito que impide la prestación de servicios, exonera al empleador de las obligaciones de proporcionar trabajo y de remunerarlo en la forma convenida. Mediante la presentación singularizada en el antecedente, se ha solicitado un pronunciamiento acerca de la procedencia de que un empleador se exonere de su obligación de pagar remuneración al trabajador, cuando los servicios no puedan prestarse efectivamente por acto de autoridad ejercido por funcionario público, basado en causa imputable al dependiente. Sobre el particular, puedo informar a Ud. lo siguiente: El artículo 7 del Código del Trabajo dispone: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente , éste en prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada," Por su parte, el artículo 1545 del Código Civil preceptúa: Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes, y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales" De las normas legales precedentemente transcritas se colige que el contrato de trabajo es bilateral, en cuanto genera obligaciones para ambas partes, que la fuerza de la declaración es, para los contratantes, equivalente a la de una ley, a la formación del consentimiento no acuerden dejarlo sin efecto o carezca una causa legal que lo invalide. A su vez, el artículo 21 inciso 2 del Código del Trabajo establece: "Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentre a disposición del empleador sin realizar laboral, por causas que no le sean imputables" De la disposición legal anterior se infiere que constituye jornada de trabajo el tiempo que el dependiente permanece sin realizar labor efectiva cuando, copulativamente, concurren los requisitos de hallarse el trabajador a disposición del empleador y de inactividad proveniente de causas ni imputables al principio, como consecuencia de lo cual procede el pago de remuneración por ese tiempo. En la especie, el dependiente se encuentra inhabilitado de prestar los servicios convenidos por disposición de autoridad pública dentro de su ámbito de competencia, a saber, por resolución de la Superintendencia de Administradoras de fondos de pensiones que cancela la inscripción del trabajador en el Registro de Promotores y Agentes de Venta de la misma entidad, en base a conductas irregulares que se enuncian y que le resultan imputables. Por lo anterior, el acto de autoridad ejercido por funcionario público constituye para las partes un imprevisto al que no es posible resistir y configurar fuerza mayor o caso fortuito en los términos previos por la ley. De este modo, y atendida la circunstancias que la inactividad del dependiente proviene de causa que le es imputable, el periodo durante el cual ha permanecido a disposición del empleador sin prestar servicios no puede considerarse jornada de trabajo y, por ende, no da lugar al pago de remuneración. Reconsidérese, en lo pertinente, toda instrucción impartida al solicitante que resulte contraria al criterio doctrinario sostenido en el presente dictamen. En consecuencia, sobre la basa de las disposiciones legales citadas y consideradas expuestas, cumplo con informar a Ud. que la fuerza mayor o caso fortuito que impide la prestación de los servicios, exonera al empleador de las obligaciones de proporcionar trabajo y de remunerarlo en la forma convenida. Saluda a Ud. María Ester Feres Nazarala. Abogado, Director del Trabajo.
Dictamen Nº7173/361 - 1997
Dirección del trabajo ORD. Nº7173/361, 24 de noviembre de 1997 MAT.: Remuneraciones Descuentos. RDIC.: La suspensión de labores ocurrida los días 3 y 4 de marzo de 1997 en la faena de la Cía. Minera Can Can, a causa del cierre del camino de acceso a la misma por efecto del fenómeno climático denominado "invierno boliviano" no constituye caso fortuito o fuerza mayor, no obstante lo cual los trabajadores de los turnos 1 y 2, que se desempeñan en dicha faena, carecen del derecho a exigir el pago del tiempo no trabajado en dichos días por cuanto durante éstos no estuvieron a disposición del empleador. Mediante presentación citada en el antecedente solicitan un pronunciamiento de esta Dirección en orden a determinar la procedencia jurídica del descuento de remuneraciones correspondientes a los días 3 y 4 de marzo de 1997 practicada por la empresa Cía. Minera Can-Can a los trabajadores de la misma que no prestaron servicios en tales días a causa de un aluvión ocurrido en la alta cordillera. Sobre el particular, cúmpleme informar a Uds. lo siguiente: El artículo 7º del Código del Trabajo, prescribe: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". De la disposición legal transcrita se colige que el contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes. Del mismo precepto aparece, que para el empleador, las principales obligaciones que le impone el contrato de trabajo son las de proporcionar el trabajo convenido y pagar por él una determinada remuneración, en tanto que para el trabajador, su obligación esencial consiste en prestar los servicios para los cuales fue contratado. Frente a lo expresado cabe señalar que la jurisprudencia de esta Dirección ha sostenido reiteradamente que el empleador no puede exonerarse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, esto es, proporcionar la labor convenida y pagar la correspondiente remuneración, sino en el evento de existir fuerza mayor o caso fortuito u otra causa eximente de responsabilidad. Lo anteriormente expuesto, se ve corroborado por lo dispuesto en el artículo 1.545 del Código Civil, que señala: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales". De las disposición legal preinserta se infiere también que un acto jurídico bilateral sólo puede ser dejado sin efecto mediante el mutuo consentimiento de las partes contratantes o si existe una causa legal que lo invalide. Ahora bien, una de las causas legales que se pueden invocar para cesar en el cumplimiento de un contrato, sea éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentra definida en el artículo 45 del Código Civil en los términos siguientes: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.". Del tenor literal de la disposición transcrita, se infiere que para que un hecho constituya fuerza mayor o caso fortuito, es preciso que reúna tres elementos copulativos: primero, inimputabilidad; segundo, la imprevisibilidad y tercero, la irresistibilidad. Seguidamente, es necesario analizar lo que debe entenderse por cada uno de dichos elementos, de manera de poder determinar cuándo se está en presencia de un hecho que puede ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto, cabe señalar que la inimputabilidad consiste en que el suceso o hecho que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor, provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, o sea, que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su producción. En lo que concierne al segundo elemento del caso fortuito, vale decir, la imprevisibilidad, cabe precisar que ésta consiste en que el hecho invocado en tal calidad, dentro de los cálculos ordinarios y corrientes, no se haya podido prever. Es decir, guarda relación con lo