Unificación Rol N° 4.149-2018
Sentencia
Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.
Vistos:
En autos Rit O-549-2017, Ruc 1740038321-9 del Juzgado de Letras del Trabajo de Temuco, don Álvaro Wigand Perales dedujo demanda por despido injustificado en contra del Ministerio Público, Fiscalía Regional de la IX Región de la Araucanía, representado legalmente por el Consejo de Defensa del Estado, a fin que se declare injustificada, indebida e improcedente su desvinculación, condenándolo al pago de las indemnizaciones y prestaciones que señala.
Mediante sentencia definitiva de seis de noviembre de dos mil diecisiete, se rechazó la demanda en lo relativo al despido injustificado y sus indemnizaciones consecuentes, acogiéndose sólo en la parte que solicitó el cobro de prestaciones relativas a la compensación por feriado legal y proporcional.
En su contra, el actor interpuso recurso de nulidad fundado en la causal principal prevista en el artículo 477 del Código del Trabajo, denunciando la infracción de los artículos 162, 168 y 454 N° 1 del mismo cuerpo legal y de los artículos 81 y 83 de la Ley N° 19.640; en subsidio, planteó la causal contenida en el artículo 478 letra e) del estatuto laboral.
La Corte de Apelaciones de Temuco, conociendo del recurso de nulidad reseñado, por sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, lo desestimó, decisión contra la cual el demandante deduce el presente recurso de unificación de jurisprudencia.
Se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que el demandante explica en su recurso los antecedentes de la causa, proponiendo dos materias de derecho objeto del juicio, respecto de la cual pide consolidación jurisprudencial, pero, conforme se resolvió con fecha 8 de agosto de 2018, se trajeron en relación sólo para los efectos de conocer de la primera cuestión planteada, concerniente a la procedencia de la aplicación de las normas del Código del Trabajo en la terminación del contrato de trabajo de un funcionario del Ministerio Público que no es de exclusiva confianza, conforme a los artículos 81 y 83 de la Ley N° 19.640.
Afirma que el fallo impugnado contradice la doctrina sostenida por los tribunales superiores de justicia, en el sentido de que a los funcionarios de dicha entidad, que no son de exclusiva confianza, en lo relativo a la terminación del contrato de trabajo, se les debe aplicar la regulación del derecho laboral común, como se comprueba del mérito de los fallos que acompaña para su contraste, en los cuales, en su entender, se contiene la tesis correcta.
Pide que se acoja su recurso y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un fallo de reemplazo en los términos señalados.
Tercero: Que, el presente arbitrio de unificación de jurisprudencia, se interpuso en el contexto de una causa iniciada por demanda de despido injustificado, la cual fue rechazada por la sentencia de instancia. En dicha decisión, se establecieron como hechos, que el actor se desempeñó desde el año 2002 en el Ministerio Público y desde el año 2008, como Administrador Titular de la Fiscalía Local de Pitrufquén, hasta su desvinculación, la que ocurrió al ser sancionado administrativamente, mediante resolución de 2 de marzo de 2017, con la medida disciplinaria de remoción, conforme el numeral 5° del artículo 9 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, como autor de la infracción a los deberes que señala, decisión que fue confirmada por el Fiscal Nacional, con fecha 31 de marzo de 2017.
Luego, sobre dicha base fáctica, el fallo de instancia señala que en la comunicación de dicha decisión no se invocaron las causales de término de contrato que dispone el artículo 81 de la Ley 19.640, por lo que no se puede suponer su ejercicio, pues lo que operó, en la especie, fue la aplicación de la medida disciplinaria de remoción y no una causal de termino de contrato, y aunque ambas le ponen termino al contrato, dicha medida tiene efectos propios conforme el citado reglamento, el cual, es plenamente aplicable al actor. De esta manera sostiene que, al no ser equiparables el ejercicio de la potestad disciplinaria al procedimiento y reclamo por terminación de contrato por aplicación de las causales del artículo 81 de la Ley 19.640, no resultan aplicables las exigencias del estatuto laboral, en el entendido que la sanción fue aplicada dentro el marco legal, en un procedimiento legalmente tramitado, con observancia de las garantías del investigado, sin que en caso alguno la pretendida acción por despido injustificado, pueda servir como una nueva instancia de impugnación del mérito de dicha decisión, razones por las cuales rechazó la demanda por despido injustificado y sus indemnizaciones consecuentes.
