Diferencia entre revisiones de «Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil»

De DerechoPedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sin resumen de edición
Línea 1: Línea 1:
     [[Artículo 174  del Código de Procedimiento Civil]].- Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.
     [[Artículo 174  del Código de Procedimiento Civil]].- Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.
==Explicación==
El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil (CPC) consagra uno de los conceptos más trascendentales del derecho procesal: el momento exacto en que una resolución judicial adquiere el carácter de '''firme o ejecutoriada'''. Esta condición dota a la decisión judicial de inmutabilidad procesal, permitiendo su cumplimiento forzado y sirviendo de base para el efecto de ''cosa juzgada''
A partir de la doctrina procesal y la jurisprudencia contenida en las fuentes, el sentido de esta norma se estructura a través de las siguientes hipótesis:
=== Resoluciones sin recursos procedentes ===
La primera regla se refiere a aquellas resoluciones en contra de las cuales la ley no contempla la procedencia de recurso alguno. En este caso, la resolución queda firme y ejecutoriada de manera inmediata, desde el preciso momento en que '''se haya notificado legalmente a las partes'''
=== Resoluciones con recursos interpuestos ===
La segunda situación ocurre cuando la ley sí permite deducir recursos de impugnación (como apelación o casación) y las partes los han interpuesto oportunamente. En este escenario, la firmeza de la resolución original queda en suspenso hasta que todos los recursos deducidos sean fallados y terminen
Una vez agotada esa etapa, el tribunal de primera o única instancia dictará un decreto ordenando cumplir lo resuelto, conocido en la práctica como el decreto de ''"cúmplase"''. La resolución adquirirá la calidad de firme '''desde que se notifique este decreto''' a las partes
=== Resoluciones con recursos procedentes pero no deducidos ===
El tercer escenario se da cuando las resoluciones son susceptibles de recursos, pero los litigantes deciden no interponerlos, dejando transcurrir pasivamente los plazos legales. Aquí, la firmeza se produce por el mero vencimiento o preclusión de los términos concedidos por la ley para la interposición de los referidos recursos, sin que se hayan hecho valer
=== La certificación del secretario en sentencias definitivas ===
El precepto establece una solemnidad adicional y obligatoria para la tercera hipótesis cuando se trata específicamente de '''sentencias definitivas'''. Para que adquieran su firmeza por el no ejercicio de los recursos, no basta con el solo transcurso temporal, sino que la ley exige que el secretario del tribunal estampe un certificado a continuación del fallo, acreditando el hecho de que transcurrieron los plazos sin que las partes dedujeran impugnaciones
La sentencia definitiva se considerará firme '''sólo desde el momento exacto de esa certificación''', sin necesidad de más trámites procesales
=== Efectos jurídicos de la ejecutoriedad ===
Determinar si una resolución judicial se encuentra firme a la luz de este artículo tiene una importancia práctica superlativa, pues genera consecuencias esenciales:
'''Cosa Juzgada:''' Es el presupuesto ineludible para que las sentencias definitivas o interlocutorias produzcan la acción y excepción de cosa juzgada, fijando una verdad jurídica inamovible e impidiendo que el asunto se vuelva a discutir
'''Título Ejecutivo:''' Constituyen un título ejecutivo perfecto (artículo 434 N° 1 del CPC), lo que habilita a la parte en cuyo favor se declaró un derecho a exigir el cumplimiento forzado de la prestación, pudiendo solicitar el embargo y apremio del deudor


==Jurisprudencia==
==Jurisprudencia==

Revisión del 16:43 28 abr 2026

    Artículo 174  del Código de Procedimiento Civil.- Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.

Explicación

El artículo 174 del Código de Procedimiento Civil (CPC) consagra uno de los conceptos más trascendentales del derecho procesal: el momento exacto en que una resolución judicial adquiere el carácter de firme o ejecutoriada. Esta condición dota a la decisión judicial de inmutabilidad procesal, permitiendo su cumplimiento forzado y sirviendo de base para el efecto de cosa juzgada

A partir de la doctrina procesal y la jurisprudencia contenida en las fuentes, el sentido de esta norma se estructura a través de las siguientes hipótesis:

Resoluciones sin recursos procedentes

La primera regla se refiere a aquellas resoluciones en contra de las cuales la ley no contempla la procedencia de recurso alguno. En este caso, la resolución queda firme y ejecutoriada de manera inmediata, desde el preciso momento en que se haya notificado legalmente a las partes

Resoluciones con recursos interpuestos

La segunda situación ocurre cuando la ley sí permite deducir recursos de impugnación (como apelación o casación) y las partes los han interpuesto oportunamente. En este escenario, la firmeza de la resolución original queda en suspenso hasta que todos los recursos deducidos sean fallados y terminen

Una vez agotada esa etapa, el tribunal de primera o única instancia dictará un decreto ordenando cumplir lo resuelto, conocido en la práctica como el decreto de "cúmplase". La resolución adquirirá la calidad de firme desde que se notifique este decreto a las partes

Resoluciones con recursos procedentes pero no deducidos

El tercer escenario se da cuando las resoluciones son susceptibles de recursos, pero los litigantes deciden no interponerlos, dejando transcurrir pasivamente los plazos legales. Aquí, la firmeza se produce por el mero vencimiento o preclusión de los términos concedidos por la ley para la interposición de los referidos recursos, sin que se hayan hecho valer