acostumbrado o desacostumbrado del acontecimiento que se invoca como constitutivo del caso fortuito; en otros términos, sucesos que, racionalmente, no han podido preverse por la manera como se presentan. En opinión del tratadista Ramón Meza Barros, la imprevisilidad no implica que el hecho sea totalmente imprevisible, sino que basta que regular o normalmente no haya podido preverse. Por último, en lo que respecta al tercer elemento que es la irresistibilidad, es preciso consignar que se entiende por tal la circunstancia de no ser posible evitar sus consecuencias, en términos tales que ninguna de las partes haya podido preverlo y evitarlo, ni aún cuando se opongan al hecho imprevisto las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Si únicamente hace más difícil o gravoso el cumplimiento no se estará en presencia de un hecho que pueda ser calificado como caso fortuito. Ahora bien, en la especie, de los antecedentes aportados y tenidos a la vista y, en especial, del informe de 31.07.97, evacuado por el fiscalizador Sr. Manuel Rojas Veas, dependiente de la Inspección Provincial del Trabajo de Copiapó, se desprende que a causa del fenómeno climático denominado "Invierno Boliviano" se produjo un aluvión en el sector de la alta cordillera donde se ubica la faena de la Compañía Minera Can-Can, el cual provocó el cierre temporal del camino de acceso a dicha faena. A raíz de ello, los trabajadores de los turnos 1 y 2 no pudieron trabajar en esos días al verse impedidos de subir al lugar de la faena, siendo devueltos a Copiapó desde el sector El Palto. Del informe inspectivo antes mencionado se desprende, además, que los afectados pertenecientes a la Región fueron devueltos a sus domicilios y que a los provenientes de otras regiones la empresa les proporcionó hospedaje y alimentación, a su costo, en la ciudad de Copiapó. Del mismo informe aparece que los trabajadores afectados no estuvieron obligados a permanecer en las dependencias de la empresa ubicadas en dicha ciudad, limitándose a presentarse, algunos de ellos, diariamente a dichas oficinas para conocer la situación existente y darle a conocer a los restantes que se encontraban en sus lugares de alojamiento o domicilios. Analizada la situación en consulta a la luz de las disposiciones legales citadas, antecedentes recopilados y consideraciones expuestas en párrafos que anteceden, dable es apreciar que, en la especie, no concurren en su totalidad los requisitos que configuran el caso fortuito o fuerza mayor. En efecto, en opinión de este Servicio, el fenómeno climático denominado "invierno boliviano" no constituye un hecho que pueda ser calificado como "imprevisible" en los términos antes analizados, ya que dentro de los cálculos ordinarios y corrientes es posible predecir que en determinada zona y época del año este se producirá, como es el caso de la alta cordillera donde se ubica la faena de la empresa minera Can-Can, lo cual, a su vez, permite sostener que el aluvión ocurrido a raíz de dicho fenómeno no reviste el carácter de caso fortuito o fuerza mayor. Al tenor de lo expuesto, dable es sostener que, en la situación planteada, el fenómeno de que se trata no ha podido producir el efecto de liberar a las partes de la relación laboral del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Precisado lo anterior y con el objeto de resolver la materia específica en que incide la consulta planteada, es necesario tener presente en la especie la norma prevista en el artículo 21, del Código del Trabajo, la cual dispone: "Jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador debe prestar efectivamente sus servicios en conformidad al contrato. "Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables". De la disposición legal antes transcrita se infiere que se entiende por jornada de trabajo el tiempo durante el cual el trabajador presta efectivamente sus servicios al empleador en conformidad al contrato y, que se considera también como tal, el lapso en que el dependiente permanece sin realizar labor cuando concurren copulativamente las siguientes condiciones: a) Que se encuentre a disposición del empleador, y b) Que su inactividad provenga de causas que no le sean imputables. En relación al requisito a que se refiere la letra a) precedente, es necesario puntualizar que la reiterada jurisprudencia administrativa de este Servicio contenida, entre otros, en dictamen Nº 6.560-308, de 12.11.92, ha precisado que el hecho de estar o no un trabajador a disposición del empleador, es una situación laboral que se produce por la concurrencia de los diversos elementos que determinan la subordinación o dependencia, entre los cuales cabe mencionar la jornada de trabajo, la exigencia de un horario determinado, lo obligación de realizar las tareas propias de las funciones convenidas, etc. Aplicando lo anteriormente expuesto, al caso que nos ocupa, preciso es convenir que en la situación planteada no puede sostenerse que los trabajadores de que se trata tengan permanencia a disposición del empleador en los días señalados, toda vez que de acuerdo a lo informado por el fiscalizador actuante, la casi totalidad de ellos permaneció en sus domicilios o lugares de hospedaje y los restantes, si bien concurrieron a las oficinas de la empresa, ubicadas en la ciudad de Copiapó, no lo hicieron sino para requerir noticias sobre la situación existente e informar de ello a sus demás compañeros de trabajo. De consiguiente, en mérito de lo ya señalado, forzoso es concluir que los trabajadores a que se refiere la consulta planteada carecen del derecho a exigir de la empresa Cía. Minera Can-Can el pago del tiempo no trabajado por la causa antes indicada, ajustándose, por ende a derecho, el descuento de la remuneración correspondiente a tales días efectuado por la citada empleadora. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas cúmpleme informar a Uds., que la suspensión de labores ocurrida los días 3 y 4 de marzo de 1997 en la faena de la Cía. Minera Can Can, a causa del cierre del camino de acceso a la misma por efecto del fenómeno climático denominado "invierno boliviano" no constituye caso fortuito o fuerza mayor, no obstante lo cual los trabajadores de los turnos 1 y 2, que se desempeñan en dicha faena, carecen de derecho a exigir el pago del tiempo no trabajado en dichos días por cuanto durante éstos no estuvieron a disposición del empleador. Saluda a Uds., María Ester Feres Nazarala. Abogada. Directora del Trabajo
Dictamen N° 1412/21 - 2010
