¿Cuál es el órgano competente para supervigilar, controlar y fiscalizar a la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y resolver conflictos?
La correcta determinación de las esferas de atribución y control de los diversos organismos de la administración del Estado es un presupuesto indispensable para garantizar la certeza jurídica y la protección de los derechos de seguridad social de los trabajadores. En el ámbito del Seguro de Desempleo, es habitual que tanto empleadores como afiliados dirijan erróneamente sus consultas, apelaciones o reclamos ante la Dirección del Trabajo (DT). Frente a esta superposición práctica de actuaciones, cabe plantearse el siguiente cuestionamiento: ¿cuál es el órgano público investido por el legislador con la competencia exclusiva para supervigilancia, control, fiscalización y resolución de controversias respecto de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC)?
¿Qué organismo tiene la facultad exclusiva para fiscalizar a la AFC y resolver reclamaciones sobre el Seguro de Cesantía?
Frente a las consultas o reclamaciones corporativas o individuales sobre la procedencia de cotizaciones, aportes patronales y el sentido y alcance de las disposiciones de la Ley N° 19.728, la Dirección del Trabajo (DT) carece de competencia legal, correspondiendo este conocimiento en exclusiva a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y, en definitiva, a la supervigilancia, control y fiscalización del órgano regulador previsional competente, que es la Superintendencia de Pensiones.
El sustento jurídico de esta delimitación de potestades públicas se encuentra consagrado en el artículo 35 de la Ley N° 19.728, el cual prescribe de forma categórica que la supervigilancia, control y fiscalización de la Sociedad Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) corresponde a la Superintendencia de Administradoras de Fondos de Pensiones (actualmente denominada Superintendencia de Pensiones). En virtud de este precepto, el organismo regulador previsional está investido de las mismas facultades de inspección, control y sanción que el Decreto Ley N° 3.500 y el Decreto con Fuerza de Ley N° 101 de 1980 del Ministerio del Trabajo y Previsión Social confieren respecto de sus demás entidades fiscalizadas.
Por su parte, la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo ha ratificado sistemáticamente esta incompetencia a través de diversos pronunciamientos, destacando el Ordinario N° 3485 de 5 de julio de 2016, el Ordinario N° 797 de 26 de noviembre de 2024 y el Dictamen N° 265/23 de 7 de mayo de 2026. La doctrina oficial del Servicio laboral previene que la DT carece de competencia legal para pronunciarse sobre el sentido y alcance de la Ley N° 19.728, así como para resolver acerca de los aportes y cotizaciones efectuados por empleadores y trabajadores al Seguro de Desempleo. En consecuencia, cualquier discrepancia sobre el otorgamiento de las prestaciones o deudas previsionales del seguro debe ser conocida por la propia AFC y, en vía contencioso-administrativa de apelación, por la Superintendencia de Pensiones.
Consejos Prácticos
• Si detecta cobros indebidos, lagunas en su cartola de cotizaciones de cesantía o deudas presuntas notificadas de forma errónea, interponga su reclamo directamente ante la AFC a través de su Sucursal Virtual en la sección "Mis trámites" o de manera presencial en sus oficinas.
• Ante una resolución desfavorable o rechazo dictaminado por la AFC, ejerza su derecho de apelación administrativa ante la Superintendencia de Pensiones (www.spensiones.cl) adjuntando la copia de su contrato, finiquito, liquidaciones y el dictamen previo de la administradora.
• Evite ingresar denuncias o solicitudes de pronunciamiento sobre el Seguro de Cesantía ante la Dirección del Trabajo, ya que este organismo se declarará incompetente y remitirá los antecedentes a la AFC o a la superintendencia, retrasando significativamente su tramitación.
• Recuerde que la Dirección del Trabajo sí conserva competencia para fiscalizar que el empleador cumpla materialmente con la obligación de declarar y pagar oportunamente las cotizaciones previsionales del Seguro de Cesantía, estando facultada para aplicar multas administrativas equivalentes a 1 UF por cada declaración omitida, incompleta o errónea.
