Libertad de expresión

La La libertad de emitir opinión y la de informar o Libertad de Expresión en el Derecho del Trabajo es uno de los derechos fundamentales más importantes para lograr la paz social que esta rama del derecho propone ser su fin, el cual no sólo permite constituir sindicatos, sino también la promoción de la “actividad sindical” que comprende todas aquellas acciones tendientes a hacer efectiva la coalición sindical. Tanto es así que en 1944 cuando la OIT adoptó la Declaración de Filadelfia se estableció como uno de sus cuatro principios fundamentales la “libertad de expresión”, junto a la de asociación y a que “el trabajo no es una mercancía”. El Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha señalado que “El derecho de expresar opiniones por medio de la prensa o en otra forma es uno de los elementos esenciales de los derechos sindicales.” (La libertad sindical. Recopilación de decisiones y principios del Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT. Quinta edición (revisada).)

La libertad sindical de expresión u opinión se debe comprender dentro de nuestro derecho interno a la luz del derecho internacional y de lo establecido en los artículos 5 del Código del Trabajo, cuyo límite tendría el empleador para acusar de mala fe y abuso del derecho a la libertad de expresión y a la libertad sindical, que se entiende incorporada a la primera y, al artículo 5 de la Constitución Política de la República en tanto en cuanto a incorporar dentro de estos derechos fundamentales aquellos establecidos y que complementen los mismos en tratados internacionales ratificados por Chile.

Regulación chilena

Constitución

   Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 
   
   12º.- La libertad de emitir opinión y la de informar, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad a la ley, la que deberá ser de quórum calificado.

   La ley en ningún caso podrá establecer monopolio estatal sobre los medios de comunicación social.

   Toda persona natural o jurídica ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social, tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida.

   Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de fundar, editar y mantener diarios, revistas y periódicos, en las condiciones que señale la ley.

   El Estado, aquellas universidades y demás personas o entidades que la ley determine, podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión.

   Habrá un Consejo Nacional de Televisión, autónomo y con personalidad jurídica, encargado de velar por el correcto funcionamiento de este medio de comunicación. Una ley de quórum calificado señalará la organización y demás funciones y atribuciones del referido Consejo.

La ley regulará un sistema de calificación para la exhibición de la producción cinematográfica;

   Artículo 5º.- La soberanía reside esencialmente en la Nación. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas y, también, por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio.

   El ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

Código del Trabajo

   Artículo 5 
   El ejercicio de las facultades que la ley le reconoce al empleador, tiene como límite el respeto a las garantías constitucionales de los trabajadores, en especial cuando pudieran afectar la intimidad, la vida privada o la honra de éstos.
   Los derechos establecidos por las leyes laborales son irrenunciables, mientras subsista el contrato de trabajo. 
   Los contratos individuales y los instrumentos colectivos de trabajo podrán ser modificados, por mutuo consentimiento, en aquellas materias en que las partes hayan podido convenir libremente.

    Artículo 485 
   
   El procedimiento contenido en este Párrafo se aplicará respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten los derechos fundamentales de los trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo 19, números 1º, inciso primero, siempre que su vulneración sea consecuencia directa de actos ocurridos en la relación laboral, 4º, 5º, en lo relativo a la inviolabilidad de toda forma de comunicación privada, 6º, inciso primero, 12º, inciso primero, y 16º, en lo relativo a la libertad de trabajo, al derecho a su libre elección y a lo establecido en su inciso cuarto, cuando aquellos derechos resulten lesionados en el ejercicio de las facultades del empleador.

Código Penal

El Código Penal y la Ley N° 19.733, sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo, contemplan los delitos de injuria y calumnia. La injuria es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. La calumnia es la imputación de un delito determinado pero falso y que pueda actualmente perseguirse de oficio (delitos que el Estado debe perseguir, aunque no exista querella). Los delitos de injuria y calumnia sólo son objeto de acción de la justicia si el ofendido se querella, es decir no se persiguen de oficio. En el procedimiento no participa el fiscal (Ministerio Público).

Derecho internacional

El Convenio 135 de la OIT Sobre los Representantes de los trabajadores, de 1971 (Ratificado por Chile el 13 septiembre 1999) y la Recomendación 143 del mismo año, de acuerdo con los cuales el Estado y el Empleador deben velar por el derecho a la libertad de expresión de los sindicatos y la limitación que se establece en la Recomendación artículo 15.3 es que el ejercicio de la libertad de opinión, expresión “no deberían perjudicar el normal funcionamiento de la empresa”.

El profesor Humberto Nogueira cita al TEDH quienes consideran que el derecho a la libertad de expresión “no se aplica solamente a las informaciones o ideas que se reciban favorablemente o se consideran inocuas o indiferentes, sino también a las que ofenden, hieren o molestan. Así lo exige el pluralismo, la tolerancia y la mentalidad amplia, sin las cuales no hay sociedad democrática". (El derecho a la libertad de opinión e información y sus límites (honra y vida privada). Humberto Nogueira Alcalá. LegalPublishing. 2002. Pág. 163)

Concepto

“La libertad de expresión no sólo reconoce expresiones valorativas, es decir aquellas que están destinadas a expresar estados de ánimo o juicios de valor, sino también aquellas proposiciones que tratan de "influir en el comportamiento de otros para modificarlo y lograra convencer o arrastrar a los demás para que asuman nuestras ideas y, en su caso, las lleven a la práctica” (La teoría de los derechos fundamentales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional español. Tomás de Domingo Pérez. Gaceta constitucional, pp. 221-24.)