Dirección del trabajo, Dictamen ORD. Nº1412/21 de 19 de marzo de 2010: MAT.: Termino Contrato Individual. Caso Fortuito o Fuerza mayor. "Que, a mayor abundamiento y en auxilio de una correcta interpretación de la causal caso fortuito o fuerza mayor, corresponde traer a colación, la vigencia de los principios del derecho aplicables al ámbito laboral, en especial, el principio de continuidad de la relación laboral y el principio de la buena fe. El principio de continuidad de la relación laboral, derivado del genérico principio protector, tiene por fundamento el que "la relación laboral no es efímera, sino que presupone una vinculación que se prolonga". Este principio, que encuentra manifestaciones ciertas en nuestro ordenamiento jurídico (así, artículos 4º inciso segundo y 159 Nº4 del Código del Trabajo) tiene dentro de sus diversos alcances, la resistencia a admitir la rescisión unilateral del contrato por el empleador y la prolongación del contrato en casos de sustitución del empleador. Se deriva de lo anterior, por una parte, que la aplicación de las causales de terminación del contrato de trabajo que dependen de la sola voluntad del empleador (entre ellas la causal caso fortuito o fuerza mayor) deben ajustarse estrictamente a los requisitos que las justifican, más aún cuando el cese del vínculo laboral no se verá acompañado de una compensación económica por vía de la indemnización por años de servicios, como sucede con la causal en referencia. Otra de sus manifestaciones, es la "interpretación de las interrupciones de los contratos como simples suspensiones". Una de las causas posibles de tales suspensiones son precisamente las derivadas de fuerza mayor o caso fortuito. Debe recordarse aquí, que el Código del Trabajo se pone en el evento que circunstancias graves, incluso calificadas como caso fortuito, no den lugar a la terminación del contrato, aunque signifiquen dotar al empleador de un mayor poder al momento de extender la jornada de trabajo y/o de ejercer el ius variandi del art. 12 CT respecto de un dirigente o delegado sindical (art. 243 CT), en ambos casos manteniendo el trabajador el pleno goce de sus derechos laborales. Debe tenerse presente también que, como se contiene en la doctrina vigente de este Servicio (contenida, entre otros, en dictamen Nº3.677/278, de 10.08.1998) que "el legislador ha vinculado la continuidad de la relación laboral y los derechos individuales o colectivos del trabajador con la empresa en sí y no con la persona natural o jurídica dueña de la misma". Pedro Julio Martínez. Abogado Director del Trabajo (s)"
Ordinario N° 3172 - 2014
Dirección del trabajo ORD. Nº3172, de 18 de agosto de 2014: MAT.: Remuneraciones; Descuentos; Caso Fortuito o Fuerza Mayor. Mediante correo electrónico del antecedente 2) Ud. ha solicitado a esta Dirección se le instruya respecto a la consulta formulada por la empresa Crossville Fabric Chile S.A., en virtud de la cual ésta requiere saber si procede pagar las remuneraciones por los días no trabajados, atendida la orden de evacuación por alerta de tsunami impartida por la autoridad respectiva, durante los días 02 y 03 de abril del año en curso. Al respecto, cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: El artículo 7º del Código del Trabajo, prescribe: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". De la disposición legal transcrita se colige que el contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes. Del mismo precepto aparece, que para el empleador, las principales obligaciones que le impone el contrato de trabajo son las de proporcionar el trabajo convenido y pagar por él una determinada remuneración, en tanto que para el trabajador, su obligación esencial consiste en prestar los servicios para los cuales fue contratado. Frente a lo expresado cabe señalar que conforme a lo sostenido por la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs. 7173/361 y 2968/117, de 24.11.1997 y 20.05.1996, respectivamente, el empleador no puede exonerarse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, esto es, proporcionar la labor convenida y pagar la correspondiente remuneración, sino en el evento de existir fuerza mayor o caso fortuito u otra causa eximente de responsabilidad. Así pues, una de las causas legales que se pueden invocar para cesar en el cumplimiento de un contrato, sea éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentra definido en el artículo 45 del Código Civil en los términos siguientes: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Del tenor literal de la disposición transcrita, se infiere que para que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. De esta suerte, analizado el caso en consulta a la luz de lo expuesto en párrafos que anteceden, resulta posible convenir que, en la especie se ha configurado un caso fortuito o fuerza mayor, por concurrir a su respecto la totalidad de los elementos constitutivos del mismo. En efecto, en el caso planteado consta que como consecuencia de la orden impuesta por la autoridad pública, el empleador estuvo legalmente impedido de cumplir con su obligación de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada, y el trabajador, a su vez, se encontró imposibilitado de desarrollar la labor pactada y, por consiguiente, de devengar la correspondiente contraprestación. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas cúmpleme informar a Ud., que la orden de evacuación por alerta de tsunami, impartida por la autoridad respectiva los días 02 y 03 de abril del presente año, constituye un caso fortuito que impide la prestación de los servicios y exonera al empleador de las obligaciones de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada. Saluda a Ud., Christian Melis Valencia. Abogado. Director del Trabajo
Ordinario N° 3371 - 2014
Dirección del Trabajo ORD. Nº3371, 01 de septiembre de 2014: Mediante presentación del antecedente 4), se ha solicitado un pronunciamiento de esta Dirección, respecto de la procedencia de pagar las remuneraciones de los trabajadores dependientes de la empresa Importaciones Shan Chun Wu Liu E.I.R.I.L., por los días no trabajados, atendida la orden de evacuación a casusa del terremoto ocurrido el 02 de abril del año en curso, instruida por la autoridad del trabajo de esa región, por el período comprendido entre el entre el 03 y 17 de abril de 2014. Al respecto, cumplo en informar a Ud., lo siguiente: El artículo 7º del Código del Trabajo, prescribe: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". De la disposición legal transcrita precedentemente, fluye que el contrato de trabajo es un instrumento bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes. Asimismo, se desprende que para el empleador, las principales obligaciones derivadas del contrato de trabajo son las de proporcionar el trabajo convenido y pagar por él remuneración acordada, y por su parte el trabajador, se compromete a prestar los servicios para los cuales fue contratado. De acuerdo a lo anterior, cabe señalar que conforme a lo sostenido por la jurisprudencia administrativa reiterada y uniforme de este Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs 7173/361 y 2968/117, de 24.11.1997 y 20.05.1996, respectivamente, el empleador no puede exonerarse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, esto es, proporcionar la labor convenida y pagar la correspondiente remuneración, sino en el evento de existir caso fortuito o fuerza mayor, u otra causa eximente de responsabilidad. La fuerza mayor o caso fortuito, se encuentra definida en el artículo 45 del Código Civil, en los siguientes términos: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Del tenor literal de la disposición