Artículo 444 del Código del Trabajo

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    Artículo 444 

   En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como para la protección de un derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio en términos suficientes para garantizar el monto de lo demandado.

   Con todo, las medidas cautelares que el juez decrete deberán ser proporcionales a la cuantía del juicio.

   Las medidas cautelares podrán llevarse a efecto antes de notificarse a la persona contra quien se dicten, siempre que existan razones graves para ello y el tribunal así lo ordene. Transcurridos cinco días sin que la notificación se efectúe, quedarán sin valor las diligencias practicadas.

   Las medidas precautorias se podrán disponer en cualquier estado de tramitación de la causa aun cuando no esté contestada la demanda o incluso antes de su presentación, como prejudiciales. En ambos casos se deberá siempre acreditar razonablemente el fundamento y la necesidad del derecho que se reclama. Si presentada la demanda al tribunal respectivo persistieran las circunstancias que motivaron su adopción, se mantendrán como precautorias. Si no se presentare la demanda en el término de diez días contados desde la fecha en que la medida se hizo efectiva, ésta caducará de pleno derecho y sin necesidad de resolución judicial, quedando el solicitante por este solo hecho responsable de los perjuicios que se hubiere causado. Con todo, por motivos fundados y cuando se acredite por el demandante el inminente término de la empresa o su manifiesta insolvencia, el juez podrá prorrogar las medidas prejudiciales precautorias por el plazo prudencial que estime necesario para asegurar el resultado de la litis.

   Habiendo sido notificada la demanda, la función cautelar del tribunal comprenderá la de requerir información de organismos públicos, empresas u otras personas jurídicas o naturales, sobre cualquier antecedente que a criterio del juez contribuya al objetivo perseguido.



Código del trabajo - Código Civil - Código de Procedimiento Civil


Fundamento

ICA de Talca, Rol N° 272-2022
SEGUNDO: El artículo 444 del Código del Trabajo en su inciso 1° señala: "En el ejercicio de su función cautelar, el juez decretará todas las medidas que estime necesarias para asegurar el resultado de la acción, así como para la protección de un derecho o la identificación de los obligados y la singularización de su patrimonio", consagrando así legalmente la procedencia de medidas cautelares en el Proceso laboral.
Basta con este primer inciso del artículo 444 para afirmar, como hace el profesor Juan Carlos Marín González, que "se reconoce explícitamente la existencia de una función cautelar [y que] debemos entender que el legislador ha querido referirse a una potestad cautelar genérica. En uso de esta facultad, el juez del trabajo puede adoptar cualquier medida que considere idónea para asegurar el resultado de la acción, la protección de un derecho, la identificación de los obligados y la individualización del patrimonio del obligado. De este modo el número, identificación y fines de la medida cautelar se ven ampliados considerablemente" (Marín 2006).
Gabriela Lanata, por su parte, en un sentido similar afirma que "tratándose de medidas prejudiciales y de medidas precautorias el Código de Procedimiento Civil procedía a enumerar las medidas procedentes, camino diferente al seguido por la norma laboral, que impone al juez una función cautelar amplia" . Lanata Fuenzalida (2010), p. 73.
En el mismo sentido la Academia Judicial en su Manual de Juicio del Trabajo, al aceptar que se encarga una función cautelar al órgano jurisdiccional, y que "las medidas cautelares en juicio del trabajo son de una mayor amplitud respecto de aquellas aplicables en la antigua legislación, tanto desde los sujetos activos de las mismas, de la oportunidad para disponerlas, como del contenido de ellas". Academia Judicial (2008), p. 64.
Es por ello que a juicio de esta Corte la potestad cautelar del tribunal Laboral consagrada de manera expresa tiene una mayor amplitud que la del proceso civil, siempre enmarcada en el principio de juridicidad, con la finalidad de asegurar el resultado de la acción.