Unificación Rol N° 33.572-2018
Sentencia
Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
Vistos:
En autos número de RIT O-110-2017, RUC 1740034158-3, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, por sentencia de seis de julio de dos mil dieciocho, se rechazó la demanda de cobro de prestaciones deducida en contra de la Municipalidad de esa ciudad, respecto del aumento de la bonificación proporcional que contempla la Ley N° 19.933.
Contra dicha decisión los actores dedujeron recurso de nulidad, que una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, mediante sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho lo acogió, por la causal contemplada en el artículo 477 del Código del Trabajo en relación con los artículos 1, 3 y 9 de la Ley N° 19.933, artículos 8 y 10 de la Ley N° 19.410 y artículos 63 y 65 del Estatuto Docente y, en sentencia de reemplazo, acogió la demanda, condenado a la demandada a pagar los montos que indica, respecto cada uno de los actores que señala.
La Municipalidad demandada dedujo recurso de unificación de jurisprudencia respecto de este último dictamen, solicitando que se acoja y se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo.
Se ordenó traer los autos en relación.
Considerando:
Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483- A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada del o de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que al fundar su arbitrio, la recurrente solicita unificación respecto de la materia de derecho que fue objeto del juicio, esto es, determinar la procedencia del pago del incremento de la bonificación proporcional de la Ley N° 19.933 para los profesionales de la educación pertenecientes al sector municipal.
Plantea que los pronunciamientos sobre la materia efectuados por la sentencia recurrida, contrarían la que consideran como correcta interpretación de las normas pertinentes, sostenida jurisprudencialmente en las sentencias que acompaña para su contraste.
Solicita se acoja su arbitrio y acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte un fallo de reemplazo que rechace la demanda en todas sus partes.
Tercero: Que, en lo relativo a la materia de derecho propuesta, el fallo impugnado acogió el arbitrio en el punto que cuestiona la decisión relativa a la procedencia del beneficio demandado a favor de los docentes del sector municipal, por cuanto, en su entender, el bono proporcional fue creado e incorporado a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente, conformando así la remuneración que deben percibir los profesionales de la educación, según establece su artículo 35, que regula la renta mínima nacional, considerando los artículos 63 y 65 a la bonificación proporcional como un derecho para tales profesionales, sin efectuar distinción acerca de si laboran en el sector municipal o en el particular subvencionado. Culmina señalando que, como las referidas normas no han sido objeto de modificación, dicho bono constituye un rubro fijo en la remuneración de los docentes, atendida la especial naturaleza de la vinculación entre docente y sostenedor y, por consiguiente, depende únicamente del criterio y decisión del Estado de Chile, como ente planificador de la educación nacional y de su adecuada regulación.
Agrega que dicha conclusión es reafirmada, si se analiza el artículo 9 de la Ley N° 19.933 que se refiere tanto a los establecimientos del sector particular subvencionado como los municipales, citando jurisprudencia de esta Corte en ese sentido.
Manifiesta el recurrente que dicha tesis es contrariada por los pronunciamientos de los fallos de cotejo que adjunta, en los cuales se asevera que tal beneficio no les corresponde a dichos profesionales de la educación.
Cuarto: Que del examen de las sentencias aparejadas para su contraste, se evidencia la existencia de decisiones divergentes emitidas por Tribunales Superiores de Justicia, configurándose la hipótesis que hace procedente el arbitrio en estudio, esto es, opiniones jurisprudenciales opuestas sobre la materia de derecho propuesta, que hace necesario el pronunciamiento de este tribunal a fin de determinar la interpretación que debe entenderse como la correcta.
En efecto, el fallo emanado de esta Corte, ingreso N° 40.738-2017, que corresponde a uno de los propuestos por el recurso como contraste, concluye que la Ley N° 19.410, en lo que interesa, instauró para los profesionales de la educación de los establecimientos del sector municipal la asignación denominada “bonificación proporcional mensual”, pero que la Ley N° 19.933, como aquellos cuerpos legales que la antecedieron, no dispuso un aumento en la manera que pretenden los demandantes, sino que mejoró sus remuneraciones contemplando beneficios de orden remunerativo y ordenó que los recursos que se asignaban a los sostenedores, por la vía de acrecentar la subvención adicional, debían destinarse al pago de las remuneraciones, concretamente, a determinados rubros que indica.
Lo anterior se confirma con lo expresado en el inciso 1° del artículo 9 del cuerpo legal en comento, norma que ordena aplicar los recursos que obtengan los sostenedores de los establecimientos educacionales del sector municipal, por concepto de aumento de subvención, de manera exclusiva al pago de las remuneraciones de los docentes.
En cambio, el inciso 2°, tratándose de los recursos que reciban los de los establecimientos particulares subvencionados por el mismo concepto, determina que se destinen exclusivamente al pago de los beneficios que indica, entre ellos, el nuevo valor de la bonificación proporcional, que se obtuvo en razón del incremento otorgado por la Ley N° 19.715, por la vía de la sustitución que introdujo su artículo primero.
En el mismo sentido razonan las sentencias Roles N° 45.504-2017, N° 12.191-2018 y N° 1.104-2018, incorporadas como contrastes por la parte recurrente.