transcrita en el acápite anterior, se infiere que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito, es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Pues bien, analizando el caso en consulta, cabe señalar, que con la finalidad de resolver fundadamente su presentación, se solicitó información sobre el particular, a la Dirección Regional del Trabajo de Tarapacá, la cual comunicó que el cierre del Centro Comercial Zofri, hasta el 17 de abril de 2014, fue instruido con una finalidad preventiva por la Autoridad del Trabajo de esa región. Asimismo, conforme lo informado por dicha oficina, se desprende que Uds. pagaron a sus trabajadores las remuneraciones completas por el período consultado, asimismo, no existen denuncias de los trabajadores al respecto. De esta suerte, a la luz de lo expuesto en los párrafos que anteceden, resulta posible convenir que, en la especie, se ha configurado un caso fortuito o fuerza mayor, por concurrir a su respecto la totalidad de los elementos constitutivos del mismo, razón por la cual, se entienden suspendidos los efectos del contrato de trabajo entre las partes durante el período consultado. En efecto, a raíz del terremoto ocurrido el día 02 de abril del año en curso y de la consecuente orden impuesta por la autoridad pública del cierre preventivo de sus locales hasta el día 17 del mismo mes, el empleador estuvo legalmente impedido de cumplir con sus obligaciones de proporcionar el trabajo convenido y de pagar la remuneración acordada y por su parte, los trabajadores no pudieron desarrollar las labores pactadas. No obstante lo expuesto en los acápites que anteceden, cabe hacer presente que, según ya se señalara, la empresa pagó a sus trabajadores las remuneraciones correspondientes al período en consulta, de suerte tal, que en la eventualidad de que evaluaran efectuar el descuento de los respectivos montos, deben contar con el consentimiento de los dependientes, manifestado en un acuerdo escrito entre las partes, y las deducciones no deben exceder el 15% de la remuneración bruta total mensual de los afectados, ello, a la luz de lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo y conforme lo precisado por este Servicio, entre otros, mediante Dictamen Nº7051/332 de 19.12.1996. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas, cúmpleme informar a Ud., que la situación remuneracional de los dependientes objeto de su consulta por el período comprendido entre el 03 al 17 de abril del año en curso, es la analizada en el cuerpo del presente informe. Se acompaña copia de Ord. Nº 3172 de 18.08.2014, que incide sobre la materia en consulta. Saluda a Ud., Sara Olate Gotiérrez. Abogada, Jefa Departamento Jurídico, Dirección del Trabajo
Ordinario N° 4093 - 2016
Dirección del Trabajo Ord. 4093, de 05 de agosto de 2016: Mat. El corte de agua, no programado, del día 18 de abril de 2016, por parte de la empresa Aguas andinas que afectó a la Región Metropolitana, producto de las intensas lluvias que generaron aluviones y aludes en los cauces del río Maipo y Mapocho, configura una situación de caso fortuito o fuerza mayor, y por tanto, la empresa Lahsen Hermanos Ltda. estuvo legalmente impedida de cumplir con sus obligaciones de proporcionar el trabajo convenido y de pagar la remuneración acordada. El artículo 7º del Código del Trabajo, prescribe: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". De la disposición legal transcrita se colige que el contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes. Del mismo precepto aparece, que para el empleador, las principales obligaciones que le impone el contrato de trabajo son las de proporcionar el trabajo convenido y pagar por él una determinada remuneración, en tanto que para el trabajador, su obligación esencial consiste en prestar los servicios para los cuales fue contratado. Frente a lo expresado, cabe señalar que la jurisprudencia de esta Dirección ha sostenido reiteradamente que el empleador no puede exonerarse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, esto es, proporcionar la labor convenida y pagar la correspondiente remuneración, sino en el evento de existir fuerza mayor o caso fortuito u otra causa eximente de responsabilidad. Lo anteriormente expuesto, se ve corroborado por lo dispuesto en el artículo 1.454 del Código Civil, que señala: "Todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y no puede ser invalidado sino por su consentimiento mutuo o por causas legales" De la disposición legal preinserta se infiere también que un acto jurídico bilateral sólo puede ser dejado sin efecto mediante el mutuo consentimiento de las partes contratantes o si existe una causa legal que lo invalide. Ahora bien, una de las causas legales que se pueden invocar para cesar en el cumplimiento de un contrato sea éste de trabajo o no, corresponde a a fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentra definida en el artículo 45 del Código Civil en los términos siguientes: Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un anufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Del tenor literal de la disposiión transcrita, se infiere que para que un hecho constituya fuerza mayor ocaso fortuito, es preciso que reúna tres elementos copulativos: primero, inimputabilidad; segundo, la imprevisibilidad y tercero, la irresistibilidad. Seguidamente, es necesario analizar lo que debe entenderse por cada uno de dichos elementos, de manera de poder determinar cuando se está en presencia de un hecho que pueda ser calificado como fuerza mayor o caso fortuito. Al respecto, cabe señalar que la inimputabilidad consiste en que el suceso o hecho que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor, provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las pares, o sea, que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su producción. En lo que concierne al segundo elemento del caso fortuito, vale decir, la imprevisibilidad, cabe preciar que ésta consiste en que el hecho invocado en tal calidad, dentro de los cálculos ordinarios y corrientes, no se haya podido prever. Es decir, guarda relación con la acostumbrado o desacostumbrado del acontecimiento que se invoca como constitutivo del caso fortuito; en otros términos, sucesos que, racionalmente no han podido preveerse por la manera como se presentan. En opinión del tratadista Ramón Meza Barros, la imprevisibilidad no implica que el hecho sea totalmente imprevisible, sino que basta que regular o normalmente no haya podido preverse. (Meza Barros, R., Manual de Derecho Civil De Las Obligaciones, X edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2008, p.122) Por último, en lo que respecta al tercer elemento que es la irresistibilidad, es preciso consignar que se entiende por tal la circunstancia de no ser posible evitar sus consecuencias, en términos tales que ninguna de las partes haya podido preverlo y evitarlo, ni aún cuando se opongan al hecho imprevisto las defensas idóneas para lograr tal objetivo. Si únicamente hace más difícil o gravoso el cumplimiento no se estará en presencia de un hecho que pueda ser