Cuarto: Que, por su parte, la sentencia impugnada resolvió la controversia argumentando, en lo pertinente, que la del grado no incurre en las infracciones que se le reprochan, por cuanto estima que la desvinculación del trabajador tuvo su origen en un sumario administrativo instruido por faltas a los deberes funcionarios graves en que incurrió, por lo tanto, no fue objeto de un despido como lo asevera en su demanda, sino que su desvinculación se materializó en la medida disciplinaria de remoción que le fue aplicada, conforme el Reglamento de Responsabilidad Administrativa de los Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público.
Explica que, en general, respecto de los funcionarios del Ministerio Público que no sean de exclusiva confianza, existen dos modalidades de terminación del contrato de trabajo, una es el despido, conforme causales del 81 de la Ley Orgánica Constitucional respectiva, que se sujetan al procedimiento del artículo 162 del Código del Trabajo; y, otra, la remoción, por alguna de las causales del 14 del reglamento citado, concluyendo entonces, que, en la especie, es evidente que el actor fue objeto de una medida disciplinaria y no de un despido, supuesto básico de su demanda por despido injustificado, por lo que rechaza el recurso de nulidad planteado.
Quinto: Que, para fines de contrastar tal postura doctrinal, el recurrente acompañó cinco sentencias para su comparación, la primera, corresponde a la dictada por esta Corte en los antecedentes ingreso N° 11.656-17, de 3 de agosto de 2017, que recayó en recurso de unificación de jurisprudencia deducida en el contexto de una acción en que el demandante interpuso denuncia de tutela por vulneración a derechos fundamentales con ocasión del despido, y en subsidio despido injustificado, al ser desvinculado de su cargo de Auxiliar de Fiscalía de Villarrica luego de una investigación administrativa, por medio de la cual, conforme al artículo 9 del Reglamento de Responsabilidad Administrativa de los Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público, se decidió su remoción por haber incurrido en infracción de los deberes que se indican, que fueron calificados como graves. Dicha decisión concluyó que, conforme la normativa legal pertinente, es palmario que el personal del Ministerio Publico se sujeta primeramente a las disposiciones de la Ley N° 19.640, y supletoriamente a ciertas reglas del Estatuto Administrativo; y, además, a determinados preceptos del Código del Trabajo que expresamente refiere. Pero que, sin embargo, el legislador previo un régimen definido y concreto respecto de cierta categoriá de funcionarios, en relacioń a determinadas materias, ya que la Ley Orgánica Constitucional pertinente, en su artićulo 70, efectuá una distincioń entre funcionarios de exclusiva confianza de aquellos que no lo son, de los cuales, estos últimos, se sujetan a una reglamentacioń especif́ica en lo relativo al ingreso y terminacioń de sus servicios, estableciendo su artićulo 81 causales precisas y delimitadas, desplegadas en un listado taxativo que incluye las mismas causales de caducidad del artículo 160 del Código del Trabajo, anã diendo el artić ulo 83, expresamente, que “El procedimiento de terminacioń del contrato de trabajo de los funcionarios, los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere lugar, se regirán , en lo no previsto en esta ley, por las normas establecidas en el Código del Trabajo”.
Concluye que de ello se deriva que, en tales asuntos se autoriza la aplicación directa del Código del Trabajo, por lo que en dichas materias no es supletoria, sino principal y preferente, de manera que la desvinculación de un funcionario que no es de exclusiva confianza en razoń de la aplicacioń de una medida disciplinaria, su revision debe sujetarse a las reglas del Código del Trabajo, indicando que, en la especie, el aviso por medio del cual se informó la decisión definitiva que ordena su remoción, carece de una mención concreta a la causal de terminación del vínculo laboral, conforme el referido artículo 81, de manera que tal comunicación, al omitir la causal que justifica el término de la relación laboral, no cumple con las formalidades que exige el artículo 162 del estatuto laboral, que conlleva a entender el despido como indebido, siendo procedentes las indemnizaciones legales.
