Artículo 152 del Código de Procedimiento Civil
De DerechoPedia
Artículo 152 del Código de Procedimiento Civil.- El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos.
Jurisprudencia
Corte Suprema, Rol N°10.863-2022.- Segundo: Que el recurrente expresa que la decisión de los sentenciadores de declarar abandonado el procedimiento ha infringido los artículos 152 , 262 y 795 del Código de Procedimiento Civil, y el artículo 3 de la Ley N°21.226 . Sostiene que el fallo recurrido no consideró el escrito de ampliación de poder presentado por su parte el 11 de marzo de 2020, proveído por el tribunal el 16 del mismo mes y año, como gestión útil que interrumpió el plazo de seis meses, a pesar que tal actuación muestra una voluntad inequívoca de dar curso progresivo a los autos, ya que se dio cumplimiento a lo ordenado por el tribunal por resolución de 5 de diciembre de 2019, por medio de la cual citó a audiencia de conciliación, debiendo comparecer las partes personalmente o debidamente representadas por apoderado con poder suficiente para avenir. Agrega que los jueces del fondo le han negado a su parte un trámite esencial como es el llamado a conciliación, en mérito que le ha sido imposible notificar y llevar a cabo dicha audiencia sin afectar el derecho de defensa de las partes a causa de la pandemia. Finaliza pidiendo que se acoja el recurso, se invalide la sentencia y se dicte una de reemplazo que rechace el incidente de abandono del procedimiento. Tercero: Que en la sentencia cuestionada, se acogió el incidente de abandono del procedimiento, teniendo en consideración que la última resolución que recayó en gestión útil fue la de fecha 8 de enero de 2020, mediante la cual se rechazó el recurso de reposición interpuesto por la parte demandante en contra de la resolución que no dio lugar a la medida precautoria solicitada. Agrega que desde dicha fecha -8 de enero de 2020- sólo constan presentaciones que no tienen el carácter de gestiones útiles, toda vez que no dan curso progresivo a los autos, por lo que nada obstó a que el actor prosiguiera la acción, notificando la audiencia de conciliación fijada, de modo tal, que el deber y carga precisamente de esa parte era instar con la tramitación de este proceso, lo que no hizo en la oportunidad procesal pertinente. Cuarto: Que de conformidad con lo reseñado en el motivo que precede, previo examen de las actuaciones, presentaciones y resoluciones verificadas en el proceso, es posible constatar que por resolución de fecha 5 de diciembre de 2019 se tuvo por no evacuada la dúplica por la parte demandada y se citó a las partes a audiencia de conciliación, ordenando notificarla por cédula. Consta, además, que paralelamente el actor el 29 de octubre de 2019, solicitó al tribunal que se decretara una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, no dándose lugar a ella por resolución de 23 de diciembre de 2019; decisión contra la cual el demandante dedujo reposición, la cual fue rechazada el 8 de enero de 2020. Luego, el actor el 11 de marzo de 2020, presentó escrito de ampliación de poder con todas las facultades del artículo 7 del Código de Procedimiento Civil, en especial, la de transar, el cual fue proveído por el tribunal el 16 del mismo mes y año. Finalmente, el 13 de julio de 2020, el demandado compareció pidiendo que se declarara abandonado el procedimiento. Quinto: Que del análisis de los argumentos de las partes y, en especial, de aquellos invocados por los jueces del fondo, se concluye que los sentenciadores han hecho un acertado análisis de las situaciones fácticas pertinentes a la controversia objeto del incidente, para proceder, a continuación, a efectuar una correcta aplicación de la normativa atinente al caso de que se trata, toda vez que la jurisprudencia de esta Corte ha sostenido que el abandono del procedimiento es una institución de carácter procesal que constituye una sanción para el litigante que, por su negligencia, inercia o inactividad, detiene el curso del pleito, impidiendo con su paralización que este tenga la pronta y eficaz resolución que le corresponde. En el contexto de estos autos, la situación de derecho está circunscrita a lo que dispone el legislador en el artículo 152 del Código de Procedimiento Civil, en orden a que El procedimiento se entiende abandonado cuando todas las partes que figuran en el juicio han cesado en su prosecución durante seis meses, contados desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. En el análisis de la expresión cesación de las partes en la prosecución del juicio, la doctrina la asimila al silencio en la relación jurídica, inactividad motivada por su desinterés por obtener una decisión de los tribunales sobre el conflicto sometido a su conocimiento. Sin embargo, la jurisprudencia ha señalado que tal pasividad debe ser imputable , esto es, advirtiendo y aceptando las consecuencias perjudiciales que podrían derivarse de su desidia, no obstante lo cual nada hacen para activar el procedimiento. En este caso, el comportamiento es voluntariamente omisivo, pudiendo los interesados, los demandantes, representarse o no el resultado perjudicial, confiando en que éste no se produciría o aceptándolo. En este mismo sentido se exige que, en tales circunstancias, la parte esté en situación de interrumpir efectivamente esta suspensión en la tramitación del procedimiento o comprobar que ya se ha realizado todo lo que la ley requiere para dejarlo en estado de ser decidido por el órgano jurisdiccional. Así, debe instar por sacarlo de la inactividad e impulsarlo a su término por medio de actuaciones útiles a tal fin, de lo contrario