Ver el código de «Unificación Rol N° 82.562-2021 - Funcionarios Municipales, Accidentes del Trabajo y Enfermedad Profesional»

==Sentencia==
Santiago, ocho de mayo de dos mil veintitrés.

'''Vistos:

En autos RIT O-13-2020, RUC 2040024179-7, del Juzgado de Letras de
Colina, don Romualdo interpuso demanda laboral de indemnización de perjuicios
por enfermedad profesional, en contra de la Ilustre Municipalidad de Lampa
Por sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil veinte, el tribunal de
primera instancia rechazó la excepción de incompetencia absoluta interpuesta por
la demandada e hizo lugar a la demanda ordenando el pago de una indemnización
por daño moral.

Contra este fallo la demandada dedujo recurso de nulidad, el cual fue
acogido por la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de veintiuno de
septiembre de dos mil veintiuno, dictando sentencia de reemplazo que acogió la
excepción de incompetencia interpuesta por la demandada.

En contra este último fallo el demandante interpuso recurso de unificación
de jurisprudencia, el que pasa a analizarse.

Se ordenó traer los autos en relación.

'''Considerando:

'''Primero:''' Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A
del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando
respecto de la materia de derecho objeto del juicio «existen distintas
interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales
Superiores de Justicia». La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una
relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del
asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya
sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe
acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

'''Segundo:''' Que la materia de derecho objeto del juicio que se solicita unificar consiste en «determinar '''si los Tribunales Laborales son competentes para conocer de las acciones de indemnización de perjuicios derivadas de accidentes y enfermedades profesionales interpuestas por Funcionarios Municipales regidos por la Ley Nº18.883».'''

Señala el recurrente que resulta errado lo decidido por la Corte de
Apelaciones, pues la correcta interpretación corresponde a concluir que Los
empleados públicos se sujetan a las normas del Código del Trabajo en los
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no
sean contrarias a estos últimos, y desde el 7 de noviembre de 1994, fecha de
publicación de la Ley N°19.345, se entienden protegidos por la Ley N° 16.744,
sobre Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, de manera tal que el
tribunal no resulta incompetente para el conocimiento de la presente acción.
Solicita se acoja su recurso y acto continuo y sin nueva vista, pero
separadamente, se dicte un fallo de reemplazo en los términos señalados.

'''Tercero:''' Que los siguientes hechos no han sido controvertidos:

'''1.-''' Que el demandante prestó servicios para la demandada bajo el régimen
de honorarios, desde el 1 de marzo de 2013 hasta el 31 de septiembre de 2014 y
posteriormente pasó a tener un régimen mixto, mitad a honorarios y mitad a
contrata; situación que mantuvo hasta la interposición de la presente demanda.

'''2.-''' Con fecha 8 de agosto de 2019, se puso término a la contrata del
demandante, a contar del 31 de agosto de mismo año. Actualmente se encuentra
en procedimiento contencioso administrativo ante la Contraloría General de la
República.

'''Cuarto:''' Que sobre la base de estos hechos el Tribunal de primer grado
rechazó la excepción de incompetencia absoluta opuesta por el Fisco de Chile,
entendiendo que «…de ahí que deba concluirse que todo trabajador, haya o no
sido despedido, tiene legitimación activa para reclamar la indemnización de los
daños que se le hayan ocasionado con independencia si fue o no despedido a
propósito de la afectación de su derecho fundamental.

Por lo que considerando esta Magistratura que el juez laboral en
procedimiento ordinario es competente para otorgar o no indemnización de daño
moral al trabajador, haya sido despedido o no, habrá de rechazarse
necesariamente la excepción de incompetencia absoluta interpuesta por la
demandada.

(…) El procedimiento laboral tiene por finalidad la protección de los
derechos de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral
por aplicación de las normas de dicho ámbito. Por otro lado, los derechos
fundamentales están reconocidos a toda persona por la Constitución Política, que
es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto
Administrativo. No se plantea por tanto a este respecto una cuestión que deba ser
examinada en los términos del inciso segundo del artículo primero del Código del
Trabajo. En efecto, este artículo tiene por objeto establecer el ámbito de aplicación
del Código del Trabajo en relación con estatutos especiales. Pero esta necesidad
de delimitación no surge cuando se trata de derechos fundamentales
constitucionalmente reconocidos, los que tanto por su naturaleza como por la
fuente de su reconocimiento resultan aplicables a todas las personas».