La segunda decisión aparejada para el cotejo, corresponde a la dictada en el rol 113-12 de la Corte de Apelaciones de La Serena, que en relación a la demanda de despido injustificado deducida por un funcionario del Ministerio Público que no es de exclusiva confianza, en sede de nulidad se expresó que tal materia se rige por las reglas del Código del Trabajo por ser manifiesta su supletoriedad.
Finalmente, se acompañaron tres fallos dictados por esta Corte, en los que se sostiene un criterio similar. Así, en el dictado en los antecedentes Rol N° 5.359- 08, se plantea, a propósito de la sentencia que acogió la demanda de despido injustificado de una asesora del Fiscal Regional, desvinculada por la causal de la letra k) del artículo 81 de la Ley N° 19.640, esto es, necesidades de la fiscalía, que es manifiesta la supletoriedad del Código del Trabajo en lo no previsto por esa ley, especialmente respecto “al procedimiento de terminación del contrato de trabajo de los funcionarios, los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere lugar”, pues más allá de que la función supletoria importa el vacío en la regulación del tema de que se trata, su tenor literal conduce indefectiblemente a la procedencia de normas como el artículo 162 y 168 del código del laboral, y que, además, “…la inteligencia del precepto desde el punto de vista de la concordancia y lógica de cada uno de sus párrafos entre sí, como se destaca en el fallo atacado, también conlleva la necesaria distinción entre la situación de un funcionario de confianza con el que no lo es, plenamente coincidente con la regulación del propio Código del Trabajo”, pues, como señala su motivo undécimo: “…la sujeción de las exoneraciones de los dependientes del Ministerio Público que no son de exclusiva confianza a la ritualidad contemplada de manera general en materia laboral, fue una decisión del legislador que privilegió la igualdad de condiciones de aquéllos respecto del resto de los trabajadores, desechando la posibilidad de someter a los primeros, también en dicho ámbito, a un estatuto especial, como se desprende de la historia del establecimiento de los preceptos de que se trata”; añadiendo su considerando duodécimo, que el sentido y alcance del precepto afecta no sólo a la causal utilizada en la presente Litis (que corresponde a la del artículo 81 letra k) de la Ley N° 19.640), sino a todas las demás contempladas para quienes no son empleados de exclusiva confianza. Continúa el fundamento décimo tercero: “Que resulta insostenible el argumento del Ministerio Público en cuanto a que la sola revisión de sus determinaciones signifique vulnerar o desatender las facultades de que se encuentra investido el Fiscal Nacional como Jefe de un organismo autónomo, cuando se trata de desvinculaciones laborales, por cuanto es una de las materias en que el legislador sometió sus actuaciones y las consecuencias que de ellas derivan para sus dependientes al Código del Trabajo y, además, desde una perspectiva general, a más de no existir entidad ajena a revisión alguna, el mencionado carácter autónomo no lo releva de ceñir sus actos a la legislación vigente”.
De manera similar se pronuncian los demás fallos de contraste aparejados al recurso, correspondiente a los dictados en los autos Rol 4.704-09 y 7.164-08 de esta Corte, de 26 de agosto de 2009, y 31 de diciembre de 2008, respectivamente.
Sexto: Que, por consiguiente, existen disímiles interpretaciones sobre la procedencia y aplicación del Código del Trabajo respecto de funcionarios del Ministerio Público que no son de confianza, en relación al procedimiento de terminación del contrato de trabajo, quedando satisfecha, de ese modo, la exigencia de procedencia del presente recurso de unificación de jurisprudencia, correspondiendo, por lo tanto, asentar la recta exégesis en la materia.