no se observa necesidad que persevere en la repetición de presentaciones que en nada conducirán a su término (Corte Suprema Rol N° 3.439-05; Rol N° 9016-10 y Rol N° 957-10). Sexto: Que de la norma citada en el motivo que precede se desprende que la sanción al litigante negligente sólo puede prosperar si aquél ha cesado en la actividad que le corresponde, propia del impulso procesal que le es exigible, por un término que excede los seis meses, contado desde la fecha de la última resolución recaída en alguna gestión útil para dar curso progresivo a los autos. Al respecto, conviene señalar que el procedimiento consiste en una coordinación de actos en marcha, relacionados o ligados entre sí por la unidad del efecto jurídico final, que puede ser el de un proceso o el de una fase o fragmento suyo, de modo que en el caso de autos, para que el juicio siguiera el curso que correspondía, sólo cabía al actor instar por la notificación a todas las partes de la resolución que citó a audiencia de conciliación, única forma de pasar al estadio procesal siguiente. Séptimo: Que, de lo dicho en el motivo cuarto precedente, consta que la presente causa se inició el 9 de abril de 2019, y que la última resolución recaída en gestión útil es la de fecha 8 de enero de 2020, que rechazó un recurso de reposición deducido por el demandante contra resolución que rechazó la solicitud de decretar una medida precautoria de celebrar actos y contratos sobre bienes determinados, solicitando el demandado el 13 de julio de 2020, el abandono del procedimiento, esto es, transcurrido más de seis meses de inactividad, por lo que el incidente de abandono procesal correspondía fuera acogido. Cabe mencionar que si bien, entre el mencionado periodo de inactividad -8 de enero de 2020 al 13 de julio del mismo año- se verificó una actuación del demandante el 11 de marzo de 2020, al presentar un escrito de ampliación de poder, tal actuación en ningún caso se puede considerar como una gestión útil a fin de proseguir con el curso progresivo de los autos, ya que lo que correspondía era notificar por cédula a las partes de la resolución de fecha 5 de diciembre de 2019 que citó a audiencia de conciliación, lo que no se hizo. A la luz de lo expresado y considerando lo obrado en autos corresponde entonces concluir que a la gestión invocada por el recurrente no puede atribuírsele la potestad de provocar la interrupción del término referido en el acápite que antecede, por cuanto aquélla carece del carácter de útil exigido para hacer procedente el incidente de abandono entablado. En efecto, la presentación de un escrito de ampliación de poder, no importa ni da cuenta de un actuar destinado efectivamente a la continuación en la tramitación del proceso con el objeto de obtener finalmente la dictación de la sentencia definitiva que decida el asunto controvertido. De este modo, no habiendo cumplido el demandante con la carga de dar impulso al proceso en esta etapa, su inacción permitió, indefectiblemente, la paralización del curso del pleito. Octavo: Que de lo expuesto queda en evidencia que al negar los jueces del fondo el carácter de útil a la actuación invocada por el recurrente y, consecuencialmente, la eficacia de una interrupción a dicho acto procesal, no han incurrido en los yerros denunciados al declarar el abandono del procedimiento. Noveno: Que en cuanto a la alegación del recurrente, en orden a que atendido el estado de emergencia sanitaria, la notificación por cédula de la resolución que citó a audiencia de conciliación y su realización provocaría una afectación del derecho de defensa de ambas partes, dado la imposibilidad de notificar al abogado del demandado en la ciudad de Santiago y concurrir físicamente al tribunal por las cuarentenas decretadas, al respecto, es necesario destacar que el artículo 3 de la Ley N° 21.226, refiere que los órganos jurisdiccionales no podrán decretar diligencias ni actuaciones judiciales que, de realizarse, puedan causar indefensión a alguna de las partes o intervinientes, a consecuencia de las restricciones impuestas por la autoridad en el marco del estado de excepción constitucional referido, o en razón de las consecuencias provocadas por la emergencia sanitaria ocasionada por la enfermedad COVID-19. Entendiendo que se produce dicha hipótesis, esto es, se deja a las partes o intervinientes en la indefensión, cuando no se cumplen las normas del debido proceso, en los términos del inciso segundo del artículo 1 del citado cuerpo legal. Sin embargo, del mérito del proceso se advierte que tal hipótesis no se configura en la especie, atendido que, en primer lugar, la resolución que citó a la partes a audiencia de conciliación fue dictada con varios meses de antelación -5 de diciembre de 2019- a que se decretara el estado de excepción constitucional -18 de marzo de 2020- y, en segundo lugar, el demandante no realizó presentación alguna alegando una indefensión en el proceso luego de decretado el estado de emergencia sanitaria, por lo que no se vislumbra infracción a la norma antes citada. Décimo: Que por los razonamientos anteriores, el recurso de casación en el fondo que se analiza adolece de manifiesta falta de fundamento, motivo por el que no podrá prosperar. Por estas consideraciones y de conformidad, además, con lo dispuesto en el artículo 782 del Código de Procedimiento Civil, se rechaza el recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado Luis Fernando Ureta Álamos, en representación de la parte demandante, en contra de sentencia de once de marzo de dos mil veintidós dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.