La Corte de Apelaciones por otro lado, al pronunciarse sobre la causal de
nulidad establecida en el artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, estimó que
«…no cabe duda alguna que el actor no desempeñó labores regidas por el Código
del Trabajo, pues su naturaleza es de funcionario público, a contrata regido por su
ley especial – Ley N° 18.883 – no aplicándosele el artículo 1° inciso 1° del citado
código, y tampoco la contra excepción del inciso 3, pues a su respecto se
configura precisamente la hipótesis del inciso 2°, tratándose de un funcionario
municipal contratado primeramente a honorarios y luego a contrata.

(…) En este escenario, la acción entablada ante un Juez con competencia
laboral, lo ha sido ante un juez absolutamente incompetente, por lo que el recurso
de nulidad por esta primera causal será acogido; por cuanto la sentencia ha
incurrido en el vicio que por esta vía se ha denunciado, el que resulta sustancial, y
que sólo puede enmendarse con la anulación de la sentencia».

'''Quinto:''' Que el recurrente afirma que la interpretación sostenida por la
sentencia impugnada es distinta de aquellas que se encuentran en los fallos de
contraste acompañados.

La primera sentencia agregada para la comparación de la materia de
derecho propuesta, correspondiente al ingreso N° 156-2019 de la Corte de
Apelaciones de Arica, que expresa, en lo pertinente, que: «Es efectivo que la
relación laboral existente entre el actor y la demandada es de carácter estatutaria,
dado que se les aplica el estatuto administrativo de los empleados municipales,
Ley N° 18883, sin embargo también lo es, que dicho estatuto no contiene normas
relativas a las obligaciones del empleador de protección a la vida y la salud de sus
trabajadores, “(…) informando de los posibles riesgos y manteniendo las
condiciones adecuadas de higiene y seguridad en las faenas, como también los
implementos necesarios para prevenir accidentes del trabajo y enfermedades
profesionales.”, por lo que es procedente aplicar las normas del artículo primero
inciso tercero del Código del Trabajo».

En el mismo sentido se pronuncia el fallo de contraste, correspondiente al
ingreso Rol N° 2.075-2019 de la Corte de Apelaciones de Santiago, que en lo
medular, estimó que: «…en cuanto a la calidad de funcionario público de la
demandante, esta no es una circunstancia que debe ser tomada en consideración
en una discusión sobre la competencia. En este caso tiene aplicación la norma del
artículo 1° del Código del Trabajo, porque no estando tratada la cuestión de la
responsabilidad derivada de las enfermedades profesionales y accidentes
laborales en los textos legales de derecho público que cita el recurrente, el inciso
2° de dicho cuerpo legal hace aplicables sus normas, ya que dichos funcionarios
no se encuentran sometidos a un estatuto especial»; también la sentencia Rol
1.517-2015 de dicha Corte, que determinó que: «…de las disposiciones legales
transcritas precedentemente, se concluye como lo ha hecho la juez del grado, que
los empleados públicos se sujetan a las normas del Código del Trabajo en los
aspectos o materias no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que ellas
no fueran contrarias a estos últimos, y desde el 7 de noviembre de 1994, fecha de
publicación de la Ley 19.345, se entienden protegidos por la Ley 16.744, sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales».

Por último, el cuarto fallo agregado como contraste, dictado por la [[Corte de Apelaciones de Iquique]] en los antecedentes N°110-2016, resolvió que: «…Hasta
allí el escenario es claro, sin embargo, debe dilucidarse qué ocurre cuando aun así
hay aspectos que no fueron normados en la Ley 18.883, y en este aspecto, lo
primero que se dirá es que la Excma. Corte Suprema, si bien no ha resuelto
expresamente el punto, en ocasiones en que ha conocido del daño moral cobrado
por trabajadores municipales en el contexto de accidentes laborales, no ha
cuestionado el conocimiento de esos asuntos por la Judicatura Laboral ni la
aplicación de sus reglas procedimentales, y sí se ha pronunciado sobre las reglas
de fondo en las que debe descansar la regulación de ese resarcimiento, de lo que
se concluye que la acertada doctrina es la de que esas pretensiones se ventilan
ante los tribunales de jurisdicción laboral».