Séptimo: Que, para tales efectos, es menester destacar que la Ley Orgánica Constitucional del Ministero Público, Nº 19.640, al regular las relaciones con su personal, establece en el párrafo primero de su título VI, una serie de reglas que despliegan los contornos del régimen estatutuario de aquél, señalando el artículo 66 que: “Las relaciones entre el Ministerio Público y quienes se desempeñen en él como fiscales o funcionarios, se regularán por las normas de esta ley y por las de los reglamentos que de conformidad con ella se dicten”. Además, expresa, que se aplicarán supletoriamente, las siguientes normas:
“1.- Del Estatuto Administrativo, ley Nº 18.834:
a) Los artículos 60 a 66, ambos inclusive, relativos a la jornada de trabajo, del Párrafo 2º del Título III;
b) Los artículos 88, 89, 90, 91 y 96, del Párrafo 2º, sobre remuneraciones y asignaciones, del Título IV;
c) Las normas sobre feriado anual y permisos contenidas en los artículos 97, 98, 99, 102, 103, 104, 105, 106 y 107 del Párrafo 3º del Título IV, y
d) Los artículos 109 y 113, relativos a prestaciones sociales.
2.- Del Código del Trabajo:
a) Los artículos 7º al 12, relativos al contrato individual de trabajo, que sólo se aplicarán a los funcionarios; b) Las disposiciones sobre jornada ordinaria de trabajo, contenidas en los artículos 22, 27 y 28, y
c) Las normas de protección de la maternidad contenidas en el Título II del Libro II, artículos 194 al 208, ambos inclusive.
3.- La ley Nº 19.345, que dispuso la aplicación de la ley Nº 16.744, sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales a los trabajadores del sector público. Para resolver la adhesión a las Mutualidades, el Fiscal Nacional oirá previamente al Consejo General”.
Octavo: Que se evidencia con claridad de dicha normativa, que el personal del Ministerio Público se sujeta primeramente a las disposiciones de la Ley N° 19.640, y supletoriamente a ciertas reglas del Estatuto Administrativo (Ley N° 18.834) y a determinados preceptos del Código del Trabajo que expresamente refiere. Sin embargo, en este punto, el legislador previó un regimen definido y concreto a propósito de cierta categoría de funcionarios, en relación a ciertas materias. En efecto, y previo al establecimiento de la planta del personal del Ministerio Público, la ley, en su artículo 70, efectúa una distinción entre funcionarios de exclusiva confianza de aquellos que no lo son, y estos se sujetan a una reglamentación específica en lo relativo al ingreso al servicio y a la terminación de sus servicios, estableciendo el artículo 81 causales precisas y delimitadas, desplegadas en un listado taxativo que incluye las causales de caducidad del artículo 160 del Código del Trabajo, añadiendo el artículo 83, expresamente, que “El procedimiento de terminación del contrato de trabajo de los funcionarios, los reclamos que originare y las indemnizaciones a que diere lugar, se regirán, en lo no previsto en esta ley, por las normas establecidas en el Código del Trabajo”.
Como esta Corte ha expresado en ocasiones anteriores, de lo anterior fluye que, en estricto rigor, en tales asuntos se autoriza la aplicación directa del Código del Trabajo, por lo que en dichas materias no es supletoria, sino principal y preferente, según la forma literal y expresa con que el legislador se manifiesta, remisión normativa, que en todo caso, también procedería desde que tratándose de las materias mencionadas en el artículo transcrito, el estatuto específico carece de tratamiento y desarrollo expreso.
Efectivamente, en tal contexto, este tribunal comparte y hace suyos los argumentos afirmados en los fallos de contraste acompañados, en los cuales se asevera la manifiesta supletoriedad del código laboral en las tres materias que consagra el artículo 66 ya citado.
Noveno: Que, por otro lado, el uso gramatical que el legislador hace en la redacción del transcrito articulo 83, de expresiones genéricas como “procedimiento”, y formas plurales como “reclamos” e “indemnizaciones”, obliga al intérprete a entender que, a propósito de esta clase de funcionarios, debe darse cumplimiento a la normativa laboral ordinaria, contenidas en los artículos 162 y 168 del Código del Trabajo, que regulan el rito de desvinculación laboral que debe satisfacer el empleador –y porque no, el propio trabajador por vía del despido indirecto– para concretar un despido válido, fórmula que contempla, en su inicio, la obligación de hacer entrega de una comunicación formal de la decisión de término de la relación laboral, que debe ser cumplida con la expresión concreta de la o las causales que se hacen valer, los hechos que las configuran, y demás exigencias legales, lo que claramente, además, incluye la posibilidad de reclamar judicialmente de la misma, instancia en que el empleador, conforme lo dispone el artículo 454 Nº 1 del codigo laboral, deberá acreditar la veracidad de tal fundamento fáctico para justificar su decisión, siendo el juez del ramo el llamado a calificar la suficiencia y pertinencia de tal intento procesal. El fracaso en dicha tentativa implicará, entonces, la procedencia de las indemnizaciones y prestaciones que la ley establece para dichos casos.
