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2020-05-12T16:23:19Z

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==Sentencia==

Santiago, siete de febrero de dos mil veinte

Vistos:

En autos Rit O-59-2018, Ruc 1840107545-K, del Juzgado de Letras de Peñaflor, caratulados "Tapia con Municipalidad de Padre Hurtado", por sentencia de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, se acogió la demanda interpuesta por doña Nilsa Viviana Tapia Jarpa, declarando que existió relación laboral entre la actora y la Municipalidad de Padre Hurtado, desde el día 15 de diciembre de 2009 hasta el 31 de marzo de 2018. Asimismo, se declaró que el despido fue carente de causal legal, por lo que se condenó a la demandada al pago de indemnizaciones sustitutiva del aviso previo y por años de servicio con el incremento legal del cincuenta por ciento, junto a las prestaciones que indica, más reajustes e intereses; rechazándose la demanda de nulidad del despido y cobro de cotizaciones adeudadas.

Las partes dedujeron en contra de dicho fallo recursos de nulidad. El demandante lo fundó en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a lo dispuesto en el artículo 58 del Código del Trabajo y artículos 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, porque a pesar de reconocerse la relación laboral existente entre las partes, en la sentencia no se ordenó el pago de las cotizaciones previsionales por todo el periodo trabajado; e incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo; y, en subsidio, invocó la causal del artículo 478 letra e) del mismo texto legal. Por su parte, la demandada fundó el recurso de nulidad en la causal del artículo 477 del Estatuto Laboral, por infracción de los artículos 3, 7 Y 8 del Código del Trabajo y 1, 3 y 4 de la Ley 18.883; y, también en subsidio, la de la letras e) del artículo 478.

Una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, mediante sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, rechazó los recursos de nulidad.

Respecto de dicha decisión la demandante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, para que esta Corte lo acoja y dicte sentencia de reemplazo unificando jurisprudencia, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho objeto del juicio que el recurrente solicita unificar, dice relación con la procedencia del pago de las cotizaciones previsionales correspondiente al periodo que se mantuvo vigente la relación laboral y la sanción establecida en el artículo 162 del Código del Trabajo, cuando en la sentencia se declara la existencia de la relación laboral respecto de trabajadores que se desempeñaron a honorarios en una Municipalidad.

Señala que es erróneo lo decidido por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en cuanto rechazó el recurso de nulidad que interpuso, al estimar que no es procedente el pago de las cotizaciones previsionales durante el tiempo en que se extendió la relación laboral y, asimismo, la aplicación de la sanción de nulidad del despido cuando la existencia de la relación laboral se establece recién en la sentencia, y la empleadora no retuvo de las remuneraciones la parte correspondiente para el pago de las cotizaciones, opinión que contradice el criterio jurisprudencial sostenido por esta Corte en las sentencias dictadas en los autos roles números 8.318-2014, 6.604-2014 y 45.842-2016, cuyas copias acompaña para su contraste.

Solicita se acoja su recurso y se dicte sentencia de reemplazo unificando jurisprudencia en los términos señalados.

Tercero: Que la decisión impugnada resolvió la controversia argumentando "Que si bien efectivamente y, como lo señalara la parte pretensora, el artículo 58 del Código del Trabajo obliga al empleador a deducir de las remuneraciones del trabajador las cotizaciones de seguridad social a las que este se encuentra obligado a pagar conforme lo dispone el artículo 17 del Decreto Ley 3.500, las que deben ser enteradas conforme lo informa el artículo 19 de la última ley antes referida ante el órgano de seguridad social que allí se menciona y quien de así no hacerlo incurre en la sanción contemplada en el inciso 5° del artículo 162 del código del ramo, aquello en este caso no resulta ser aplicable, por cuanto esta sanción se encuentra establecida para el empleador que se apropia de los dineros que tenía la obligación de pagar como cotización previsional, lo que acá no acontece, puesto que aquí, lo pactado por las partes fue un contrato de honorarios, convenio que sólo posteriormente y por la vía de la declaración judicial efectuada en la sentencia en análisis, aparece que se trata de un contrato de trabajo, de lo que necesariamente ha de colegirse que el demandado en este caso, obró de buena fe, más aún se considera que aquí no existe reclamo alguno en relación al íntegro pago de los honorarios pactados, incluyéndose en esto lo correspondiente a cotizaciones previsionales, que fuera percibido por la trabajadora por concepto de honorarios y con un tratamiento tributario distinto".

