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	Pronunciado por la [[Cuarta Sala de la Corte Suprema]] integrada por los Ministros señor [[Ricardo Blanco Herrera\|Ricardo Blanco H]]., señora [[Gloria Ana Chevesich R]]., señor [[Carlos Aránguiz Z]]., señora [[Andrea Muñoz Sánchez\|Andrea Muñoz S]]., y el Abogado Integrante señor [[Ricardo Peralta V]].		Pronunciado por la [[Cuarta Sala de la Corte Suprema]] integrada por los Ministros señor [[Ricardo Blanco Herrera\|Ricardo Blanco H]]., señora [[Gloria Ana Chevesich R]]., señor [[Carlos Aránguiz Z]]., señora [[Andrea Muñoz Sánchez\|Andrea Muñoz S]]., y el Abogado Integrante señor [[Ricardo Peralta V]].

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	En el mismo sentido, invocó lo decidido en sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, dictada en los autos rol Nº 119-2012, caratulados "Díaz Díaz Ana Luisa y otros con Municipalidad de Chimbarongo".		En el mismo sentido, invocó lo decidido en sentencia de la Corte de Apelaciones de Rancagua, dictada en los autos rol Nº 119-2012, caratulados "Díaz Díaz Ana Luisa y otros con Municipalidad de Chimbarongo".

	CUARTO: Que de la lectura del fallo dictado por la [[Corte de Apelaciones de Concepción]] en el ingreso Nº 193-2013, se desprende que se trata del caso de una docente del sector municipal, que fue designada en su cargo en calidad de titular y prestó funciones desde el 1 de septiembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2012, al acogerse al régimen de renuncia voluntaria contemplado en el artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.501. La actora demandó a fin que se condene al pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2012. La demanda referida fue acogida por sentencia dictada por el [[Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles]] , contra la que se dedujo [[recurso de nulidad]] por la parte demandada, fundado en la causal del [[artículo 477 del Código del Trabajo]] por infracción del artículo undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501 en relación con el artículo 41 bis de la [[Ley Nº 19.070]]. La [[Corte de Apelaciones de Concepción]], conociendo del [[recurso de nulidad]] reseñado lo rechazó, al estimar en el motivo quinto que la actora se encontraba en la situación prevista en el artículo undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501, que la hace acreedora del derecho a percibir las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, puesto que la remisión que efectúa la disposición legal citada al artículo 41 bis lo es tanto para docentes contratados como titulares, con contrato vigente al mes de diciembre, a quienes se reconoce la prórroga allí contenida y autoriza a cobrar las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año siguiente. Enseguida, la sentencia considera que la bonificación establecida en el artículo noveno transitorio del texto legal citado, por retiro voluntario, tiene como beneficiarios a los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, sea en calidad de titulares o contratados; a continuación, considera que el artículo undécimo transitorio del mismo cuerpo legal expresa que los profesionales de la educación a quienes se aplique lo establecido en el artículo noveno transitorio (o sea docentes titulares o contratados), y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis del DFL Nº 1 de 1997 del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período que en esta última disposición se señala. Luego, razona en su fundamento sexto de la manera que sigue: "Que, la circunstancia de haberse producido la desvinculación de la docente y [[término de la relación laboral]], a raíz de su renuncia voluntaria, por el solo ministerio de la ley, para acceder a los beneficios allí estipulados, no implica que ella no pueda cobrar las remuneraciones de enero y febrero, pues se dan todos los supuestos de hecho que hacen operativo el beneficio adicional que determina la obligación del empleador de pagar tales remuneraciones aunque no se hayan trabajado efectivamente, sea que se trate de docentes contratadas o titulares. Tal como lo señala el tribunal a quo, discriminar entre tipos de contratos supone generar situaciones de desigualdad no razonables y contrarias a la equidad, afectándose de paso el principio de [[indubio pro operario]] que debe tenerse en cuenta en la interpretación de los casos de difícil solución".		CUARTO: Que de la lectura del fallo dictado por la [[Corte de Apelaciones de Concepción]] en el ingreso Nº 193-2013, se desprende que se trata del caso de una docente del sector municipal, que fue designada en su cargo en calidad de titular y prestó funciones desde el 1 de septiembre de 1981 hasta el 31 de diciembre de 2012, al acogerse al régimen de renuncia voluntaria contemplado en el artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.501. La actora demandó a fin que se condene al pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2012. La demanda referida fue acogida por sentencia dictada por el [[Juzgado de Letras del Trabajo de Los Ángeles]] , contra la que se dedujo [[recurso de nulidad]] por la parte demandada, fundado en la causal del [[artículo 477 del Código del Trabajo]] por infracción del artículo undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501 en relación con el artículo 41 bis de la [[Ley Nº 19.070]]. La [[Corte de Apelaciones de Concepción]], conociendo del [[recurso de nulidad]] reseñado lo rechazó, al estimar en el motivo quinto que la actora se encontraba en la situación prevista en el artículo undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501, que la hace acreedora del derecho a percibir las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013, puesto que la remisión que efectúa la disposición legal citada al artículo 41 bis lo es tanto para docentes contratados como titulares, con contrato vigente al mes de diciembre, a quienes se reconoce la prórroga allí contenida y autoriza a cobrar las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año siguiente. Enseguida, la sentencia considera que la bonificación establecida en el artículo noveno transitorio del texto legal citado, por retiro voluntario, tiene como beneficiarios a los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, sea en calidad de titulares o contratados; a continuación, considera que el artículo undécimo transitorio del mismo cuerpo legal expresa que los profesionales de la educación a quienes se aplique lo establecido en el artículo noveno transitorio (o sea docentes titulares o contratados), y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis del DFL Nº 1 de 1997 del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período que en esta última disposición se señala. Luego, razona en su fundamento sexto de la manera que sigue: "Que, la circunstancia de haberse producido la desvinculación de la docente y [[término de la relación laboral]], a raíz de su renuncia voluntaria, por el solo ministerio de la ley, para acceder a los beneficios allí estipulados, no implica que ella no pueda cobrar las remuneraciones de enero y febrero, pues se dan todos los supuestos de hecho que hacen operativo el beneficio adicional que determina la obligación del empleador de pagar tales remuneraciones aunque no se hayan trabajado efectivamente, sea que se trate de docentes contratadas o titulares. Tal como lo señala el tribunal a quo, discriminar entre tipos de contratos supone generar situaciones de desigualdad no razonables y contrarias a la equidad, afectándose de paso el [[Principio In dubio pro operario\|principio de indubio pro operario]] que debe tenerse en cuenta en la interpretación de los casos de difícil solución".