'''Sexto:''' Que, por consiguiente, se constata la existencia de interpretaciones
disímiles sobre la materia de derecho propuesta, verificándose, por lo tanto, la
hipótesis establecida por el legislador en el artículo 483 del Código del Trabajo, lo
que conduce a emitir un pronunciamiento al respecto y proceder a uniformar la
jurisprudencia en el sentido correcto.

'''Séptimo:''' Que, para los fines de asentar la recta exégesis en la materia,
debe tenerse presente lo resuelto en las sentencias acompañadas al recurso,
cuyos razonamientos se comparten.

Al efecto, corresponde señalar que no cabe duda que la Ley 16.744 sobre
Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales resulta aplicable a
trabajadores –cualquiera que sea su calidad- cuya normativa particular no
contemple alguna referencia especial sobre los accidentes laborales o
enfermedades profesionales, por cuanto en definitiva, ésta tiene por objeto la
protección de Derechos Fundamentales de los trabajadores.

Estos derechos están reconocidos a toda persona por la Constitución
Política, que es jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como a la
normativa específica referida a la administración pública.

No se plantea, por tanto, a este respecto una cuestión que deba ser
examinada en los términos del inciso segundo del artículo primero del Código del
Trabajo. En efecto, este artículo tiene por objeto establecer el ámbito de aplicación
del Código del Trabajo en relación con estatutos especiales, pero esta necesidad
de delimitación no surge cuando se trata de Derechos Fundamentales
constitucionalmente reconocidos, los que tanto por su naturaleza como por la
fuente de su reconocimiento resultan aplicables a todas las personas.

Por lo demás, el reconocimiento de la posibilidad de accionar por un
accidente laboral o una enfermedad profesional no implica el catalogar la relación
entre el demandante y la demandada como una de aquellas regida por el Código
del Trabajo, sino que únicamente aplicar de manera supletoria, la normativa
especial por expreso mandato de la ley, al establecerse así en el artículo primero
de la codificación laboral, más aun teniendo presente que se trata de una
normativa que aplica a todo trabajador, sea que se desempeñe en el sector
privado o en el ámbito público, incluso a los que tienen la calidad de
independientes a contar de la Ley 20.255 de 17 de marzo de 2008.

'''Octavo:''' Que, de conformidad con lo razonado, yerran los sentenciadores
de la [[Corte de Apelaciones de Santiago]] al excluir la aplicación de la ley 16.744 y
decretar la incompetencia del Juzgado del Trabajo al caso de autos, unificándose
la jurisprudencia en el sentido que los funcionarios públicos contratados a
honorarios o a contrata, o aquellos respecto de los cuales se utilice una fórmula
mixta, pueden demandar por los perjuicios derivados de una enfermedad
profesional o un accidente laboral mediante el procedimiento que establece el
[[Código del Trabajo]].

En consecuencia, como la sentencia impugnada difiere de esta línea de
razonamiento, corresponde acoger el recurso que se examina. Sin embargo, al no
haberse resuelto la totalidad de las causales de nulidad interpuestas por la
demandada, no resulta procedente dictar sentencia de reemplazo, disponiendo
retrotraer la causa al estado de que la [[Corte de Apelaciones de Santiago]] se
pronuncie respecto de aquellas.

'''Por estas consideraciones''' y en conformidad, además, con lo dispuesto en
los artículos 483 y siguientes del [[Código del Trabajo]], '''se acoge el recurso de
unificación de jurisprudencia''' interpuesto por el demandante contra la sentencia de
veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, la que se anula, retrotrayendo la
causa al estado de pronunciarse sobre las causales no falladas, por sala no
inhabilitada.

Regístrese y devuélvase.

'''Rol N° 82.562-2021.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros
señor Ricardo Blanco H., señora María Cristina Gajardo H., señor Diego
Simpertigue L., ministro suplente señor Hernan González G., y el abogado
integrante señor Gonzalo Ruz L. No firma el ministro señor Blanco y el ministro
suplente señor González, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de
la causa, por estar con licencia médica el primero y por haber terminado su
periodo de suplencia el segundo. Santiago, ocho de mayo de dos mil veintitrés. 

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