Asimismo, razonó que "...también corresponde señalar que en caso alguno podía la entidad edilicia pagar las cotizaciones previsionales, en relación a un contrato a honorarios, puesto que de hacerlo podría haber infringido normativa administrativa, que regula el gasto del erario municipal.

De igual forma, nuestro más alto tribunal de la República, en el caso de los contratos de honorarios celebrados con órganos de la Administración del Estado, en los términos del artículo 1° inciso 2° de la ley N° 18.575 ha sostenido en reiterados y recientes recursos de unificación de jurisprudencia que estos contratos celebrados en el marco de un estatuto legal determinado se encuentran amparados de una presunción de legalidad, conforme a la cual, un acto que no ha sido declarado nulo se presume válido, por lo que en caso alguno la Administración, en este caso la demandada, puede realizar descuentos previsionales a los que no está autorizada, concluyendo de esta forma, que tales contratos de honorarios no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido, excluyendo la idea de simulación o fraude por parte del empleador que intenta ocultar por la vía de contratación a honorarios la existencia de una relación laboral.

Que así las cosas, no consta la vulneración de derecho alegada por el recurrente, por lo que en consecuencia el recurso de nulidad por la causal de nulidad ya informada no puede prosperar, ya que ninguna de éstas deben ser aplicadas en la especie".

Cuarto: Que la sentencia acompañada para la comparación de la materia de derecho relativa al pago de las cotizaciones previsionales de un trabajador contratado a honorarios en una Municipalidad en la que se reconoce la existencia de una relación laboral, correspondiente al ingreso N° 42.973-2017 de esta Corte, dictada con fecha 11 de julio de 2018, expresa que "...lo que atañe a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral, cabe señalar que el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: "El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...". Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, al indicar: "Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...". Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: "Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...". El inciso segundo de la misma disposición agrega: "Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...". Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija".

Asimismo, razona que "...de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos. A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido improcedente, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió. Sin embargo, conforme a lo razonado, debió accederse a dicha pretensión. En efecto, por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia de la relación laboral, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, de tal modo que al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, se incurrió en la vulneración del artículo 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500. Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a las normas legales indicadas, debió ser acogido y anulada la sentencia del grado, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo".

Finalmente, concluye que "...conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido parcialmente. Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en cuanto rechazó el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, que interpuso contra la sentencia de base de siete de agosto del mismo año, emanada del Primer Juzgado de Letras de Melipilla, en autos Rit O-22-2017, Ruc 17-4- 0010858-7, y se declara que es nula, en cuanto desestimó la demanda de cobro de las cotizaciones de seguridad social impagas durante el período que estuvo vigente la relación laboral, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo".

En el mismo sentido se pronuncia el fallo correspondiente al ingreso N° 48-2018, dictado el 12 de abril de 2018 por la Corte de Apelaciones de San Miguel.

Quinto: Que en lo que se refiere a la materia de derecho relativa a la sanción de nulidad del despido contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, se acompañó como contraste la sentencia dictada por esta Corte en los autos Rol N° 36.758-2017, de 5 de marzo de 2018, que, en lo que interesa, señala que "...para los fines de asentar la recta exégesis en la materia, debe tenerse presente, además, lo ya resuelto por esta Corte en los autos roles números 9.690-15, 40.560-16 y 76.274-16 y más recientemente en los autos ingresos números 100.842-16 y 3.618-17, en los que se dictó sentencia con fecha 22 de mayo último, y cuyos razonamientos se comparten, en cuanto concluyen que es procedente la sanción de nulidad del despido cuando es la sentencia del grado la que reconoce y declara la existencia de la relación laboral, porque, conforme indican: "la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y ésta se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos y al no cumplir con esta exigencia se hace acreedor de la sanción establecida en el artículo 162, incisos 5°, 6° y 7°, del Código del Trabajo", y se precisa que la sentencia que declaró la existencia de la relación laboral entre las partes: "no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época [...], en que las partes la constituyeron".

Asimismo, refiere que "...en estas condiciones, yerran los sentenciadores de la Corte de Apelaciones de Santiago al concluir que no es aplicable la sanción de nulidad del despido porque la existencia de la relación laboral fue reconocida y declarada en la sentencia de base, pues, como ya se dijo, acreditado el presupuesto fáctico de la sanción contemplada en el artículo 162 del Código del Trabajo, corresponde su aplicación, desde que fluye de los hechos establecidos en el fallo de instancia que la empleadora no dio cumplimiento a la obligación establecida en el inciso quinto de dicha norma, puesto que se acreditó que no enteró las cotizaciones de seguridad social de la trabajadora durante todo el tiempo en que prestó servicios, no eximiéndola de dicha carga el hecho de no haber efectuado la retención correspondiente.