Honor

En este sentido, cuando se realiza una crítica a la empresa, sin alteración del orden y sin ofensas hacia las personas que dañen su honor, se está ejerciendo un derecho fundamental que corresponde al de una persona jurídica que goza de prerrogativas internas para equilibrar la relación laboral, el “conflicto” que vive en esta área del derecho. Este derecho tiene unos intereses concretos que defender y unos fines propios, que no necesariamente coincidirán con los de la otra parte. Dentro de un Estado Democrático y de Derecho, toda publicación de información que no busque dañar la imagen de los representantes o de la empresa a través del uso de frases vejatorias o injuriantes, debe ser necesariamente admitida. Así se ha establecido en múltiples jurisprudencias extranjeras que han analizado casos similares, donde se ha determinado que no resultaría contraria a la libertad de expresión si es que con esta sólo se ha causado molestias o malestar –como podemos pensar que la contraria se ha sentido y la ha motivado en presentar la denuncia de autos-, ya que, como lo ha señalado la Primera Sala de Civil del Tribunal Supremo Español, en la sentencia No. 604/2007, la libertad de expresión no es sólo la manifestación de pensamientos e ideas, ya que incluye además la crítica de la conducta de otro, aun cuando esta sea desabrida y pueda molestar, inquietar o incluso disgustar, ya que esto es propio de una sociedad democrática. Precisamente, este criterio fue tomado en cuenta por el Juzgado No, 1 de lo Social de Valladolid, en el caso de un despido del Ayuntamiento por críticas en cartas al Director y en web municipal. En dicho caso, el trabajador envió un escrito al Ayuntamiento, el mismo que fue reproducido en el diario "El Mundo, Diario de Valladolid" y en una página web, con el título "moción farisaica". Pese a ello, y que podría significar en un primer momento un exceso de la libertad de expresión, el Juzgado, consideró que las expresiones del trabajador, aunque desabridas, no llegan a constituir insultos. Efectivamente, la libertad de expresión "( ... ) comprende la crítica de la conducta de otro, aún cuando la misma sea desabrida y pueda molestar, inquietar o disgustar a quien se dirige (STC 6/2000 de 7 7 de enero, F J 5; 49/0 7 de 26 de febrero, F J 4 y 204/0 7 de 7 5 de octubre, FJ 4), pues "así lo requieren el pluralismo, la tolerancia y el espíritu de apertura, sin lo cual no existe sociedad democrática (SSTEDH) de 23 de abril de 7.992, Castells C. España, 42, y de 29 de febrero de 2.000 -Fuentes Bobo C. España- 43). Fuera del ámbito de protección de dicho derecho se sitúan las frases y expresiones ultrajantes u ofensivas, sin relación con las ideas u opiniones que se expongan y, por tanto, innecesarias a éste propósito, dado que el art. 20. 1.a) C. E. no reconoce un pretendido derecho al insulto, que sería, por lo demás, incompatible con la norma fundamental (SSTC 204/97, 7 34/99, 36/2000, entre otras muchas).

Por su parte el Comité de Libertad Sindical del Consejo de Administración de la OIT ha señalado que: “No obstante, en la expresión de sus opiniones, las organizaciones sindicales no deberían sobrepasar los límites admisibles de la polémica y deberían abstenerse de excesos de lenguaje.”

Límites

Límites a la libertad de expresión sindical

El profesor, doctor y juez español Alexander Godínez Vargas en un trabajo sobre la libertad de expresión de los sindicatos , luego de analizar el derecho internacional y el español, establece que hay tres límites a esta libertad, a saber:

"Libertad de expresión y de información de los representantes e los trabajadores". Alexander Godinez Vargas. Revista Latinoamericana de Derecho Social Núm 10, 2010, pp-65-93.
1.- “Información confidencial”; 
2.- “Interrelación con otros derechos constitucionales protegidos, como el derecho a la dignidad y el derecho al honor”; y 
3.- “El último se encuentra vinculado al principio de buena fe, el cual exige que su ejercicio no perjudique “el funcionamiento eficaz” de la empresa”.

La libertad de expresión en estos casos se encuentra intrínsecamente ligada a la finalidad de la libertad sindical, por lo que independiente de las expresiones utilizadas y la finalidad perseguida, de las circunstancias y su contexto, sólo en el exceso, en el abuso, cabrá apreciar la antijuridicidad más o menos intensa que pudiera ser desproporcionada o desnaturalizar sus fines.

En este sentido y tal como lo señala el profesor Godínez “Limitar la cobertura que ofrece la libertad de expresión a aquello que sea imprescindible, adecuado y absolutamente pertinente, o bien reducir su ámbito de protección a las expresiones usadas en situaciones de acuerdo o avenencia, “constituiría una restricción no justificada” de su derecho”. (Alexander Godínez (2011) 84)