Diferencia entre revisiones de «Artículo 174 del Código de Procedimiento Civil»

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     De conformidad con dicha normativa, en el caso de haberse deducido recursos, una sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada, sólo cuando se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos en su contra, lo que supone necesariamente que concluyan todos los recursos impetrados, tanto contra el fallo de primera instancia como contra el de segunda instancia, pues sólo en ese evento la sentencia adquiere la firmeza que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, tal como se colige de lo dispuesto en el [[Artículo 175 del Código de Procedimiento Civil|artículo 175 del referido cuerpo legal]], al decir que: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada”.
     De conformidad con dicha normativa, en el caso de haberse deducido recursos, una sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada, sólo cuando se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos en su contra, lo que supone necesariamente que concluyan todos los recursos impetrados, tanto contra el fallo de primera instancia como contra el de segunda instancia, pues sólo en ese evento la sentencia adquiere la firmeza que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, tal como se colige de lo dispuesto en el [[Artículo 175 del Código de Procedimiento Civil|artículo 175 del referido cuerpo legal]], al decir que: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada”.


  [[ICA de Antofagasta]], ROl N° 504-2024. Redacción del ministro titular Sr. [[Dinko Franulic Cetinic]].
    SEGUNDO: Que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo siguiente: “Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.”.
   
    Como se ve, expresamente la norma determina que una sentencia definitiva queda firme y ejecutoriada una vez que transcurran todos los plazos que la ley haya concedido para interponer recursos que sean procedentes en su contra, lo que, en el caso que nos ocupa, transcurrieron sobradamente.
   
    La resolución impugnada echa de menos la existencia de la certificación referida en el artículo citado, mas, se trata de un acto de mera constatación que, a lo sumo, da fijeza a la circunstancia de encontrarse ejecutoriada la sentencia, pero que no es previsto como requisito de este estado.
   
    Se trata de una cuestión que ha sido fallada por la Excelentísima Corte Suprema. Así señaló en causa rol 26.231-2023: “DÉCIMO: Que, entonces, conciliando los raciocinios precedentes y las normas a que se viene haciendo referencia, sucede que, en la especie, el derecho de la parte ejecutada para alegar el abandono del procedimiento no había precluido, pues la petición no fue precedida de ninguna otra que formulare en el tiempo transcurrido a contar del momento en que le fuera notificada la sentencia que desestimó sus excepciones.”
   
    “Además, aun cuando a la época de interposición del incidente la sentencia definitiva se encontraba firme y ejecutoriada –efecto que, valga aclarar, no se produce con la certificación que previene el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en tanto esa actuación solo constata la ocurrencia de las hipótesis contenidas en la misma norma- bien podía el demandado invocar el período de inactividad que transcurrió desde la dictación de la sentencia y hasta que le fue notificada, pues en ese lapso no existía certeza del derecho del actor de reclamar el cobro compulsivo, justamente porque la decisión de rechazar sus excepciones no le era oponible ni se encontraba ejecutoriada.”
   
    Por lo demás, es una cuestión que ha sido resuelta desde antiguo sosteniéndose: “La omisión del certificado no priva a la sentencia del efecto de cosa juzgada si concurren los requisitos legales. El hecho de no haberse estampado por el actuario del juicio arbitral certificación de que las partes no han deducido recurso alguno en contra del fallo expedido en ese juicio, no priva a la sentencia del carácter de firme o ejecutoriada si han transcurrido con exceso los plazos para interponer todo recurso en caso de ser admisibles.” (C. Santiago, 29 julio 1930. R., t. 30, sec. 1ª, p. 83.), o bien que: “La ejecutoriedad del fallo es un asunto de derecho. La ejecutoriedad de un fallo es un asunto de derecho que no es de competencia de un actuario, ya que lo único que éste puede hacer es certificar la circunstancia de haber transcurrido los plazos que la ley concede para la interposición de los recursos, tratándose de sentencias definitivas, como lo dispone el artículo 174 del señalado Código de Procedimiento Civil.” (C. Santiago, 10 enero 1989. R., t. 89, sec. 2ª, p. 1.)
   
    TERCERO: Que, así las cosas, encontrándose ejecutoriada la sentencia definitiva, para que el procedimiento pudiera entenderse abandono era menester aplicar lo previsto en el artículo 153 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil que mandata que encontrándose ejecutoriada una sentencia definitiva o en el caso del artículo 472 del mismo cuerpo legal: “(…) el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, (…)”.
   
    Por cierto, se trata de una cuestión que no ha acontecido y ni siquiera fue alegada, por lo que procede rechazar el incidente.


[[Categoría:Artículos del Código de Procedimiento Civil]]
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Revisión del 03:24 20 sep 2024

    Artículo 174  del Código de Procedimiento Civil.- Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.