calificado como caso fortuito Finalmente, el artículo 12 y siguientes del Decreto Supremo N° 594 de 2000, del Ministerio de Salud, que aprobó el Reglamento sobre Condiciones Sanitarias y Ambientales Básicas en los Lugares de Trabajo, regula la provisión de agua potable en los lugares de trabajo. La norma legal establece que "todo lugar de trabajo deberá contar con agua potable destinada al consumo humano y necesidades básicas de higiene y aseo personal, de uso individual o colectivo" Ahora bien, en la especie, de los antecedentes aportados y tenidos a la vista y, en especial, del informe de fiscalización de 24.06.2016, en el marco de la fiscalización N° de comisión 1316/2016/757, evacuado por a Sra. Fiscalizadora Ruth Ferrera Cepeda, dependiente de la Inspección Comunal del Trabajo de La FLorida, se expresa que el "dirigente señala que el empleador no pagó la remuneración de mayo 2016 en forma íntegra, debido a que el 18 de abril no hubo agua en el sector por lo que el empleador vía mail les indicó que no se presentaran a trabajar y en la remuneración no tomó en cuenta un promedio para ese día en el concepto tratos por lo que disminuyó su monto final a pago, señala además que no fue responsabilidad del trabajador la ausencia ese día" Concluye que "revisados los comprobantes de pago remuneraciones, respecto de los trabajadores individualizados en formulario 4/6, de constata que el empleador efectivamente no incluyó en el pago de la comisión (trato) el día 18/04/2016, siendo el ciclo a considerar desde el 19/04/2016 al 13/05/2016" Del informe inspectivo mencionado, se determina que el empleador "pagó en forma íntegra la parte fija pero, en la variable no incluyó el día 18/04/2016 debido a que lo consideró como caso fortuito o fuerza mayor." Por otra parte, revisadas las informaciones de prensa correspondientes al fin de semana del sábado 16 al lunes 18 de abril del presente año, se desprende que a raíz de lluvias intensas en la Región Metropolitana, la empresa Aguas Andinas aplicó un corte de agua no programado, que afectó el suministro que entrega a 29 comunas de la región indicada. La medida de emergencia se tomó debido a la turbiedad que presentaban las aguas de los ríos Mapocho y Maipo, producto de aluviones y aludes, que originó la necesidad de establecer puntos de entrega de agua potable a los afectados, entre los que se encontraba la Comuna de La Florida. Lo anterior, motivó incluso la suspensión de clases de treinta y dos comunas de la Provincia de Santiago más Puente Alto, San Jospe de Maipo y San Bernardo, el día 18 de abril para resguardar las condiciones sanitarias en que deben funcionar los establecimientos educacionales. Señalando lo anterior, del informe de fiscalización indicado y antecedentes tenidos a l vista, se desprende que el día lunes 18 de abril, a causa de un corte de agua de la empresa Aguas Andinas, que no estaba programado, producto de la emergencia desarrollada por la turbiedad que presentaban las aguas de los ríos Mapocho y Maipo, motivado por las intensas lluvias; no hubo agua potable en el sector donde se encuentra la empresa Lahsen Hermanos Ltda. En razón de lo señalado, el empleador, vía correo electrónico y telefónico, comunicó a los trabajadores que no se presentaran a trabajar el día lunes 18 de abril de 2016, antes del inicio de la jornada de trabajo. Finalmente, en razón de los hechos descritos, el empleador pagó remuneración fija de los trabajadores y en la variable no incluyó el día 18 de abril de 2016, argumentando que lo consideró casa fortuito o fuerza mayor. En efecto, en opinión de este Servicio, el fenómeno climático provocado por las intensas lluvias entre los días 16 y 18 de abril, que significaron un corte de agua generalizado en gran parte de las comunas de la Región Metropolitana, por parte de la empresa Aguas Andinas, que no estaba programado, y por tanto, comunicado con anterioridad, provocando por aludes y aluviones que decantaron un gran número de partículas y sedimentos en el agua -lo que determinó que no era apta para el consumo humano, y que originó una emergencia que significó, entre otras alteraciones, la suspensión de clases el día 18 de abril, en todos los colegios de las comunas afectadas, así como el establecimiento de distintos puntos de abastecimiento de agua potable, para que las personas pudieran proveerse de este vital elemento-, constituye un hecho que puede ser calificado como inimputable, imprevesible e irresistible en los términos antes analizados, ya que dentro de los cálculos ordinarios y corrientes no es posible predecir que una determinada lluvia, en una zona específica producirá, tal enturbiamiento del agua que provoque un corte prolongado, producto de los aluviones y aludes que afectaron su propia composición. En el mismo sentido, tampoco era posible evitar las consecuencias del mismo, por cuanto no era posible determinarlo y evitarlo. Lo anterior, a su vez, permite sostener que e aluvión y alud ocurrido en las aguas de los ríos Mapocho y Maipo, producto de intensas lluvias, y que provocó el corte del suministro de agua potable, por parte de Aguas Andinas el día 18 de abril, ocurrido a raíz de dicho fenómeno, reviste el carácter de caso fortuito o fuerza mayor. Al tenor de lo expuesto, dable es sostener que, en la situación planteada, el fenómeno de que se trata ha podido producir el efecto de liberar a las partes de la relación laboral del cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Por último, en relación a la procedencia o no de descuentos de las remuneraciones, de los trabajadores de la empresa indicada, cabe hacer presente que, según la consulta formulada, el empleador habría pagado a sus trabajadores la parte fija de los emolumentos correspondientes al período en consulta, de suerte tal, que en la eventualidad de que se evaluara efectuar el descuento de los respectivos montos, por la empresa, debe contar con el consentimiento de los dependientes, manifestando en un acuerdo escrito entre las partes, y las deducciones no debe exceder el 15% de la remuneración bruta total mensual de los afectados, elo, a la luz de lo dispuesto en el artículo 58 del Cödigo del Trabajo y conforme lo precisado por este Servicio, entre otros, mediante Dictamen N° 7051/332 de 19.12.1996 En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas y consideraciones formuladas, cumplo con infromar a Ud. que, en el caso consultado, al constituirse el dóa 18 de abril de 2016 un hecho atribuible a caso fortuito o fuerza mayor, que obligó a la empresa Lahsen Hermanos Ltda. a mantener su establecimiento cerrado por no contar con agua potable, producto de la decisión de corte de agua de la empresa Aguas Andinas, originado en la turbiedad de aquella, por el día, no existe obligación para el empleador de cumplir con sus obligaciones de proporcionar el trabajo convenido y de pagar la remuneración acordada y por su parte, los trabajadores no están obligados a desarrollar las laborales pactadas. Saluda Atentamente a Ud. José Francisco Castro Castro. Abogado. Jefe Departamento Jurídico. Dirección del Trabajo.
