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	En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.		En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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Admin en 19:28 23 may 2019

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	En apoyo de su postura invoca la sentencia dictada por esta Corte Suprema, de 2 de abril de 2014, en causa N° 11.472-2013, en que conociendo de un recurso de uniformidad interpuesto por la Municipalidad de Rengo, se sostiene: “Que el legislador, en la materia en estudio, no ha distinguido entre profesionales de la educación titulares o contratados. En efecto, aquél ha previsto en los artículos noveno y undécimo transitorios de la [[Ley N° 20.501]], que tanto la bonificación por retiro voluntario como la prórroga de la relación laboral y el pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año 2013, rigen para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea en calidad de titulares o contratados, y que reúnan los presupuestos que previenen las disposiciones referidas. En otras palabras, del tenor literal de la normativa que se ha transcrito en lo pertinente a la bonificación por retiro voluntario y al pago de los meses de enero y febrero del año 2013, fluye que los textos referidos han establecido los beneficios aludidos para los profesionales de la educación, sin distinguir la calidad en que se han incorporado a la respectiva dotación docente.”. “Que de lo dicho, se colige que los profesionales de la educación, ya sean titulares o contratados, quienes cesen en sus funciones en los términos previstos en los artículos noveno y décimo transitorios de la misma ley, y que cumplan las exigencias formales descritas en el artículo 41 bis del [[Decreto con Fuerza de Ley]] N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación, tienen el derecho al pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero siguientes.”. “Que, a mayor abundamiento, cabe tener especialmente presente que conceder el beneficio de la prórroga únicamente a los profesionales de la educación que ostentan la calidad de contratados, importa una discriminación arbitraria, sin sustento legal, no sólo por los raciocinios vertidos en la sentencia impugnada, sino porque supone mejorar la condición de contratado por sobre la de titular, contrasentido inaceptable en la labor de interpretación de la ley.” “Que habiéndose precisado el alcance del artículo undécimo transitorio de la [[Ley N° 20.501]], corresponde concluir que el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero siguientes sólo a los docentes que se hayan incorporado a la dotación respectiva en calidad de contratados, infringe lo dispuesto en la disposición legal citada y en el artículo 41 bis del [[Estatuto Docente]], pues lo que procede es que en la situación descrita se otorgue el beneficio también a los profesionales de la educación titulares.”.		En apoyo de su postura invoca la sentencia dictada por esta Corte Suprema, de 2 de abril de 2014, en causa N° 11.472-2013, en que conociendo de un recurso de uniformidad interpuesto por la Municipalidad de Rengo, se sostiene: “Que el legislador, en la materia en estudio, no ha distinguido entre profesionales de la educación titulares o contratados. En efecto, aquél ha previsto en los artículos noveno y undécimo transitorios de la [[Ley N° 20.501]], que tanto la bonificación por retiro voluntario como la prórroga de la relación laboral y el pago de las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año 2013, rigen para los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal, ya sea en calidad de titulares o contratados, y que reúnan los presupuestos que previenen las disposiciones referidas. En otras palabras, del tenor literal de la normativa que se ha transcrito en lo pertinente a la bonificación por retiro voluntario y al pago de los meses de enero y febrero del año 2013, fluye que los textos referidos han establecido los beneficios aludidos para los profesionales de la educación, sin distinguir la calidad en que se han incorporado a la respectiva dotación docente.”. “Que de lo dicho, se colige que los profesionales de la educación, ya sean titulares o contratados, quienes cesen en sus funciones en los términos previstos en los artículos noveno y décimo transitorios de la misma ley, y que cumplan las exigencias formales descritas en el artículo 41 bis del [[Decreto con Fuerza de Ley]] N° 1 de 1997, del Ministerio de Educación, tienen el derecho al pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero siguientes.”. “Que, a mayor abundamiento, cabe tener especialmente presente que conceder el beneficio de la prórroga únicamente a los profesionales de la educación que ostentan la calidad de contratados, importa una discriminación arbitraria, sin sustento legal, no sólo por los raciocinios vertidos en la sentencia impugnada, sino porque supone mejorar la condición de contratado por sobre la de titular, contrasentido inaceptable en la labor de interpretación de la ley.” “Que habiéndose precisado el alcance del artículo undécimo transitorio de la [[Ley N° 20.501]], corresponde concluir que el pago de las remuneraciones de los meses de enero y febrero siguientes sólo a los docentes que se hayan incorporado a la dotación respectiva en calidad de contratados, infringe lo dispuesto en la disposición legal citada y en el artículo 41 bis del [[Estatuto Docente]], pues lo que procede es que en la situación descrita se otorgue el beneficio también a los profesionales de la educación titulares.”.