Décimo: Que, en tal entendido, es palmario el error de derecho en que incurrió la sentencia impugnada, al concluir que, en la especie, no es aplicable el Código del Trabajo, en concreto, su regulación específica relativa a las formalidades que se deben cumplir en el caso de desvinculación, pues al haber sido removido el trabajador como consecuencia de una decisión disciplinaria, corresponde al ejercicio de las facultades legales propias de la autoridad pertinente.
Pues bien, la doctrina correcta considera lo contrario, pues estando sometido el actor enteramente a los preceptos del derecho laboral común, especialmente en lo referido a los asuntos que contempla el artículo 83 de la Ley Nº 19.640, es evidente que el Ministerio Público, para desvincular a sus trabajadores que no son de exclusiva confianza, debe sujetarse estrictamente a los motivos que contempla el artículo 81 del texto citado, y a las formalidades que regula el Código del Trabajo, de modo que queda sometido a los procedimientos de terminación de los contratos de trabajo regulados por dicho estatuto, por lo que debió invocar una causal específica para proceder al despido –que pudo apoyar en los hechos establecidos en un sumario administrativo–, y cumplir la ritualidad que el derecho común establece para ello.
De esta manera, al no haberlo entendido de tal forma, el fallo impugnado vulnera los articulos 454 N° 1, 162 y 168 del Código del Trabajo, como asimismo, los artículos 83 y 81 de la Ley N° 19.640, configurándose de ese modo el motivo de invalidación contenido en el atículo 477 del estatuto laboral, en su acápite referido a la infracción de ley que influye sustancialmente en lo dispositivo del fallo. La conclusión anterior hace innecesario referirse al otro motivo de invalidación planteado en el arbitrio de nulidad deducido en contra de la sentencia de base.
Undécimo: Que conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandante, señor Álvaro Wigand Perales respecto de la sentencia de doce de febrero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de Temuco, deducido en contra de la sentencia de base de seis de noviembre de dos mil diecisiete, por haber incurrido en la causal de nulidad del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación a los artículos 454 N° 1, 162 y 168 del mismo cuerpo legal, y de los artículos 83 y 81 de la Ley N° 19.640 y, en consecuencia, se la acoge, y se declara que la sentencia de base es nula; debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva sentencia de reemplazo.
Regístrese.
N° 4.149-18
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Mauricio Silva C., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C y señor Íñigo de la Maza
G. No firma el abogado integrante señor De la Maza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.
En Santiago, a cuatro de junio de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
Sentencia de Reemplazo
Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.
Vistos:
Se reproduce la sentencia de base, con excepción del párrafo final de su considerando séptimo, que se elimina, al igual que los motivos noveno al décimo tercero, décimo quinto, que se suprimen. Asimismo, se reproducen los motivos séptimo, octavo y noveno de la sentencia de unificación que antecede.
Y se tiene, además, y en su lugar presente:
Primero: Que, del mérito de la prueba rendida, es posible tener por establecidos los siguientes hechos:
- El actor se desempeñó en el Ministerio Público desde el 3 de junio de 2002 en distintas funciones, siendo la última, la de Administrador en la Fiscalía Local de Pitrufquén, vinculado mediante contrato de trabajo. Por lo demás, así lo reconocieron las partes durante la etapa de discusión.
- El actor fue desvinculado al aplicársele la medida disciplinaria de remoción, por la infracción grave de deberes que se indican, notificándosele con fecha 28 de abril de 2017 el rechazo a su recurso de apelación deducida en contra de la resolución que se la impuso, dictada por el Fiscal Nacional del Ministerio Público; dicha comunicación se limita a indicar que, con ello, se confirmó la referida punición, decretada mediante resolución de 2 de marzo de ese año, por el señor Fiscal Regional de la Araucanía, sin hacer referencia a alguna de las causales de despido que contempla la Ley N° 19.640.
