Unificación Rol N° 65.417-2016 - Historial de revisiones

Admin en 18:58 19 abr 2021

2021-04-19T18:58:00Z

Admin en 00:59 16 sep 2019

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	Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.		Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.

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	[[Categoría:Unificaciones de 2017]]		[[Categoría:Unificaciones de 2017]]

Admin en 21:27 13 jun 2019

2019-06-13T21:27:08Z

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	En efecto, en la sentencia impugnada se concluyó que no obstante que se fijó como hecho controvertido a probar cuáles fueron los antecedentes y la justificación para modificar los horarios y los cursos asignados a la señora Catalán Fernández, las circunstancias pacíficas que se tuvieron por establecidas, en lo que interesa, que tiene la calidad de dirigente sindical y que en el año lectivo 2015 se le asignó la docencia a un curso de primer año de enseñanza media y en el anterior a unos de tercero y cuarto año del mismo nivel escolar, modificándose los horarios de una anualidad respecto de la otra, no pueden entenderse como suficientes para satisfacer el estándar que el artículo 493 del Código del Trabajo establece para ser considerados indicios de vulneración de derechos, pues era de carga del recurrente acreditar los hechos justificativos de la práctica antisindical denunciada, lo que no ocurrió, concluyéndose que se aplicaron correctamente las normas sobre la carga probatoria y de la prueba indiciaria; y en la acompañada se decidió que “…considerando la presunción de veracidad que tiene el informe del fiscalizador de la Inspección del Trabajo y lo expresado por la sociedad denunciada al contestar la demanda, en el sentido de reconocer que quitó una de las labores que por contrato correspondían al presidente del sindicato, se habría concluido que existió cambio de funciones y que correspondía a la denunciada probar el caso fortuito o fuerza mayor que justificaría su decisión y al no haber rendido prueba sobre ello, debió concluir que existió una práctica antisindical que vulneró el derecho del artículo 19 N° 19 de la Constitución.”		En efecto, en la sentencia impugnada se concluyó que no obstante que se fijó como hecho controvertido a probar cuáles fueron los antecedentes y la justificación para modificar los horarios y los cursos asignados a la señora Catalán Fernández, las circunstancias pacíficas que se tuvieron por establecidas, en lo que interesa, que tiene la calidad de dirigente sindical y que en el año lectivo 2015 se le asignó la docencia a un curso de primer año de enseñanza media y en el anterior a unos de tercero y cuarto año del mismo nivel escolar, modificándose los horarios de una anualidad respecto de la otra, no pueden entenderse como suficientes para satisfacer el estándar que el artículo 493 del Código del Trabajo establece para ser considerados indicios de vulneración de derechos, pues era de carga del recurrente acreditar los hechos justificativos de la práctica antisindical denunciada, lo que no ocurrió, concluyéndose que se aplicaron correctamente las normas sobre la carga probatoria y de la prueba indiciaria; y en la acompañada se decidió que “…considerando la presunción de veracidad que tiene el informe del fiscalizador de la Inspección del Trabajo y lo expresado por la sociedad denunciada al contestar la demanda, en el sentido de reconocer que quitó una de las labores que por contrato correspondían al presidente del sindicato, se habría concluido que existió cambio de funciones y que correspondía a la denunciada probar el caso fortuito o fuerza mayor que justificaría su decisión y al no haber rendido prueba sobre ello, debió concluir que existió una práctica antisindical que vulneró el derecho del artículo 19 N° 19 de la Constitución.”

