Unificación Rol N° 14.836-2020
De DerechoPedia
Ir a la navegaciónIr a la búsqueda
Sentencia
Santiago, diez de agosto de dos mil veintiuno
Vistos:
En autos RIT T-253-2018, RUC 1840012165-1, del Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta, por sentencia de trece de noviembre de dos mil dieciocho, se rechazaron las excepciones de falta de legitimación pasiva y activa opuestas, y se acogió la denuncia de tutela laboral, por lo que se declaró que la denunciada incurrió en actos de discriminación por razones políticas al no renovar la contrata del denunciante, y se condenó al pago de una indemnización equivalente a seis meses de remuneraciones, mas indemnización por lucro cesante y feriado.
En contra de ese fallo la denunciada interpuso recurso de nulidad, invocando: 1.- Causal de la letra a) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia haya sido pronunciada por juez incompetente, en conformidad el artículo 1° del Estatuto Administrativo en relación con el artículo 1°, 420 y 485 del Código del Trabajo y solicitó que se anulara el procedimiento y la sentencia, y se ordenara a la parte demandante ejercer sus derechos ante el tribunal competente que corresponda. 2.- En subsidio de la causal anterior, la causal contemplada en el artículo de la letra b) del artículo 478, del Código del Trabajo, en relación con las reglas de la sana critica para apreciar la prueba, pidiendo la nulidad de la sentencia en cuanto condena al Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la demanda, con costas. 3.- Causal conjunta con la del número 2 del presente recurso, (y subsidiaria a del n° 1), fundada en el literal e) del artículo 478 del Código del Trabajo, esto es "cuando la sentencia se hubiere dictado con omisión de los requisitos establecidos en el artículo 454 N° 4 y 6 del Código del Trabajo", y por esta pide que se anule la sentencia en cuanto condena al INJUV y se dicte una sentencia de reemplazo que rechace la demanda, con costas. 4.- En subsidio de las causales anteriores, invocó la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esto es, cuando la sentencia se hubiere dictado con infracción de ley y hubiere influido sustancialmente en lo dispositivo del fallo. 5. En subsidio a las causales anteriores, invocó la misma causal del artículo 477 del Código del Trabajo, esta vez por infringir los artículos 4° y 13 del Código Civil, y 176, 487 ,489 y 495 N° 3 del Código del Trabajo y el artículo 19 del Código Civil; normas que determinan la incompatibilidad de la indemnización por lucro cesante con la acción de tutela, solicitando que se anule la sentencia en cuanto condena al INJUV al pago de la referida pretensión y se dicte una sentencia de reemplazo. 6. En subsidio, invocó la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, denunciando la aplicación e interpretación errónea del artículo 489 del Código del Trabajo, al ordenar el pago del feriado legal.
Una sala de la Corte de Apelaciones de Antofagasta, por decisión de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, acogió el primer motivo y omitió pronunciamiento en relación a los restantes.
Respecto de esta última decisión, el denunciante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe, con costas.
Se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que, la materia de derecho respecto de la cual la recurrente solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en establecer la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo a la luz de los artículos 1, inciso 3°, y 485 del Código del Trabajo, en contraste a los artículos 2, 3, 5 y 420 a) del Código del Trabajo y artículos 5 inciso 2°, 19 N° 2 y 3, 76 de la Constitución Política de la República, y artículos 1, 24, y 25 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, artículos 2 y 26 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, y artículos 1, 8, y 9 del Convenio 151 de la OIT, sobre las relaciones de trabajo en la Administración Pública; respecto del conocimiento que puedan tener los tribunales laborales en aquellas causas de denuncia de tutela de vulneración de derechos fundamentales de funcionarios públicos a contrata contra la Administración Pública.
Reprocha la decisión adoptada en el caso, por contravenir el criterio fijado por los fallos de contraste que acompaña, en lo que, según expone, se contiene la recta doctrina, que hace plenamente aplicable y eficaz la acción de tutela mencionada, a favor de funcionarios públicos que han sufrido conculcaciones a sus derechos fundamentales.
Tercero: Que, la sentencia de base estimó como hechos pacíficos la existencia de la relación funcionaria, su fecha de inicio y término, calidad en que se desempeñó el denunciante, cargo ejercido, y última remuneración. En tanto que respecto de los hechos controvertidos, referidos a la existencia de las vulneraciones denunciadas, tuvo por probado que la decisión de no renovar la contrata al funcionario estuvo motivada por una cuestión política, lo que torna su desvinculación en discriminatoria.
Asimismo, es necesario hacer presente que el tribunal de primer grado en audiencia preparatoria de fecha 28 de agosto de 2018 resolvió rechazar la excepción de incompetencia absoluta promovida por la denunciada, fundado en su procedencia a partir de la excepción dispuesta en el artículo 1 inciso 3° del Código del Trabajo, en relación a la ausencia de un procedimiento que vele, resguarde y cautele la vulneración de los derechos fundamentales de los funcionarios públicos, siendo aplicable los artículos 485 y siguientes del Código del Trabajo.