Ordinario N° 2371 - 20167
Dirección del trabajo ORD. N°2371 de 01 de junio de 2017 MAT.: Caso fortuito o fuerza mayor; Prestación de servicios; Causal de exoneración; Jornada pasiva; Deber de protección; Carácter genérico; Medidas preventivas; Mediante correo electrónico del antecedente se ha solicitado un pronunciamiento jurídico de este Servicio, en orden a determinar el efecto en las remuneraciones de los trabajadores que se han visto impedidos de prestar servicios por las condiciones climáticas adversas que han afectado a la región de Coquimbo. En el mismo sentido, se consulta si la obligación del empleador de velar por la seguridad y salud de los trabajadores contempla la medida de disponer la interrupción de las labores, a fin de permitir el regreso de los mismos a sus hogares. Al respecto, cúmpleme informar a Ud. lo siguiente: El artículo 7º del Código del Trabajo, prescribe: "Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero, y aquél a pagar por estos servicios una remuneración determinada". De la disposición legal transcrita se colige que el contrato de trabajo es un contrato bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes. Del mismo precepto aparece, que para el empleador, las principales obligaciones que le impone el contrato de trabajo son las de proporcionar el trabajo convenido y pagar por él una determinada remuneración, en tanto que para el trabajador, su obligación esencial consiste en prestar los servicios para los cuales fue contratado. Frente a lo expresado cabe señalar que conforme a lo sostenido por la reiterada y uniforme jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs. 7173/361 y 2968/117, de 24.11.1997 y 20.05.1996, respectivamente, el empleador no puede exonerarse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo, esto es, proporcionar la labor convenida y pagar la correspondiente remuneración, sino en el evento de existir fuerza mayor o caso fortuito u otra causa eximente de responsabilidad. Así pues, una de las causas legales que se pueden invocar para cesar en el cumplimiento de un contrato, sea éste de trabajo o no, la constituye la fuerza mayor o caso fortuito, que se encuentra definido en el artículo 45 del Código Civil en los términos siguientes: "Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc." Del tenor literal de la disposición transcrita, se infiere que para que para que se configure la fuerza mayor o caso fortuito es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a) Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. b) Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir, que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. c) Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensas idóneas para lograr tal objetivo. De esta suerte, analizado el caso en consulta a la luz de lo expuesto en párrafos que anteceden, resulta posible convenir que las condiciones climáticas adversas reúnen los elementos para configurar una situación de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual impide al empleador cumplir con su obligación de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada, del mismo modo como el trabajador se encuentra liberado de su obligación de prestar los servicios para los que fue contratado. Con todo, lo anterior debe ser entendido en todos aquellos casos en que el trabajador no ha concurrido a su lugar de trabajo atendido el impedimento que le afecta, pues, en caso contrario, esto es, si las inundaciones, falta de transporte público o anegamientos, provocados por las condiciones climáticas, han tenido lugar estando los trabajadores a disposición del empleador, esto es, habiendo concurrido a su lugar de trabajo o faena, preciso es convenir que el período de inactividad que les afectaría, constituiría jornada laboral, dado que encontrándose a disposición del empleador la no realización de labor no sería imputable a éstos, y de este modo debería ser remunerada. Lo expuesto precedentemente encuentra su fundamento en la disposición del inciso 2° del artículo 21 del Código del Trabajo, que dispone: "Se considerará también jornada de trabajo el tiempo en que el trabajador se encuentra a disposición del empleador sin realizar labor, por causas que no le sean imputables". El precepto legal anotado, configura el concepto de "jornada pasiva", la cual, sólo rige en el caso de que la inactividad laboral del trabajador, originada en causas que no le sean imputables, se produzca durante o dentro de la jornada laboral de acuerdo al concepto dado por el inciso 1º del artículo 21, no resultando procedente, por tanto, extender su aplicación a períodos anteriores o posteriores a ésta. Acorde con lo señalado, la doctrina de este Servicio, contenida, entre otros, en dictamen Nº1592/96, de 24.05.2002, ha dispuesto que la jornada de trabajo se inicia desde el preciso momento en que los dependientes están a disposición del empleador y, esto último, acontece desde el instante en que llegan a su lugar de trabajo o faena. Respecto a la consulta sobre si la obligación de higiene y seguridad que recae sobre el empleador, contempla la de interrumpir las labores de los trabajadores, permitiendo el regreso de los mismos a sus hogares, cabe señalar que esta Dirección en dictamen Nº 5469/292, de 12.09.1997, ha sostenido que "La obligación de protección es un deber genérico, cuyo contenido no queda exclusivamente circunscrito a las disposiciones legales expresas sobre la materia, sino también por la naturaleza de las circunstancias en que el empleador esté en condiciones de salvaguardar los intereses legítimos del trabajador". Por consiguiente, el empleador debe adoptar todas las medidas necesarias e idóneas, que razonablemente, garanticen una eficaz protección al trabajador, previniendo todo riesgo al cual pueda verse expuesto en la ejecución de sus funciones. Lo anterior, se debe entender en el sentido que "el deber de seguridad, "adoptar todas las medidas necesarias", se extiende a toda la acción preventiva, debiendo hacer todo lo necesario en cada una de las obligaciones específicas, incluso cuando no estén previstas de modo expreso". En efecto, el referido deber de protección, tiene por finalidad prevenir la ocurrencia de cualquier accidente o enfermedad que ponga en riesgo la integridad física o psíquica del trabajador, de esta suerte "no es necesario, para que haya incumplimiento, que exista daño a la salud. Lo importante es haber situado al trabajador en una situación de riesgo que podría haberse evitado, aumentando de manera innecesaria las posibilidades de que ocurra un acontecimiento lesivo para su persona", esto es, previniendo todo riesgo que pueda poner en peligro la vida y salud del trabajador, garantizándose la máxima protección. En tales circunstancias, no cabe sino concluir que la obligación de protección del empleador consiste en adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, incluyendo aquellas de carácter preventivo que no hayan sido previstas expresamente en la ley. En consecuencia, sobre la base de las disposiciones legales citadas, jurisprudencia administrativa invocada y consideraciones formuladas cúmpleme informar a Ud., lo siguiente: Las condiciones climáticas adversas que han afectado a la región de Coquimbo, reúnen los elementos para configurar una situación de caso fortuito o fuerza mayor, lo cual impide al empleador cumplir con su obligación de proporcionar el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada, del mismo modo como el trabajador se encuentra liberado de su obligación de prestar los servicios para los que fue contratado. La obligación de protección del empleador consiste en adoptar todas las medidas que sean necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de los trabajadores, incluyendo aquellas de carácter preventivo que no hayan sido previstas expresamente en la ley. José Francisco Castro Castro. Abogado. Jefe Departamento Jurídico. Dirección del Trabajo.