	3° Que, para ese efecto, corresponde tener presente que la libertad sindical se encuentra consagrada en el número 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y puede definirse como el derecho que asiste a todos los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, sin intervención de terceros; y, específicamente, el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios, en particular, la negociación colectiva y el derecho a huelga. También que el fuero sindical es una forma de tutelar la libertad sindical y persigue posibilitar la absoluta independencia de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales. La doctrina laboral distingue desde un punto de vista amplio entre una tutela esencial y otra accesoria y complementaria, consistente la primera en una que pretende evitar que se concreten represalias del empleador y que se pueden traducir en el despido, suspensiones, transferencias o cambios de funciones; y la segunda que abarca los permisos sindicales, la sede sindical o el derecho de informar a los afiliados. (Gamonal Contreras, Sergio, Derecho Colectivo del Trabajo, 2° ed. revisada y actualizada, Santiago, Chile, Legal Publishing, 2011, p. 454)		3° Que, para ese efecto, corresponde tener presente que la libertad sindical se encuentra consagrada en el número 19 del artículo 19 de la Constitución Política de la República, y puede definirse como el derecho que asiste a todos los trabajadores para constituir organizaciones, afiliarse o desafiliarse de ellas, a darse su propia normativa, sin intervención de terceros; y, específicamente, el derecho al ejercicio de la actividad sindical por medio de aquellas acciones tendientes a la defensa y promoción de los intereses que le son propios, en particular, la negociación colectiva y el derecho a huelga. También que el fuero sindical es una forma de tutelar la libertad sindical y persigue posibilitar la absoluta independencia de los trabajadores en el ejercicio de sus derechos sindicales. La doctrina laboral distingue desde un punto de vista amplio entre una tutela esencial y otra accesoria y complementaria, consistente la primera en una que pretende evitar que se concreten represalias del empleador y que se pueden traducir en el despido, suspensiones, transferencias o cambios de funciones; y la segunda que abarca los permisos sindicales, la sede sindical o el derecho de informar a los afiliados. ([[Sergio Gamonal Contreras\|Gamonal Contreras, Sergio]], Derecho Colectivo del Trabajo, 2° ed. revisada y actualizada, Santiago, Chile, Legal Publishing, 2011, p. 454)

	Pues bien, el artículo 243 del Código del Trabajo dispone que los directores sindicales gozarán del fuero laboral desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que éste no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por tribunal competente en virtud del cual deben hacer abandono del mismo, o por término de la empresa. En su inciso 2°, por su parte, prescribe que durante el fuero, el empleador no puede ejercer la facultad que contempla el artículo 12 del citado código, esto es, alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que debe prestarlos, salvo la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; norma que, en definitiva, consagra una tutela a la libertad sindical de carácter esencial.		Pues bien, el artículo 243 del Código del Trabajo dispone que los directores sindicales gozarán del fuero laboral desde la fecha de su elección y hasta seis meses después de haber cesado en el cargo, siempre que éste no se hubiere producido por censura de la asamblea sindical, por sanción aplicada por tribunal competente en virtud del cual deben hacer abandono del mismo, o por término de la empresa. En su inciso 2°, por su parte, prescribe que durante el fuero, el empleador no puede ejercer la facultad que contempla el artículo 12 del citado código, esto es, alterar la naturaleza de los servicios o el sitio o recinto en que debe prestarlos, salvo la concurrencia de caso fortuito o fuerza mayor; norma que, en definitiva, consagra una tutela a la libertad sindical de carácter esencial.
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	En este caso, el hecho cuya razonable duda queda en el proceso -que no es sino el hecho de haber ocurrido la conducta lesiva de derechos fundamentales- afectará, a diferencia de la pauta distributiva normal de un proceso judicial, al demandado, quien sabe desde el inicio del proceso que en la acción de tutela existe, por expresa disposición legal, una distribución alterada de la carga material del costo probatorio.		En este caso, el hecho cuya razonable duda queda en el proceso -que no es sino el hecho de haber ocurrido la conducta lesiva de derechos fundamentales- afectará, a diferencia de la pauta distributiva normal de un proceso judicial, al demandado, quien sabe desde el inicio del proceso que en la acción de tutela existe, por expresa disposición legal, una distribución alterada de la carga material del costo probatorio.

	…No se trata, en fin, de una presunción judicial -que nazca por decisión del juez de la causa- sino una regla legal de distribución del costo o sacrificio probatorio, que como tal debe entenderse conocida por las partes, como cualquier otra regla de derecho.”(Ugarte C. José Luis., “Tutela laboral de derechos fundamentales y carga de la prueba”, En: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXIII Valparaíso, Chile, 2do Semestre de 2009, pp. 219-223);		…No se trata, en fin, de una presunción judicial -que nazca por decisión del juez de la causa- sino una regla legal de distribución del costo o sacrificio probatorio, que como tal debe entenderse conocida por las partes, como cualquier otra regla de derecho.”([[José Luis Ugarte Cataldo\|Ugarte C. José Luis.]], “Tutela laboral de derechos fundamentales y carga de la prueba”, En: Revista de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso XXXIII Valparaíso, Chile, 2do Semestre de 2009, pp. 219-223);

