Unificación Rol N° 28.229-2018
Sentencia
Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve
Vistos:
En estos autos Rit T-6-2018, Ruc 1840091967-0, del Juzgado de Letras del Trabajo de Rengo, caratulados "Toncio con Municipalidad de Rengo", por sentencia de cinco de junio de dos mil dieciocho, se acogió la demanda subsidiaria, declarando la existencia de una relación laboral entre las partes e injustificado el despido del cual fue objeto el demandante, dando lugar, además, a la pretensión por la cual solicitó la aplicación de la sanción contemplada en el inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, condenando a la demandada al pago que contempla dicha punición.
En contra de dicho fallo, la demandada dedujo recurso de nulidad, y con fecha ocho de octubre de dos mil dieciocho, una sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua, lo rechazó.
Respecto de dicha decisión, la misma parte dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y lo falle conforme a derecho.
Se ordenó traer estos autos a relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que en el recurso se señala que lo decidido por la Corte de Apelaciones de Rancagua, en cuanto consideró procedente la denominada sanción de nulidad del despido, es erróneo, y contradice al criterio jurisprudencial sostenido por tribunales superiores de justicia, señalando para efectos de su contraste, el fallo emanado de dicha Corte, en los autos Rol 140-18, y los dictados por esta Corte en los antecedentes rol 50-18, 1086-18 y 36.601-17, en los cuales, afirma, se contiene la tesis correcta, esto es, que es improcedente la aplicación de la sanción de nulidad del despido, pues entienden que tal punición no procede en los casos en que el empleador, un organismo de la Administración del Estado, celebró con el trabajador contratos de honorarios amparado en una fórmula legal que lo autorizaba, lo que lo exime de la punición referida.
Tercero: Que la sentencia impugnada, por su parte, resolvió la controversia argumentando que, establecida la existencia de relación laboral y la mora en el pago de las cotizaciones previsionales, el despido no produce efecto alguno, haciéndose aplicable la sanción de la nulidad del mismo, careciendo de relevancia si la empleadora no reconoció el vínculo laboral, pues nace desde que el trabajador comenzó a prestar servicios, atendida la naturaleza declarativa del fallo que lo reconoce, y no desde que se dicta.
Cuarto: Que, como se observa, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de tribunales superiores de justicia respecto de la materia de derecho debatida, por lo que procede unificar jurisprudencia, conforme el criterio que esta Corte estima correspondiente.
Quinto: Que, en tal orden de cosas, por tratarse de una cuestión evidente que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, la regla general en esta materia es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, en el caso de constatarse el hecho de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base.
Sin embargo, dicha conclusión varía cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, pues, a juicio de esta Corte, en tales casos, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento, cual es que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgaba una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, y excluye, además, la idea de simulación o fraude por parte del empleador, que intenta ocultar por la vía de la contratación a honorarios la existencia de una relación laboral, que justifica la punición del inciso séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo.
Sexto: Que, por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la sanción referida, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.
Séptimo: Que, de este modo, es evidente que el fallo impugnado yerra en la aplicación del artículo 162, incisos quinto a séptimo del código laboral, al desestimar el recurso de nulidad deducido en contra del de base en el punto traído a discusión, debiendo darse lugar al mismo, por cuanto no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y en conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada contra la sentencia de ocho de octubre de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones de Rancagua, que rechazó el de nulidad deducido en contra de la sentencia de base de cinco de junio de dos mil dieciocho, y en su lugar, se lo acoge invalidándose el fallo de instancia en lo concerniente a la concesión de la punición de la nulidad del despido, debiendo dictarse a continuación, la pertinente decisión de reemplazo.
Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Chevesich, quien fue de opinión de rechazar el presente arbitrio, en razón de las siguientes consideraciones:
1° Que el meollo de la discusión gira en torno a la procedencia de la sanción prevista en el artículo 162, inciso quinto, del Código del Trabajo, en el caso que la relación laboral existente entre las partes haya sido declarado sólo en el fallo del grado.
2° Que, al respecto, se debe recordar que, de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al artículo mencionado, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos -es nulo-, correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido.
3° Que, entonces, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de sí el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni de la naturaleza jurídica del empleador, por lo tanto, procedía acoger el recurso, invalidar el fallo de base en el extremo referido, y dictar sentencia de reemplazo que declare que la demandada también queda obligada al pago de los emolumentos devengados desde la separación del trabajador hasta la convalidación del despido.
Regístrese.
Rol N° 28.229-2018.
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C.
Sentencia de Reemplazo
Santiago, quince de mayo de dos mil diecinueve.
En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483 Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.
Vistos:
Se reproduce la sentencia de instancia, con excepción de la expresión "nulidad de despido" efectuada en la primera línea su fundamento decimoquinto, que se elimina.
Asimismo, se reproducen los considerandos quinto y sexto de la sentencia de unificación que antecede.
Y se tiene, en su lugar, y, además, presente:
Primero: Que, no obstante reafirmarse por esta Corte que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral es de evidente naturaleza declarativa, fluye, como consecuencia ineludible, que las obligaciones que emanan de dicho vínculo se hacen exigibles desde el momento en que las partes realmente lo iniciaron.
Sin embargo, en el caso específico en que el demandado corresponde a un organismo público, donde el vínculo con el trabajador demandante se concretó sobre la base de un contrato a honorarios autorizado expresamente en la normativa estatutaria específica que lo rige, se configura una situación disímil que escapa de las consecuencias de la conclusión anterior.
Segundo: Que, en efecto, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.
Tercero: Que, en otra línea argumentativa, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.
Cuarto: Que, por lo razonado, no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector.
Por estas consideraciones y, visto además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 8, 425 y siguientes y 459 del Código del Trabajo, se declara que:
Se rechaza la demanda interpuesta en cuanto se solicita la aplicación de la sanción denominada de la nulidad del despido, manteniéndose inalterable lo demás decidido en el fallo, no afectado por la decisión de invalidación por unificación de jurisprudencia, cuya parte resolutiva, se tendrá por reproducida.
Acordada con el voto en contra de la Ministra señora Chevesich, quien fue de opinión de no dictar sentencia de reemplazo, conforme los argumentos vertidos en su disidencia planteada en el fallo de unificación que antecede.
Regístrese y devuélvanse.
Rol N° 28.229-2018.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y la Abogada Integrante señora Leonor Etcheberry C.
El presente texto fue redactado por Emilio Kopaitic Aguirre, Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
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