	Enseguida, el recurrente hace valer la sentencia pronunciada por la [[Corte de Apelaciones de Concepción]], en la causa N° 193-2013, de 13 de agosto de 2013, caratulada “Márquez con Municipalidad de Los Ángeles”, en la que se sostiene: “Que esta Corte comparte la conclusión jurídica del sentenciador del fondo, al estimar que la actora se encontraba en la situación prevista en el artículo 11 transitorio de la [[Ley N° 20.501]], que la hace acreedora del derecho a percibir las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013.” “De la lectura conjunta de los preceptos pertinentes, esto es, artículos 9 y 11 transitorios de la [[Ley N° 20.501]], en relación con el artículo 41 bis de la [[Ley N° 19.070]], resulta plausible sostener tal conclusión. En efecto, si tomamos como punto de partida la norma contenida en el artículo 9° transitorio del texto legal primeramente citado nos percatamos que la bonificación allí establecida, por retiro voluntario, tiene como beneficiarios a los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal..., sea en calidad de titulares o contratados y que al 31 de diciembre de 2012 tengan sesenta o más años de edad si son mujeres..., y renuncien a la dotación docente del sector municipal a que pertenecen, respecto del total de horas que sirven. Luego el artículo 11 transitorio del mismo cuerpo legal expresa que los profesionales de la educación a quienes se les aplique lo establecido en el artículo 9°....(o sea docentes titulares o contratados), y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis del DFL N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período que en esta última disposición se señala.” “En consecuencia, la remisión al artículo 41 bis lo es tanto para docentes contratados como titulares, con contrato vigente al mes de diciembre, como ocurrió en la especie, a quienes se reconoce la prórroga allí contenida y les autoriza a cobrar las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año siguiente.”. “Que, la circunstancia de haberse producido la desvinculación de la docente y [[término de la relación laboral]], a raíz de su renuncia voluntaria, por el solo ministerio de la ley, para acceder a los beneficios allí estipulados, no implica que ella no pueda cobrar las remuneraciones de enero y febrero, pues se dan todos los supuestos de hecho que hacen operativo el beneficio adicional que determina la obligación del empleador de pagar tales remuneraciones aunque no se hayan trabajado efectivamente, sea que se trate de docentes contratadas o titulares.”. “Tal como lo señala el tribunal a quo, discriminar entre tipos de contratos supone generar situaciones de desigualdad no razonables y contrarias a la equidad, afectándose de paso el principio de in dubio pro operario que debe tenerse en cuenta en la interpretación de los casos de difícil solución.”.		Enseguida, el recurrente hace valer la sentencia pronunciada por la [[Corte de Apelaciones de Concepción]], en la causa N° 193-2013, de 13 de agosto de 2013, caratulada “Márquez con Municipalidad de Los Ángeles”, en la que se sostiene: “Que esta Corte comparte la conclusión jurídica del sentenciador del fondo, al estimar que la actora se encontraba en la situación prevista en el artículo 11 transitorio de la [[Ley N° 20.501]], que la hace acreedora del derecho a percibir las remuneraciones de los meses de enero y febrero de 2013.” “De la lectura conjunta de los preceptos pertinentes, esto es, artículos 9 y 11 transitorios de la [[Ley N° 20.501]], en relación con el artículo 41 bis de la [[Ley N° 19.070]], resulta plausible sostener tal conclusión. En efecto, si tomamos como punto de partida la norma contenida en el artículo 9° transitorio del texto legal primeramente citado nos percatamos que la bonificación allí establecida, por retiro voluntario, tiene como beneficiarios a los profesionales de la educación que durante el año escolar 2011 pertenezcan a la dotación docente del sector municipal..., sea en calidad de titulares o contratados y que al 31 de diciembre de 2012 tengan sesenta o más años de edad si son mujeres..., y renuncien a la dotación docente del sector municipal a que pertenecen, respecto del total de horas que sirven. Luego el artículo 11 transitorio del mismo cuerpo legal expresa que los profesionales de la educación a quienes se les aplique lo establecido en el artículo 9°....(o sea docentes titulares o contratados), y que se encuentren en la situación descrita en el artículo 41 bis del DFL N° 1 de 1997 del Ministerio de Educación, mantendrán su derecho a la prórroga de la relación laboral y al pago de sus remuneraciones por el período que en esta última disposición se señala.” “En consecuencia, la remisión al artículo 41 bis lo es tanto para docentes contratados como titulares, con contrato vigente al mes de diciembre, como ocurrió en la especie, a quienes se reconoce la prórroga allí contenida y les autoriza a cobrar las remuneraciones por los meses de enero y febrero del año siguiente.”. “Que, la circunstancia de haberse producido la desvinculación de la docente y [[término de la relación laboral]], a raíz de su renuncia voluntaria, por el solo ministerio de la ley, para acceder a los beneficios allí estipulados, no implica que ella no pueda cobrar las remuneraciones de enero y febrero, pues se dan todos los supuestos de hecho que hacen operativo el beneficio adicional que determina la obligación del empleador de pagar tales remuneraciones aunque no se hayan trabajado efectivamente, sea que se trate de docentes contratadas o titulares.”. “Tal como lo señala el tribunal a quo, discriminar entre tipos de contratos supone generar situaciones de desigualdad no razonables y contrarias a la equidad, afectándose de paso el [[Principio In dubio pro operario\|principio de in dubio pro operario]] que debe tenerse en cuenta en la interpretación de los casos de difícil solución.”.