	6 Que, en consecuencia, es pertinente tener ° presente qué hechos quedaron asentados como tales y, según se advierte de la lectura de la sentencia impugnada, son los siguientes: que entre las partes existe una relación laboral vigente; que la trabajadora tiene la calidad de dirigente sindical y desempeña la labor de profesora de lenguaje con treinta horas de docencia; que en el año lectivo 2015 se le asignó la docencia de un curso de primer año de enseñanza media, en circunstancias que en el anterior la ejercía en cursos de tercero y cuarto año de igual nivel escolar; y que se modificaron los horarios de un año respecto al otro. Dichos presupuestos fácticos autorizan concluir que el empleador ejerció respecto de la trabajadora las facultades del ius variandi que establece el artículo 12 del Código del Trabajo; y como su ejercicio está sometido a una regla especial tratándose de dirigentes sindicales, a saber, que concurra un caso fortuito o fuerza mayor, se debe concluir que tanto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 243 inciso 2° del Código del Trabajo, como por lo que previene el artículo 493 del mismo estatuto, correspondía al demandado probar que obró de la manera reseñada precisamente porque se configuró un evento susceptible de ser calificado de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, justificar su decisión, lo que no hizo; lo que conduce a la conclusión que incurrió en una práctica antisindical. Lo anterior, pues, por los términos de la disposición de que se trata, solo cabe interpretarla en el sentido que basta que se acredite la conducta objetiva que contempla para inferir, por ausencia de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor, que se incurrió en un atentado a la libertad sindical y, con ello, en la práctica desleal denunciada;		6 Que, en consecuencia, es pertinente tener ° presente qué hechos quedaron asentados como tales y, según se advierte de la lectura de la sentencia impugnada, son los siguientes: que entre las partes existe una relación laboral vigente; que la trabajadora tiene la calidad de dirigente sindical y desempeña la labor de profesora de lenguaje con treinta horas de docencia; que en el año lectivo 2015 se le asignó la docencia de un curso de primer año de enseñanza media, en circunstancias que en el anterior la ejercía en cursos de tercero y cuarto año de igual nivel escolar; y que se modificaron los horarios de un año respecto al otro. Dichos presupuestos fácticos autorizan concluir que el empleador ejerció respecto de la trabajadora las facultades del ius variandi que establece el artículo 12 del Código del Trabajo; y como su ejercicio está sometido a una regla especial tratándose de dirigentes sindicales, a saber, que concurra un caso fortuito o fuerza mayor, se debe concluir que tanto por aplicación de lo dispuesto en el artículo 243 inciso 2° del Código del Trabajo, como por lo que previene el artículo 493 del mismo estatuto, correspondía al demandado probar que obró de la manera reseñada precisamente porque se configuró un evento susceptible de ser calificado de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, justificar su decisión, lo que no hizo; lo que conduce a la conclusión que incurrió en una práctica antisindical. Lo anterior, pues, por los términos de la disposición de que se trata, solo cabe interpretarla en el sentido que basta que se acredite la conducta objetiva que contempla para inferir, por ausencia de la prueba del caso fortuito o fuerza mayor, que se incurrió en un atentado a la libertad sindical y, con ello, en la práctica desleal denunciada;

Admin en 03:23 4 may 2019

2019-05-04T03:23:29Z

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	[[Categoría:Unificaciones redactadas por Gloria Ana Chevesich]]		[[Categoría:Unificaciones redactadas por Gloria Ana Chevesich]]
	[[Categoría:Unificaciones sobre Prácticas desleales o antisindicales]]		[[Categoría:Unificaciones sobre Prácticas desleales o antisindicales]]
			[[Categoría:Unificaciones con voto en contra de Rodrigo Correa González]]

Admin: /* Sentencia de Unificación */

2019-05-03T23:51:29Z

Sentencia de Unificación

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Línea 86:		Línea 86:
	Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.		Santiago, veintiuno de marzo de dos mil diecisiete.

	Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C inciso 2° del Código del Trabajo, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.		Dando cumplimiento a lo dispuesto en el [[artículo 483 C del Código del Trabajo\|artículo 483-C inciso 2° del Código del Trabajo]], se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

	Vistos:		'''Vistos''':

	Se reproducen los motivos primero a cuarto de la sentencia de base, y los fundamentos 3° a 6° de la de unificación de jurisprudencia.		Se reproducen los motivos primero a cuarto de la sentencia de base, y los fundamentos 3° a 6° de la de unificación de jurisprudencia.
Línea 94:		Línea 94:
	Y se tiene, además, presente:		Y se tiene, además, presente:

	Que, por las razones anotadas, y por no haberse acreditado las circunstancias que establece el artículo 243 inciso 2° del Código del Trabajo, y que autorizan al empleador a hacer uso de la facultad que consagra el artículo 12 del mismo, que están establecidas para tutelar la libertad sindical, se debe concluir que se incurrió en la práctica antisindical denunciada.		Que, por las razones anotadas, y por no haberse acreditado las circunstancias que establece el [[Artículo 243 del Código del Trabajo\|artículo 243 inciso 2° del Código del Trabajo]], y que autorizan al empleador a hacer uso de la facultad que consagra el artículo 12 del mismo, que están establecidas para tutelar la libertad sindical, se debe concluir que se incurrió en la práctica antisindical denunciada.

	Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 224, 234, 292, 294 bis y 485 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge la denuncia por prácticas antisindicales presentada por la Inspección Comunal del Trabajo en contra de la Corporación de Desarrollo de La Reina, representada por su Director Ejecutivo, don Eduardo Riveros Mendoza, y se declara que incurrió en una conducta lesiva de la libertad sindical, ordenándose que cese la conducta conforme a la cual se cambiaron las labores que desempeñaba la señora Cecilia Catalán Fernández, como la distribución de su jornada de trabajo, debiendo otorgársele las labores convenidas y según la jornada que cumplía en el año 2014. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, debiendo oficiarse a dicho organismo para su cobro, y remitirse copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo una vez que quede ejecutoriada, con costas.		'''Por estas consideraciones''' y lo dispuesto en los artículos 224, 234, 292, 294 bis y 485 y siguientes del Código del Trabajo, '''se acoge la denuncia por prácticas antisindicales''' presentada por la Inspección Comunal del Trabajo en contra de la Corporación de Desarrollo de La Reina, representada por su Director Ejecutivo, don Eduardo Riveros Mendoza, y se declara que incurrió en una conducta lesiva de la libertad sindical, ordenándose que cese la conducta conforme a la cual se cambiaron las labores que desempeñaba la señora Cecilia Catalán Fernández, como la distribución de su jornada de trabajo, debiendo otorgársele las labores convenidas y según la jornada que cumplía en el año 2014. Además, se la condena al pago de una multa equivalente a treinta unidades tributarias mensuales a beneficio del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, debiendo oficiarse a dicho organismo para su cobro, y remitirse copia de la presente sentencia a la Dirección del Trabajo una vez que quede ejecutoriada, con costas.

	Acordado con el voto en contra del abogado integrante señor Rodrigo Correa G., conforme su opinión expresada en su disidencia del fallo de nulidad.		'''Acordado con el voto en contra''' del abogado integrante señor '''[[Rodrigo Correa González\|Rodrigo Correa G]]'''., conforme su opinión expresada en su disidencia del fallo de nulidad.

	Regístrese y devuélvase.		Regístrese y devuélvase.

	Redactó la ministra Gloria Ana Chevesich Ruiz.		Redactó la ministra [[Gloria Ana Chevesich Ruiz]].

	Rol N° 65.417-16.-		'''Rol N° 65.417-16.-'''

	Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Rodrigo Correa G. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso.		Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Rodrigo Correa G. No firma el Ministro señor Blanco, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso.
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	[[Categoría:Unificaciones de 2017]]		[[Categoría:Unificaciones de 2017]]
	[[Categoría:Unificaciones redactadas por Gloria Ana Chevesich]]		[[Categoría:Unificaciones redactadas por Gloria Ana Chevesich]]
	[[Categoría:Unificaciones sobre Prácticas ~~Antisindicales~~]]		[[Categoría:Unificaciones sobre Prácticas desleales o antisindicales]]

Admin en 16:19 10 abr 2019

2019-04-10T16:19:00Z

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ROL N° 65417-2016

Fecha: 21-03-2017

"Inspeccion Comunal del Trabajo Santiago Sur Oriente con Corporacion de Desarollo de La Reina"

ICA de Santiago, Rol 1185-2018

2° JLT de Santiago, RIT S-133-2015

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