...En efecto, por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia de la relación laboral, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían; y, por lo tanto, provocó los efectos que el legislador prevé, siéndole exigibles y aplicables las obligaciones que el derecho laboral contempla, y consecuencialmente, cada una de las sanciones previstas por su incumplimiento, entre ellas, la del artículo 162 del código ya citado, aspecto en que el fallo de base, es también de naturaleza condenatoria. Tal decisión no se trata de una de efectos constitutivos, en cuanto instaura de la nada una situación jurídica que, por consiguiente, se inicia con la sentencia firme y ejecutoriada, de tal modo que al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, se incurrió en la vulneración de la norma legal indicada. Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción al artículo 162, incisos quinto, sexto y séptimo, del Código del Trabajo, debió ser acogido y anulada la sentencia del grado, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo".

De la misma forma es resuelta la controversia en los autos Roles N° 8318-2014, 6604-2014 y 45.842-2016, todos dictados por esta Corte y también acompañados como cotejo.

Sexto: Que, como se observa, se constata la existencia de pronunciamientos diversos emanados de Tribunales Superiores de Justicia respecto de las materias de derecho debatidas, por lo que procede unificar jurisprudencia, conforme el criterio que esta Corte estima correspondiente.

En dicho contexto, y en relación con la materia relativa a la sanción contemplada en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 162 del estatuto laboral, resulta útil expresar que la materia objeto de la litis ya fue conocida por esta Corte según dan cuenta sentencias dictadas en las causas roles números 4.1500-2017; 37.339-2017; 36.601-2017 y últimamente en los Roles 28.229-2018, 4.440-2019 y 4.515-2019, entre otras, en las que se unificó la jurisprudencia en el sentido que, tratándose de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Séptimo: Que siendo indiscutible que la sentencia que reconoce la existencia de una relación laboral entre las partes es de naturaleza declarativa, -siendo impropio y jurídicamente errado asignarle, como lo hace la decisión impugnada, un carácter constitutivo según la condición pública del sujeto contratante, pues tal cuestión no depende de la naturaleza jurídica que ostenten las partes, sino del contenido del pronunciamiento judicial-, la regla general en esta materia, es la procedencia de la sanción de la nulidad del despido, constatada la circunstancia fáctica de no encontrarse pagadas las cotizaciones previsionales a la época del término de la vinculación laboral reconocida por el fallo de base.

Octavo: Que, por otro lado, la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 ya mencionado, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que para ello requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido, de manera que no procede aplicar la nulidad del despido cuando la relación laboral se establece con un órgano de la Administración del Estado y ha devenido a partir de una vinculación amparada en un determinado estatuto legal propio de dicho sector, base sobre la cual, también debe desecharse el recurso de nulidad del actor.

Noveno: Que, de este modo, esta nueva comprensión doctrinal del tema lleva necesariamente a concluir que el fallo impugnado, aunque con argumentos que esta Corte no comparte, en lo resolutivo, coincide con la conclusión arribada, esto es, que procedía desestimar el recurso de nulidad del demandante en esta parte del punto traído a discusión, manteniendo el rechazo de la pretensión del recurrente de aplicar a la demandada la sanción de la nulidad de despido, pues la correcta interpretación de la materia objeto del juicio, conforme se expuso, lleva a la misma decisión, de modo que aunque no es adecuada la postura del fallo revisado, tal incorrección no influye en lo dispositivo del fallo, siendo forzoso, por tanto, el rechazo del presente arbitrio.

Décimo: Que, por otra parte, en lo que atañe a la pretensión del trabajador referida al pago de las cotizaciones previsionales durante el período que se mantuvo vigente la relación laboral, cabe señalar que, tal como fue resuelto por esta Corte con fecha 11 de julio de 2018 en los autos Rol N° 42.973-2017, el Código del Trabajo, en su capítulo VI del Título I del Libro I, contiene una serie de normas destinadas a proteger las remuneraciones. Así, el artículo 58, impone, entre otras, la siguiente obligación: "El empleador deberá deducir de las remuneraciones los impuestos que las graven, las cotizaciones de seguridad social...".