- Su última remuneración corresponde a $3.351.974 mensuales. Por lo demás, así fluye del mérito de la documental consistente en liquidaciones de remuneraciones del actor, emanadas de la parte demandada.
Segundo: Que, conforme se expresó en el fallo de unificación de jurisprudencia, los funcionarios que no son de exclusiva confianza, en lo relativo al procedimiento de terminación del contrato de trabajo, se sujetan al régimen común establecido en el Código del Trabajo, incluidos los reclamos que origine y las indemnizaciones procedentes.
En tal entendido, sin perjuicio de la existencia de un sumario administrativo, el Ministerio Público, en cuanto empleador, debió seguir los ritos establecidos en el estatuto laboral para efectos del despido, lo que significa justificar la decisión de desvinculación del actor en algunas de las causales legales que lo autorizan, que, en la especie, se encuentran taxativamente listadas en el artículo 81 de la Ley Nº 19.640, mediante el aviso escrito a que se refiere el artículo 162 del Código del Trabajo, que ordena expresarlas concretamente, además de indicar lo hechos en que se fundan, siendo posible, en este caso, haberlas sostenido con el mérito de la investigación sumaria.
En la especie, el actor reclama que el despido del cual fue objeto es injustificado, pues considera arbitraria, injustificada, indebida, improcedente y desproporcionada la medida impuesta; la cual, además, tampoco cumple con las formalidades del despido, careciendo, por tanto, de fundamentos concretos y objetivos, y, de causa legal.
Tercero: Que, del mérito de la prueba rendida, fluye que el aviso por medio del cual se informó al actor la decisión definitiva que ordena su remoción, es la “notificación” de 28 de abril de 2017, que comunicó el rechazo de su recurso de apelación, confirmando la medida disciplinaria impuesta, dando como fundamento los hechos contenidos en la investigación administrativa incoada en su contra, pero sin hacer mención a causal alguna de terminación del vínculo laboral, conforme lo indicado en el motivo precedente.
Cuarto: Que, como se observa, la comunicación entregada por el empleador, al omitir la causal que justifica el término de la relación laboral, no cumple con las formalidades que exige el artículo 162 del estatuto laboral, que conlleva a entender el despido como indebido, dando curso a las indemnizaciones legales.
Quinto: Que, de este modo, debe declararse que el despido del cual fue objeto el actor no se encuentra justificado, por lo que procede acoger su solicitud en orden a que se declare tal circunstancia, y que corresponde el pago de las indemnizaciones legales. En consecuencia, la demanda deberá ser acogida en lo que concierne al rubro que fue objeto del recurso de unificación de jurisprudencia, manteniéndose en lo demás, lo resuelto en el fallo del grado.
Por estos fundamentos y lo dispuesto por los artículos 425, 432, 456, 458 y 459 del Código del Trabajo, se declara:
Que se acoge la demanda principal deducida por don Álvaro Wigand Perales en contra del Ministerio Público Fiscalía Regional de la IX Región de la Araucanía, representado por el Consejo de Defensa del Estado, en cuanto se declara que su despido fue injustificado y, en consecuencia, se lo condena a pagar las siguientes indemnizaciones y prestaciones:
a) Indemnización sustitutiva de aviso previo, por la suma de $3.351.974;
b) Indemnización por años de servicio trabajados con el límite del inciso segundo del artículo 163 del Código del Trabajo.
c) El incremento del 80% conforme el literal c) del artículo 168 del Código del Trabajo.
Las sumas ordenadas pagar devengarán reajustes e intereses en los términos establecidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.
No se condena en costas a la demandada por estimarse que litigó con motivo plausible.
Regístrese y devuélvanse.
Rol 4.149-18
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Gloria Ana Chevesich R., señor Mauricio Silva C., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C y señor Íñigo de la Maza G. No firma el abogado integrante señor De la Maza, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar ausente. Santiago, cuatro de junio de dos mil diecinueve.
En Santiago, a cuatro de junio de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
El presente texto fue redactado por Emilio Kopaitic Aguirre, Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
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