Principio del interés superior del niño, niña y adolescente

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Se entiende por interés superior del niño, niña y adolescente "El conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y la protección de la persona y los bienes de un menor dado, y entre ellos el que más conviene en una circunstancia histórica determinada, analizado en concreto" (Eduardo Pettiagiani)

Su importancia radica en que "El juez debe resolver las cuestiones que se susciten a propósito de la nulidad, separación o divorcio, conciliando sus decisiones con los efectos de la filiación. En aplicación de este principio, el juez debe cuidar que no se genere un menoscabo que pueda perjudicar a los hijos comunes y procurar que la ruptura no altere la vida familiar y que ésta sea compatible con la nueva situación" - (Pablo Rodríguez Grez)

Historia

El siguiente es un extracto de "El interés superior del niño, niña y adolescente y su aplicación en la jurisprudencia de las Segunda y Cuarta Sala de la Corte Suprema" (DECS):

El término interés superior del niño, niña y adolescente se enunció por primera vez en la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, que lo presenta en dos de sus principios, distinguiendo en estos acepciones posteriormente abordadas en la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Observación General N° 14 del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas.

La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por el Estado de Chile en 1990, encomendó a los Estados Partes a considerar una serie de principios a fin de proteger y efectivizar los derechos de niños, niñas y adolescentes. En su artículo 3 párrafo 1° la Convención señaló que “En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño”.

En este contexto, la Convención instauró un nuevo enfoque en torno al reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, como sujetos de derechos, es decir, “el niño como persona, esto es, con derechos, intereses y opinión”.

En los años siguientes la Declaración y Programa de Acción de Viena (1993) indicó que “[La] no discriminación y el interés superior del niño deben ser consideraciones primordiales en todas las actividades que conciernan a la infancia, teniendo debidamente en cuenta la opinión de los propios interesados. Deben reforzarse los mecanismos y programas nacionales e internacionales de defensa y protección de los niños (…)” Por tanto, vuelve a reforzar la consideración primordial, sumando en esto a la opinión del niño, tal como es establecido por el artículo 12 de la Convención. 

Es en el año 2013, con la emisión de la Observación General N° 14, el Comité de los Derechos del Niño expresa que el propósito de tal observación es “mejorar la comprensión y observancia del derecho del niño a que su interés superior sea evaluado y constituye una consideración primordial o, en algunos casos, la consideración primordial (…). El propósito general es promover un verdadero cambio de actitud que favorezca el pleno respeto de los niños como titulares de derechos”

En esta materia, Chile recién hacia el año 1998 realiza su primera modificación legal integrando el término interés superior del niño a una ley que dará lineamientos orientadores para la intervención en el ámbito de familia. Este sería el primer avance en cuanto a establecer dicho concepto dentro de una ley nacional y así garantizar el debido proceso desde enfoque de derechos del niño.

La amplitud y posible subjetividad en su interpretación y aplicación jurídica significó que el Comité de los Derechos del Niño, a través de su Observación General N° 14, y luego de años de propuestas, entregara una definición más concreta del interés superior del niño como un concepto triple, en cuanto se trata de un derecho sustantivo, un principio jurídico interpretativo fundamental y una norma de procedimiento.

En definitiva, con esta interpretación, el Comité intenta que se logre, desde el sistema judicial, adquirir una visión integral y sistémica de los distintos escenarios en los que se desenvuelve cada niño, niña o adolescente para una adecuada aplicación de medida frente a un caso concreto.


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