Tal descuento a la remuneración de un trabajador para los efectos de la seguridad social, es obligatorio según lo estipula el artículo 17 del Decreto Ley N° 3.500, al indicar: "Los trabajadores afiliados al Sistema, menores de sesenta y cinco años de edad si son hombres, y menores de sesenta años de edad si son mujeres, estarán obligados a cotizar en su cuenta de capitalización individual el diez por ciento de sus remuneraciones y rentas imponibles...".

Además, el mismo cuerpo legal al establecer el nuevo sistema de pensiones, el de las Administradoras de Fondos de Pensiones o de capitalización individual, en su artículo 19 estipula: "Las cotizaciones establecidas en este Título deberán ser declaradas y pagadas por el empleador [...] en la Administradora de Fondos de Pensiones a que se encuentre afiliado el trabajador, dentro de los diez primeros días del mes siguiente a aquel en que se devengaron las remuneraciones y rentas afectas a aquéllas...". El inciso segundo de la misma disposición agrega: "Para este efecto, el empleador deducirá las cotizaciones de las remuneraciones del trabajador y pagará las que sean de su cargo...".

Como se puede advertir, la cotización previsional es un gravamen que pesa sobre las remuneraciones de los trabajadores, el cual es descontado por el empleador con la finalidad de ser enterado ante el órgano previsional al que se encuentren afiliados sus dependientes, junto al aporte para el seguro de cesantía que le corresponde a él mismo sufragar, dentro del plazo que la ley fija.

Undécimo: Que, de esta manera, la naturaleza imponible de los haberes los determina la ley y se presume por todos conocida, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 8° del Código Civil, de modo que las remuneraciones siempre revistieron dicho carácter, lo que lleva a que el empleador debe hacer las deducciones pertinentes y enterarlas en los organismos previsionales respectivos.

A lo anterior, cabe agregar que la sentencia definitiva dictada no es de naturaleza constitutiva sino declarativa, sólo constata una situación preexistente, en consecuencia, la obligación se encontraba vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, desde la misma época. En efecto, sobre la base de la existencia de una situación jurídica dada, en el caso de autos una relación laboral, se dedujo demanda de cobro de prestaciones con el objeto que se condenara a la demandada, además de declarar el despido improcedente, al pago de las cotizaciones de seguridad social porque no habían sido solucionadas, a lo cual no se accedió.

Sin embargo, conforme a lo razonado, debió accederse a dicha pretensión, pues por tratarse la sentencia del grado de una de naturaleza declarativa, significa que sólo se constata la existencia de la relación laboral, esto es, se reconoce su existencia como una situación jurídica válida y preexistente, que se prolongó durante el lapso que se extendió la relación laboral, de manera que si las cotizaciones de seguridad social no fueron pagadas de conformidad con las remuneraciones que correspondían, debió accederse a su pago, de tal modo que al decidirse como se hizo en el pronunciamiento del grado, se incurrió en la vulneración del artículo 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500.

Sobre esta premisa, el recurso de nulidad planteado por la parte demandante, fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, por infracción a las normas legales indicadas, debió ser acogido y anulada la sentencia del grado, puesto que dicho error influyó sustancialmente en lo dispositivo del fallo.

Duodécimo: Que, conforme a lo razonado, y habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la referida materia de derecho objeto del juicio, el presente recurso de unificación de jurisprudencia deberá ser acogido parcialmente.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge parcialmente el recurso de unificación de jurisprudencia deducido por la parte demandante contra la sentencia de veintidós de marzo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel, en cuanto rechazó el recurso de nulidad fundado en la causal del artículo 477 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 58 del Código del Trabajo y 17 y 19 del Decreto Ley N° 3.500, que interpuso contra la sentencia de base de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, emanada del Juzgado de Letras del Trabajo de Peñaflor, en autos Rit O-59-2018, Ruc 1840107545-K, y se declara que es nula, en cuanto desestimó la demanda de cobro de las cotizaciones de seguridad social impagas durante el período que estuvo vigente la relación laboral, debiendo dictarse acto seguido y sin nueva vista, pero separadamente, la respectiva de reemplazo.