Jurisprudencia

   ICA de Rancagua, Rol N° 896-2023. Redactada por el ministro Pedro Caro Romero.
   De conformidad con dicha normativa, en el caso de haberse deducido recursos, una sentencia adquiere el carácter de firme o ejecutoriada, sólo cuando se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos en su contra, lo que supone necesariamente que concluyan todos los recursos impetrados, tanto contra el fallo de primera instancia como contra el de segunda instancia, pues sólo en ese evento la sentencia adquiere la firmeza que produce la acción o la excepción de cosa juzgada, tal como se colige de lo dispuesto en el artículo 175 del referido cuerpo legal, al decir que: “Las sentencias definitivas o interlocutorias firmes producen la acción o la excepción de cosa juzgada”.


  ICA de Antofagasta, ROl N° 504-2024. Redacción del ministro titular Sr. Dinko Franulic Cetinic.
   SEGUNDO: Que el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil prescribe lo siguiente: “Se entenderá firme o ejecutoriada una resolución desde que se haya notificado a las partes, si no procede recurso alguno en contra de ella; y, en caso contrario, desde que se notifique el decreto que la mande cumplir, una vez que terminen los recursos deducidos, o desde que transcurran todos los plazos que la ley concede para la interposición de dichos recursos, sin que se hayan hecho valer por las partes. En este último caso, tratándose de sentencias definitivas, certificará el hecho el secretario del tribunal a continuación del fallo, el cual se considerará firme desde este momento, sin más trámites.”.
   
   Como se ve, expresamente la norma determina que una sentencia definitiva queda firme y ejecutoriada una vez que transcurran todos los plazos que la ley haya concedido para interponer recursos que sean procedentes en su contra, lo que, en el caso que nos ocupa, transcurrieron sobradamente.
   
   La resolución impugnada echa de menos la existencia de la certificación referida en el artículo citado, mas, se trata de un acto de mera constatación que, a lo sumo, da fijeza a la circunstancia de encontrarse ejecutoriada la sentencia, pero que no es previsto como requisito de este estado.
   
   Se trata de una cuestión que ha sido fallada por la Excelentísima Corte Suprema. Así señaló en causa rol 26.231-2023: “DÉCIMO: Que, entonces, conciliando los raciocinios precedentes y las normas a que se viene haciendo referencia, sucede que, en la especie, el derecho de la parte ejecutada para alegar el abandono del procedimiento no había precluido, pues la petición no fue precedida de ninguna otra que formulare en el tiempo transcurrido a contar del momento en que le fuera notificada la sentencia que desestimó sus excepciones.”
   
   “Además, aun cuando a la época de interposición del incidente la sentencia definitiva se encontraba firme y ejecutoriada –efecto que, valga aclarar, no se produce con la certificación que previene el artículo 174 del Código de Procedimiento Civil, en tanto esa actuación solo constata la ocurrencia de las hipótesis contenidas en la misma norma- bien podía el demandado invocar el período de inactividad que transcurrió desde la dictación de la sentencia y hasta que le fue notificada, pues en ese lapso no existía certeza del derecho del actor de reclamar el cobro compulsivo, justamente porque la decisión de rechazar sus excepciones no le era oponible ni se encontraba ejecutoriada.”
   
   Por lo demás, es una cuestión que ha sido resuelta desde antiguo sosteniéndose: “La omisión del certificado no priva a la sentencia del efecto de cosa juzgada si concurren los requisitos legales. El hecho de no haberse estampado por el actuario del juicio arbitral certificación de que las partes no han deducido recurso alguno en contra del fallo expedido en ese juicio, no priva a la sentencia del carácter de firme o ejecutoriada si han transcurrido con exceso los plazos para interponer todo recurso en caso de ser admisibles.” (C. Santiago, 29 julio 1930. R., t. 30, sec. 1ª, p. 83.), o bien que: “La ejecutoriedad del fallo es un asunto de derecho. La ejecutoriedad de un fallo es un asunto de derecho que no es de competencia de un actuario, ya que lo único que éste puede hacer es certificar la circunstancia de haber transcurrido los plazos que la ley concede para la interposición de los recursos, tratándose de sentencias definitivas, como lo dispone el artículo 174 del señalado Código de Procedimiento Civil.” (C. Santiago, 10 enero 1989. R., t. 89, sec. 2ª, p. 1.)
   
   TERCERO: Que, así las cosas, encontrándose ejecutoriada la sentencia definitiva, para que el procedimiento pudiera entenderse abandono era menester aplicar lo previsto en el artículo 153 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil que mandata que encontrándose ejecutoriada una sentencia definitiva o en el caso del artículo 472 del mismo cuerpo legal: “(…) el plazo para declarar el abandono del procedimiento será de tres años contados desde la fecha de la última gestión útil, hecha en el procedimiento de apremio, destinado a obtener el cumplimiento forzado de la obligación, luego de ejecutoriada la sentencia definitiva o vencido el plazo para oponer excepciones, (…)”.
   
   Por cierto, se trata de una cuestión que no ha acontecido y ni siquiera fue alegada, por lo que procede rechazar el incidente.