	Por su parte, del análisis del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Rancagua en el ingreso Nº 119-2012, se desprende que se trata del caso de docentes titulares del sector municipal, que se acogieron al plan de retiro previsto por el artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.501. Las actoras demandaron a fin que se condene al pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2012. La demanda referida fue acogida por sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando, contra la que se dedujo [[recurso de nulidad]] por la parte demandada, fundado en la causal del [[artículo 477 del Código del Trabajo]] por infracción de ley, en relación con los artículos 1, 41 bis y 71 de la [[Ley Nº 19.070]], y undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501; y en subsidio, la causal contenida en el artículo 478 letra b) del [[Código del Trabajo\|Código Laboral]]. La Corte de Apelaciones de Rancagua conociendo del [[recurso de nulidad]] reseñado lo rechazó, por estimar en el motivo segundo que el artículo 41 bis del [[Estatuto Docente]] se aplica tanto a profesores contratados como titulares. Luego, razona en el mismo considerando: ".el artículo undécimo de la Ley 20.501, señala a la letra que los profesionales de la educación a quienes se aplique lo establecido en los artículo noveno y décimo transitorios de la misma ley, "y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis) del [[Decreto con Fuerza de Ley]] Nº 1 de 1997" mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de los meses de enero y febrero siguientes. Esta disposición obliga a entender que el artículo 41 bis) recién indicado no se refiere sólo a los docentes que continuarán laborando en marzo, ni tiene exclusivamente por objeto evitar, entonces, una solución de continuidad en sus remuneraciones. La interpretación judicial cede aquí ante la ley expresa, de manera que cualquiera haya sido la intención del legislador original, el que promulgó la ley 20.501 ha dejado en claro la suya y por lo tanto no cabe hacer distinciones como las que el recurso pretende. Profesores contratados o profesores titulares, todos son parte de un contrato en cuanto acuerdo de voluntades que genera obligaciones y a todos se les aplica el artículo 41 bis) de la Ley 19.070, sin más exigencias que las formales que allí aparecen, todas ellas cumplidas en la especie; esto es, que tuvieran contrato vigente al mes de diciembre y que tuvieran más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio".		Por su parte, del análisis del fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Rancagua en el ingreso Nº 119-2012, se desprende que se trata del caso de docentes titulares del sector municipal, que se acogieron al plan de retiro previsto por el artículo noveno transitorio de la Ley Nº 20.501. Las actoras demandaron a fin que se condene al pago de las remuneraciones correspondientes a los meses de enero y febrero de 2012. La demanda referida fue acogida por sentencia dictada por el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de San Fernando, contra la que se dedujo [[recurso de nulidad]] por la parte demandada, fundado en la causal del [[artículo 477 del Código del Trabajo]] por infracción de ley, en relación con los artículos 1, 41 bis y 71 de la [[Ley Nº 19.070]], y undécimo transitorio de la Ley Nº 20.501; y en subsidio, la causal contenida en el artículo 478 letra b) del [[Código del Trabajo\|Código Laboral]]. La Corte de Apelaciones de Rancagua conociendo del [[recurso de nulidad]] reseñado lo rechazó, por estimar en el motivo segundo que el artículo 41 bis del [[Estatuto Docente]] se aplica tanto a profesores contratados como titulares. Luego, razona en el mismo considerando: ".el artículo undécimo de la Ley 20.501, señala a la letra que los profesionales de la educación a quienes se aplique lo establecido en los artículo noveno y décimo transitorios de la misma ley, "y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis) del [[Decreto con Fuerza de Ley]] Nº 1 de 1997" mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de los meses de enero y febrero siguientes. Esta disposición obliga a entender que el artículo 41 bis) recién indicado no se refiere sólo a los docentes que continuarán laborando en marzo, ni tiene exclusivamente por objeto evitar, entonces, una solución de continuidad en sus remuneraciones. La interpretación judicial cede aquí ante la ley expresa, de manera que cualquiera haya sido la intención del legislador original, el que promulgó la ley 20.501 ha dejado en claro la suya y por lo tanto no cabe hacer distinciones como las que el recurso pretende. Profesores contratados o profesores titulares, todos son parte de un contrato en cuanto acuerdo de voluntades que genera obligaciones y a todos se les aplica el artículo 41 bis) de la Ley 19.070, sin más exigencias que las formales que allí aparecen, todas ellas cumplidas en la especie; esto es, que tuvieran contrato vigente al mes de diciembre y que tuvieran más de seis meses continuos de servicios para el mismo municipio".

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