Se previene que el Ministro Señor Silva C., tiene además presente, en lo relativo a la discusión sobre la sanción de nulidad de despido, que el inciso quinto del artículo 162 del Código del Trabajo impone al empleador una obligación, en cuanto para proceder al despido del trabajador por alguna de las causales contempladas en el artículo 160 o en los numerales 4, 5 o 6 del artículo 159, todos del cuerpo legal ya citado, debe informarle por escrito el estado de pago de las cotizaciones previsionales devengadas hasta el último día del mes anterior al del despido, adjuntando los comprobantes que lo justifiquen, de tal manera que si no hubiere efectuado el íntegro de las imposiciones a la fecha del cese de los servicios, éste no producirá el efecto de poner término al contrato de trabajo.

Una vez concretada la exoneración eludiendo la carga aludida -y sin perjuicio que el inciso 6° de la misma disposición prevé la posibilidad de convalidarla mediante el pago de las imposiciones morosas del dependiente y la comunicación de este hecho a través de una carta certificada acompañada de la documentación en que conste la recepción de dicho pago- el inciso 7° obliga al empleador a pagar al trabajador las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el pacto laboral durante el período comprendido entre la fecha de la desvinculación y la de envío o entrega de la referida comunicación al trabajador.

La sanción que se contempla en el referido artículo 162 procura la observancia de la normativa previsional, por cuanto determina que el despido que se verifica fuera de las condiciones legales para ello, en lo que al pago de las cotizaciones previsionales se refiere, obliga a que el empleador mantenga el pago de las remuneraciones y demás prestaciones consignadas en el contrato, en tanto no se regularice la situación previsional del dependiente y ello le sea comunicado. El aludido castigo ha sido previsto para el empleador que ha efectuado la retención correspondiente de las remuneraciones del dependiente y no entera los fondos en el organismo respectivo, es decir, no cumple su rol de agente intermediario y ha distraído dineros que no le pertenecen en finalidades distintas a aquéllas para las cuales fueron retenidos.

En el caso en análisis, la parte demandada reconoció la existencia de un vínculo laboral sujeto a una serie de contratos a honorarios, tesis contraria a la de la actora que reclaman la existencia de una relación laboral, controversia que aparece dirimida a favor de esta última sólo en la sentencia atacada, de modo que con anterioridad no hubo retención de cotizaciones en los organismos de seguridad social, y por ende, a juicio del previniente, no procede condenarla a la sanción contemplada en la referida disposición.

Regístrese.

Rol N° 10.621-2019.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Ricardo Blanco H., Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G. y los Abogados Integrantes señores Álvaro Quintanilla P., y Jorge Lagos G.

==Sentencia de reemplazo==

Santiago, siete de febrero de dos mil veinte.

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 483-C del Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

Se reproduce la sentencia del grado, con excepción de su motivación octava, que se elimina.

Asimismo, se reproducen las argumentaciones sexta a undécima de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

Y se tiene en su lugar y, además, presente:

Primero: Que habiéndose constatado o declarado la existencia de la relación laboral, y encontrándose establecido que la empleadora adeuda las cotizaciones de seguridad social de la actora, corresponde condenarla al entero de las cotizaciones adeudadas durante la vigencia de la relación laboral que se tuvo por acreditada.

Segundo: Que las reflexiones anteriores conducen a acoger, además de la acción por despido injustificado, la de cobro de cotizaciones de seguridad social.

Por estas consideraciones y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4 y 11 de la Ley N° 18.883; artículos 1665 y siguientes del Código Civil; artículos 1, 2, 3, 7, 8, 9, 41, 44, 63, 159, 160, 161, 168, 173, 420, 425, 456, 459 y 510 del Código del Trabajo, se declara que:

I.- Se mantienen las decisiones signada con los numerales I y II de la parte resolutiva del fallo de primera instancia.

II.- Se condena a la demandada a enterar las cotizaciones de seguridad social por todo el período trabajado entre el 15 de diciembre de 2009 al 31 de marzo de 2018.

III.- Se rechaza la acción de nulidad del despido.

IV.- No se condena en costas a la demandada, por no ser totalmente vencida y considerar que ha tenido motivo plausible para litigar.

Ejecutoriada que se encuentre la sentencia, cúmplase con lo que dispone dentro de quinto día. Pasen los antecedentes al Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional correspondiente.

Regístrese y devuélvase.

Rol N° 10.621-2019.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Ricardo Blanco H., Mauricio Silva C., señora María Angélica Cecilia Repetto G. y los Abogados Integrantes señores Álvaro Quintanilla P., y Jorge Lagos G.

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