	A continuación, el recurrente manifiesta que, en mérito de lo expuesto, existen claramente sentencias contradictorias sobre una misma materia y una misma disposición legal, esto es, la interpretación de los artículo 41, 41 bis y artículo 11 transitorio de la [[Ley N° 20.501]], tal como se ha expuesto ya latamente. Es por ello que, a través de este recurso el legislador pretende, como su nombre lo indica, la uniformidad de criterios al fallar una determinada situación y, en este caso específico, que la Corte de Apelaciones vulneró e interpretó de forma incorrecta los artículos 41, 41 bis del [[Estatuto Docente]] y el artículo 11 transitorio de la Ley N°20.501.		A continuación, el recurrente manifiesta que, en mérito de lo expuesto, existen claramente sentencias contradictorias sobre una misma materia y una misma disposición legal, esto es, la interpretación de los artículo 41, 41 bis y artículo 11 transitorio de la [[Ley N° 20.501]], tal como se ha expuesto ya latamente. Es por ello que, a través de este recurso el legislador pretende, como su nombre lo indica, la uniformidad de criterios al fallar una determinada situación y, en este caso específico, que la Corte de Apelaciones vulneró e interpretó de forma incorrecta los artículos 41, 41 bis del [[Estatuto Docente]] y el artículo 11 transitorio de la Ley N°20.501.

Admin en 16:04 28 abr 2019

2019-04-28T16:04:13Z

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Admin en 02:08 28 abr 2019

2019-04-28T02:08:45Z

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	En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.		En Santiago, a treinta y uno de marzo de dos mil quince, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

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