A partir de la base fáctica, y tras desestimar las excepciones por considerar que los tribunales del trabajo son competentes para conocer de todas aquellas materias referidas a la vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios públicos, cualquiera sea su modalidad de contratación, sustentado en que el artículo 1° del Código del Trabajo, dispone su aplicación supletoria en aquellos aspectos no regulados en los estatutos que los rigen, como ocurre a este respecto, dado que su normativa propia no contiene ningún procedimiento que permita proteger tales derechos, se acogió la denuncia y se declaró que la denunciada incurrió en actos de discriminación por razones políticas al no renovar la contrata del denunciante, condenándola al pago de la suma de $11.896.308, por concepto de indemnización de 6 remuneraciones conforme al artículo 489 del Código del Trabajo; a la suma de suma de $13.019.848, por concepto de lucro cesante, esto es, por las remuneraciones a que tenía derecho el actor en virtud de su nombramiento a contrata, entre el 14 de junio al 31 de diciembre de 2018; y a la suma de $1.332.783, por concepto de feriado.
Cuarto: Que, por su parte, la sentencia impugnada acogió el primer motivo en que la denunciada fundó su recurso de nulidad, omitiendo pronunciamiento acerca de los restantes que planteó en forma subsidiaria, teniendo en consideración la norma contenida en el artículo 1° del Código del Trabajo y lo dispuesto en el artículo 1°, 3° y 10 del Estatuto Administrativo, determinando que el demandante se hallaba especialmente sometido al Estatuto Administrativo y, en forma supletoria, a las normas del Código del Trabajo en los asuntos no regulados por dicho Estatuto y en la medida en que las normas del Código Laboral no fueran contrarias a las de esa normativa especial, y teniendo presente la declaración de inaplicabilidad del Tribunal Constitucional, que acogió el requerimiento respecto del artículo 1 inciso tercero del Código del Trabajo, la Corte de Apelaciones de Antofagasta resolvió que es incompetente absolutamente para conocer de la demanda de tutela de derechos laborales fundamentales interpuesta en estos autos.
Tales razonamientos condujeron a invalidar el fallo del grado por afectarle la causal prevista en el artículo 478 letra a) del Código del ramo, al haber sido pronunciado por juez incompetente, y a dictar el de reemplazo que acogió la excepción de incompetencia deducida y rechazó la demanda.
Quinto: Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho objeto propuesta para su unificación, la parte recurrente acompañó los pronunciamientos dictados por esta Corte, en los antecedentes N° 4908-2019, N° 15.156-2019 y N° 1615-2017, los que declararon que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de las demandas de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término de una contrata, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para tomar conocimiento de las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales cae, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, en esa hipótesis normativa.
Sexto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto por esta Corte en las causas de contraste señaladas, con lo decidido en la sentencia que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de Tribunales Superiores de Justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considera correcta.
Séptimo: Que, esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 10.972-13, 5.716-15, 652.918-16, 34.026-2019 y las que la recurrente cita como contraste, ha sostenido que el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, norma jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N° 18.834, la relación entre un funcionario público y el Estado es una de tipo laboral aunque sujeta a un estatuto especial, de manera que no resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho que las mencionadas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4° citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a servir una función pública. Desde esta perspectiva, entonces, no existe impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios.
Así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de las demandas de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término de una contrata, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para tomar conocimiento de las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido sosteniendo.
De esta manera, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que deben considerarse "inviolables en cualquier circunstancia", no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada como consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Octavo: Que, por otro lado, si bien es posible discernir la existencia de recursos administrativos para reclamar de situaciones de discriminación, es palmario que aquellos no ocupan el mismo lugar que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la propia Constitución Política, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueda reclamar ante los tribunales que determine la ley. Se trata entonces de un asunto que el Estatuto Administrativo no regula. El Código del Trabajo sí lo hace. En consecuencia, de conformidad con el artículo primero del Código de Trabajo, resulta aplicable en la relación funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.
Más aún, frente a la discusión que ha motivado el punto, la corrección de la lógica interpretativa antes descrita ha tenido reconocimiento legislativo mediante la promulgación de la ley 21.280, de 30 de octubre de 2020, que expresamente reconoce la aplicación del procedimiento de tutela laboral "a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos", con lo que la discusión queda definitivamente zanjada en favor de la tesis que propone el recurrente y a la cual esta Corte adscribe.
Noveno: Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer de la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público a contrata que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales.
Décimo: Que, sobre esta premisa, el recurso de nulidad deducido por la denunciada, fundado en la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, debe ser rechazado, por lo que procede que una Sala compuesta por Ministros no inhabilitados de la Corte de Antofagasta, se pronuncie sobre las demás causales que planteó en subsidio.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el denunciante respecto de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Antofagasta con fecha dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, en cuanto acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de base de trece de noviembre de dos mil dieciocho, por la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo y se resuelve que se rechaza la referida causal, y en consecuencia, se declara que el Tribunal del Trabajo es plenamente competente para conocer y resolver la materia jurídica planteada. En razón de ello, remítase los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Antofagasta a fin de que una Sala compuesta por Ministros no inhabilitados se pronuncie sobre las restantes causales deducidas en subsidio de la anterior.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 14.836-2020.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Andrea Muñoz S., María Angélica Cecilia Repetto G., y los Abogados Integrantes señor Gonzalo Ruz L., y señora Leonor Etcheberry C.
El presente texto fue redactado por Emilio Kopaitic Aguirre, Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
WhatsApp: + 56 9 7471 7602 - www.kya.cl - Instagram - Facebook - ekopaitic@kya.cl
Para mantenerte al día con la jurisprudencia y doctrina, sigue a Derechopedia.cl en LinkedIn