Dictamen N° 1239/005 - 2020
Dirección del Trabajo Dictamen Nº 1239/005 de 19 de marzo de 2020 RESUMEN: Complementa doctrina contenida en Dictamen Nº 1116/004 de 06/03/2020, que fija criterios y orientaciones sobre el impacto, en materia laboral, de la emergencia sanitaria provocada por el virus Covid-19, en el sentido que indica. Atendida la evolución de la emergencia de salud pública de importancia internacional decretada con fecha 30.01.2020 por la Organización Mundial de la Saudl debido al brote del denominado coronavirus Covid-19, la declaración posterior de pandemia por a pate de la misma entidad y en consideración a los nuevos protocolos e instrucciones emanados de los organismos competentes, especialmente en los Ords. N° B10 N° 750 de 06 de marzo de 2020 Res. Exenta N° 180 de 16.03.2020, de la Subsecretaría de Salud Pública y N° 1013 de 05.03.2020 de la Superintendencia de Seguridad Social, complementado este último por Ords. N°’s 1081 de 11.03.2020 del Ministerio de Salud, se ha estimado procedente complementar la doctrina contenida en Dictamen N° 1116/004 de 06.03.2020, que fija criterios y orientaciones sobre el impacto, en materia laboral, de la emergencia sanitaria provocada por el COvid-19, en los términos que se indica. Cabe recordar, que el dictamen que se complementa, precisó que, en virtud de la obligación general del empleador de resguardar la vida y salud de sus trabajadores -en el contexto de la contingencia de que se trata-, corresponderá que otorgue permisos a sus dependientes por el tiempo necesario para acudir a un centro asistencial con la finalidad de acceder a las prestaciones médicas correspondientes sin que ello importe un menoscabo para aquellos; deberá velar por el cumplimiento de las medidas preventivas o reparadoras que los prestadores de salud respectivos determinen, especialmente en lo que respecta a la justificación de ausencias laborales mediante la correspondiente licencia médica y, a la obligación de velar por el cumplimiento del período de reposo prescrito en dichos documentos. De acuerdo a las conclusiones a que se arriba en el pronunciamiento aludido, las cuales se encuentran en armonía con las instrucciones emanadas de la Superintendencia de Seguridad Social y de la Subsecretaría de Salud Publica, las inasistencias en que incurra el trabajador por la causal anotada serán justificadas mediante la correspondiente licencia médica emitida por un profesional habilitado, cuyo pago corresponderá a los Organismos Administradores de la ley N° 16.744, o a Fonasa o Isapres, dependiendo si el origen del contagio, o la sospecha del mismo, tiene origen laboral o común. En razón de lo anterior, corresponde referirse a los efectos de la aludida pandemia y de las medidas que se han dispuesto y que se adopten a futuro para evitar la propagación del virus Covid 19 en el ámbito propio de la competencia de este Servicio, vale decir, en el contexto de la respectiva relación laboral, específicamente, a los que se derivan de dicha contingencia y que impiden o dificultan la efectiva prestación de servicios por parte de los afectados. 1.- Medidas Alternativas de cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el contexto anotado y con el fin de propender a la estabilidad del empleo y a la continuidad laboral de los dependientes afectados e instar por el distanciamiento social. recomendado por la Organización Mundial de Salud y la Autoridad Sanitaria Nacional, como la medida más efectiva para prevenir el contagio de la enfermedad, esta dirección en cumplimiento de las facultades legales, se hace el deber de sugerir las siguientes medidas alternativas de cumplimiento de las obligaciones que emanan del contrato de trabajo. i) Prestación de servicios a distancia o teletrabajo en cuanto la naturaleza de las labores convenidas así lo permitan. ii) Celebración de pactos sobre horarios diferidos de ingreso y salida de los trabajadores con el objeto de evitar las altas aglomeraciones que se producen en los medios de transporte público, principalmente, en las horas punta. iii) Concesión de feriado colectivo en os términos previstos en el artículo 76 del Código del Trabajo. iv) Acodar con los trabajadores la anticipación del beneficio de feriado legal. En relación con esta última alternativa, se hace presente la jurisprudencia administrativa vigente, contenida entre otros, en Ords. Nº 5894 de 23/12/2014 y 2474/57 v) Convenir con el personal la distribución del trabajo en turnos, con el fin de limitar la cantidad de trabajadores que compartan un mismo espacio o recinto de trabajo. vi) Pactar medidas destinada a evitar la aglomeración en los lugares de trabajo, especialmente, en los casinos habilitados por la empresa donde estos hacen uso de su derecho a colación, en los medios de transporte proporcionados por esta, entre otras. vii) Acordar medidas tendientes a limitar la cantidad de usuario o clientes, respecto de los dependientes cuyas labores impliquen la atención directa de público. 2.- Obligaciones del empleador en orden a disponer de todas las medidas necesarias para proteger eficazmente la vida y salud de sus trabajadores. Como ya se señaló en el dictamen N° 1116/004 de 6.03.2020, la ley específicamente en el inciso 1º del artículo 184 del Código del Trabajo, obliga al empleador en términos amplios a resguardad la vida y salud de los trabajadores y a adoptar todas las medidas tendientes a garantizar dicha protección. En relación con la citada disposición legal, la jurisprudencia administrativa de este Servicio, contenida específicamente en ORD 4870/281 de 21.09.1999, ha establecido: “El empleador es un deudor de seguridad frente a sus trabajadores, y en el cumplimiento de tal deber, responderá de la culpa levísima, es decir, de la falta de aquella esmerada diligencia que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios importantes”. Por su parte, el artículo 184 bis del Código del Trabajo, cuyo sentido y alcance fue fijado por dictamen Nº 4604/112 de 03.10.2017, reafirma el deber genérico del empleador de resguardar la vida y salud de sus trabajadores contenido en el artículo 184 antes citado, al establecer de manera explícita las obligaciones que aquel debe asumir ante situaciones de riesgo grave e inminente para la vida y salud de sus trabajadores, las cuales se encuentran analizada en el mencionado pronunciamiento jurídico. En conformidad con la misma norma, en caso de