La certificación del secretario en sentencias definitivas

El precepto establece una solemnidad adicional y obligatoria para la tercera hipótesis cuando se trata específicamente de sentencias definitivas. Para que adquieran su firmeza por el no ejercicio de los recursos, no basta con el solo transcurso temporal, sino que la ley exige que el secretario del tribunal estampe un certificado a continuación del fallo, acreditando el hecho de que transcurrieron los plazos sin que las partes dedujeran impugnaciones


La sentencia definitiva se considerará firme sólo desde el momento exacto de esa certificación, sin necesidad de más trámites procesales

Efectos jurídicos de la ejecutoriedad

Determinar si una resolución judicial se encuentra firme a la luz de este artículo tiene una importancia práctica superlativa, pues genera consecuencias esenciales:

Cosa Juzgada: Es el presupuesto ineludible para que las sentencias definitivas o interlocutorias produzcan la acción y excepción de cosa juzgada, fijando una verdad jurídica inamovible e impidiendo que el asunto se vuelva a discutir

Título Ejecutivo: Constituyen un título ejecutivo perfecto (artículo 434 N° 1 del CPC), lo que habilita a la parte en cuyo favor se declaró un derecho a exigir el cumplimiento forzado de la prestación, pudiendo solicitar el embargo y apremio del deudor


Jurisprudencia

   ICA de Rancagua, Rol N° 896-2023. Redactada por el ministro Pedro Caro Romero.
   De conformidad con dicha normativa, en el caso de haberse deducido recursos, una sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada, sólo cuando se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos en su contra, lo que supone necesariamente que concluyan todos los recursos impetrados, tanto contra el fallo de primera instancia como contra el de segunda instancia, pues sólo en ese evento la sentencia adquiere la firmeza que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 175 del referido cuerpo legal, al decir que: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada”.


  ICA de Antofagasta, ROl N° 504-2024. Redacción del ministro titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.
   SEGUNDO: Que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo siguiente: “Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.”.
   
   Como se ve, expresamente la norma determina que una sentencia definitiva queda firme y ejecutoriada una vez que transcurran todos los plazos que la ley haya concedido para interponer recursos que sean procedentes en su contra, lo que, en el caso que nos ocupa, transcurrieron sobradamente.
   
   La resolución impugnada echa de menos la existencia de la certificación referida en el artículo citado, mas, se trata de un acto de mera constatación que, a lo sumo, da fijeza a la circunstancia de encontrarse ejecutoriada la sentencia, pero que no es previsto como requisito de este estado.
   
   Se trata de una cuestión que ha sido fallada por la Excelentísima Corte Suprema. Así señaló en causa rol 26.231-2023: “DÉCIMO: Que, entonces, conciliando los raciocinios precedentes y las normas a que se viene haciendo referencia, sucede que, en la especie, el derecho de la parte ejecutada para alegar el abandono del procedimiento no había precluido, pues la petición no fue precedida de ninguna otra que formulare en el tiempo transcurrido a contar del momento en que le fuera notificada la sentencia que desestimó sus excepciones.”
   
   “Además, aun cuando a la época de interposición del incidente la sentencia definitiva se encontraba firme y ejecutoriada –efecto que, valga aclarar, no se produce con la certificación que previene el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en tanto esa actuación solo constata la ocurrencia de las hipótesis contenidas en la misma norma- bien podía el demandado invocar el período de inactividad que transcurrió desde la dictación de la sentencia y hasta que le fue notificada, pues en ese lapso no existía certeza del derecho del actor de reclamar el cobro compulsivo, justamente porque la decisión de rechazar sus excepciones no le era oponible ni se encontraba ejecutoriada.”
   
   Por lo demás, es una cuestión que ha sido resuelta desde antiguo sosteniéndose: “La omisión del certificado no priva a la sentencia del efecto de cosa juzgada si concurren los requisitos legales. El hecho de no haberse estampado por el actuario del juicio arbitral certificación de que las partes no han deducido recurso alguno en contra del fallo expedido en ese juicio, no priva a la sentencia del carácter de firme o ejecutoriada si han transcurrido con exceso los plazos para interponer todo recurso en caso de ser admisibles.” (C. Santiago, 29 julio 1930. R., t. 30, sec. 1ª, p. 83.), o bien que: “La ejecutoriedad del fallo es un asunto de derecho. La ejecutoriedad de un fallo es un asunto de derecho que no es de competencia de un actuario, ya que lo único que éste puede hacer es certificar la circunstancia de haber transcurrido los plazos que la ley concede para la interposición de los recursos, tratándose de sentencias definitivas, como lo dispone el artículo 174 del señalado Código de Procedimiento Civil.” (C. Santiago, 10 enero 1989. R., t. 89, sec. 2ª, p. 1.)
   
   TERCERO: Que, así las cosas, encontrándose ejecutoriada la sentencia definitiva, para que el procedimiento pudiera entenderse abandono era menester aplicar lo previsto en el artículo 153 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil que mandata que encontrándose ejecutoriada una sentencia definitiva o en el caso del artículo 472 del mismo cuerpo legal: “(…) el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, (…)”.
   
   Por cierto, se trata de una cuestión que no ha acontecido y ni siquiera fue alegada, por lo que procede rechazar el incidente.