ocurrencia de un hecho de tal naturaleza, el trabajador tendrá derecho a interrumpir sus labores, y de ser necesario, abandonar el lugar de trabajo cuando considere, por motivos razonables, que continuar con sus labores implica un riesgo grave e inminente para su vida o salud, circunstancia que deberá poner en conocimiento de su empleador en el más breve plazo y éste, a su vez, deberá informar de la suspensión de labores a la Inspección del Trabajo. Los trabajadores que ejerzan este derecho, conforme al mismo artículo, no pueden sufrir perjuicio o menoscabo alguno, y en caso contrario, podrán ejercer las acciones de tutela laboral por afectación de derechos fundamentales. El riesgo grave e inminente a que alude el precepto enunciado puede derivar tanto de las características propias o inherentes a la actividad desarrollada por los trabajadores afectados, cómo también de la ocurrencia de un hecho constitutivo de caso fortuito o fuerza mayor concepto que define el artículo 45 del Código Civil. En opinión de la infrascrita, la no adopción por parte del empleador de las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para prevenir el contagio del Covid-19 en lugar de trabajo, podría considerarse dentro de las situaciones de riesgo grave e inminente para la vida y salud de los trabajadores a que alude el artículo 184 bis, en los términos precedentemente expuestos. 3.- Cierre de empresas y otras fuentes laborales de decisión de la autoridad sanitaria. Al respecto, debe señalarse en forma previa, que el artículo 7 del Código del Trabajo, define el contrato de trabajo en los siguientes términos: “Contrato individual de trabajo es una convención por la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente, éste a prestar servicios personales bajo dependencia y subordinación del primero y aquel a pagarpor estos servicios una remuneración determinada”. De la disposición legal transcrita precedentemente se infiere que el contrato de trabajo es un acto bilateral que genera obligaciones recíprocas para las partes, las que para el empleador son principalmente las de proporcional el trabajo convenido y pagar la remuneración acordada, y para el trabajador, la de prestar los servicio para los cuales fue contratado. De acuerdo con lo sostenido por la jurisprudencia administrativa reiterada y uniforme de este servicio, contenida, entre otros, en dictámenes Nºs 7173/361 y 2968/117, de 24.11.1997 y 20.05.1996, respectivamente, el empleador no puede eximirse de las obligaciones principales que nacen del contrato de trabajo sino en el evento de existir caso fortuito o fuerza mayor, u otra causa eximente de responsabilidad. Cabe expresar que el Código Civil, en su artículo 45, ha definido la fuerza mayor o caso fortuito, en los siguientes términos: “Se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc.”. Del tenor literal de la disposición transcrita se infiere que, para que se configure fuerza mayor o caso fortuito, es necesaria la concurrencia copulativa de los siguientes elementos: a.- Que el hecho o suceso que se invoca como constitutivo del caso fortuito o fuerza mayor sea inimputable, esto es, que provenga de una causa enteramente ajena a la voluntad de las partes, en el sentido de que éstas no hayan contribuido en forma alguna a su ocurrencia. b.- Que el referido hecho o suceso sea imprevisible, vale decir que no se haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios o corrientes. c.- Que el hecho o suceso sea irresistible, o sea, que no se haya podido evitar, ni aún en el evento de oponerle las defensivas idóneas para lograr tal objetivo. Analizada la eventual medida de cierre de empresas que podría adoptar la autoridad sanitaria, en el contexto de la crisis que nos afecta, posible sería sostener que tal medida podría ser calificada como fuerza mayor – según el concepto fijado por el artículo 45 del Código Civil – por reunirse los elementos que dicho precepto establece, lo cual implica que las partes estarían liberadas de cumplimiento de sus obligaciones contractuales, no obstante lo anterior, y en conformidad a la Ordenanza Nº 5661/032 del 06.12.2019, la calificación de fuerza mayor necesariamente deberá determinarse caso a caso, siendo los tribunales de justicias quienes deberán resolver las controversias asociadas a dicha calificación. Se deja expresa constancia que un hecho de fuerza mayor libere a las partes de la relación laboral de sus obligaciones reciprocas, no significa necesariamente que la causal de término del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo resulte válidamente aplicable, teniendo esta última facultad una aplicación mucho más restrictiva, en razón de los principios de estabilidad en el empleo y continuidad laboral que existen en nuestro ordenamiento jurídico. Así y sin perjuicio de la ponderación de hechos que podría configurar una causal de término de contrato de trabajo, constituye una facultad exclusiva de los tribunales de justicia, se hace presente que, de conformidad al dictamen Ord. 1412/021 del 19.03.2010 para la válida aplicación del artículo 159 Nº 6 del Código del Trabajo, el hecho imprevisto debe tener un carácter de irresistible, que impida indefinidamente que se retomen los servicios del trabajador, lo cual no ocurriría en aquellos casos en que el cierre de una empresa adoptada por la autoridad, fuese una medida esencialmente transitoria. 4.- Cierre de empresas, establecimientos, faenas u otras fuentes de trabajo efectuadas de modo preventivo por el empleador. Cabe señalar que, a diferencia de la situación anterior, el empleador que, por decisión propia y en forma preventiva, adopte una medida en tal sentido, no quede eximido del cumplimiento de las obligaciones que le impone el contrato de trabajo, como, por ejemplo, la de pagar la remuneración pactada. Lo anterior, teniendo presente que dicha medida sería adoptada unilateralmente por el empleador, en el marco de su deber de protección de la vida y salud de sus trabajadores que le impone la ley. En consecuencia, sobre la base de disposiciones legales citadas y demás consideraciones ya expuestas, cumplo con informar, que se complementa la doctrina contenida en Dictamen Nº 1116/004 del 06.03.2020 de esta Dirección en los términos indicados en el cuerpo del presente informe. Saluda atentamente a Ud. Camila Jordán Lapostol. Directora del Trabajo (S)
https://www.dt.gob.cl/legislacion/1624/w3-article-104731.html