Quinto: Que a la hora de dirimir cuál de estas interpretaciones contradictorias es la correcta, debe señalarse que esta Corte ya se ha pronunciado sobre el asunto en cuestión, inclinándose de manera consistente de un tiempo a esta parte, por la postura expresada en los fallos de contraste; como se advierte de lo resuelto, por ejemplo, además, en las sentencias recaídas en los recursos de unificación números 10.422-17, 25.003-17, 34.626-17, 36.784-17, 37.867-17, 42.060-17 y 12.795-18, de 14 de diciembre de 2017, 28 de mayo de 2018, 14 de febrero de 2018, 19 de febrero de 2018, 3 de julio de 2018, y 30 de octubre último, respectivamente.
Sexto: Que, de esta manera, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que la Ley N° 19.933, también las que antecedieron, no dispuso el aumento de las remuneraciones en la forma como lo pretenden los demandantes, pues las mejoró contemplando beneficios de orden remunerativo y dispuso que los recursos asignados se destinaran al pago de determinados rubros, de manera que el incremento señalado no corresponde a un emolumento que beneficie como tal a los profesionales de la educación del sector municipalizado; razón por la que se debe concluir que el recurso de nulidad que se sustentó en la causal establecida en el artículo 477 del Código del Trabajo por infracción a lo dispuesto en el artículo 1, 3 y 9 de la Ley N° 19.933, artículos 8 y 10 de la Ley 19.410 y 63 y 65 del Estatuto Docente, debió ser rechazado, por cuanto los actores carecen de la calidad jurídica necesaria para reclamar la prestación objeto del juicio.
Séptimo: Que, por lo expuesto, corresponde acoger el recurso que se analiza y unificar la jurisprudencia en el sentido indicado, y anular la sentencia impugnada, y declarar que se rechaza el recurso de nulidad interpuesto por los actores.
Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada respecto de la sentencia de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, dictada por una sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso, por la cual se acogió el recurso de nulidad interpuesto por los demandantes en contra del fallo pronunciado por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Felipe, con fecha seis de julio de dos mil dieciocho, y en consecuencia, se declara que se rechaza el referido recurso de nulidad, manteniéndose firme el fallo dictado en primera instancia.
Acordada con el voto en contra del Ministro Sr. Blanco y el Abogado Integrante Sr. Barra, quienes estuvieron por rechazar el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto, de acuerdo a los siguientes fundamentos:
1°) Que, tal como ha sostenido esta Corte en numerosos fallos anteriores, – como aquellos dictados en los autos ingreso números 321-2014, 9.099-2014, 7.854-2015, 22.263-2014, 7.974-2015–, la sustitución de la base de cálculo de la bonificación proporcional mensual que establecida en las leyes dictadas con posterioridad a su consagración, adicionando a los fondos contenidos en la Ley N°19.410 aquellos destinados en las sucesivas modificaciones, dicha sustitución no puede entenderse como un aumento del beneficio exclusivamente para los profesionales de la educación de los establecimientos educacionales del sector particular subvencionado con exclusión de los docentes del sector municipalizado.
2°) Que, en efecto, debe considerar que tal prerrogativa fue instaurada e incorporada a las disposiciones permanentes del Estatuto Docente en sus artículos 63 y 65, consagrándose, entonces, como un derecho para los docentes tanto del sector municipal como del particular subvencionado, normativa que no ha sido modificadas, por lo que debe entenderse la bonificación proporcional constituye un rubro fijo en la renta de los profesionales de la educación.
3°) Que, por otro lado, del contexto de la ley, teniendo en especial consideración lo dispuesto en el inciso 1° del artículo 9 de la Ley N° 19.933, ubicada en el Párrafo 2°, que se titula “Destinación exclusiva del incremento de la subvención”, debe entenderse que el incremento en cuestión, no sólo no exceptúa a los establecimientos del sector municipal sino que contiene una clara regla acerca del destino que deben dar a los recursos que perciban con motivo de la misma Ley N° 19.933. En igual sentido debe considerarse la norma del artículo 3 de la citada Ley N° 19.933, que dispone: “Los aumentos de remuneraciones de los profesionales de la educación del sector municipal que se produzcan como consecuencia de la aplicación de la presente ley …”. En otros términos, los fondos que proporciona la ley se destinan a los docentes tanto del sector particular subvencionado como del municipal, sin distinción. Lo mismo sucede al interpretar la voz “sustituyese” que utiliza el artículo 1 de la Ley N° 19.933, por cuanto permite entender que se reemplazó el valor de la bonificación proporcional, pero no sus beneficiados, desde que se refiere al bono proporcional del artículo 8 de la Ley N° 19.410, consagrado en el actual artículo 63 del Estatuto Docente, constituyéndola en un derecho para los docentes tanto de los establecimientos educacionales del sector municipal como del sector particular subvencionado.
4°) Que, en consecuencia, para estos disidentes, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el aumento de la bonificación proporcional mensual establecido en la Ley N° 19.933 beneficia también a los profesionales de la educación municipal y debe pagarse como tal, conforme al procedimiento de cálculo previsto expresamente por el legislador, lo que coincide con las conclusiones del fallo impugnado, razón por la que en la materia examinada, no procede consolidar jurisprudencia en el sentido pretendido.
Regístrese y devuélvase.
Rol N°33.572-2018.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señor Ricardo Blanco H., señora Andrea Muñoz S., señor Mauricio Silva C., y los Abogados Integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Antonio Barra R. No firman los ministros señora Muñoz y señor Silva, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con feriado legal la primera y por estar con permiso el segundo. Santiago, veinticinco de abril de dos mil diecinueve.
En Santiago, a veinticinco de abril de dos mil diecinueve, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.
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El presente texto fue redactado por Emilio Kopaitic Aguirre, Magíster en Derecho Laboral y Seguridad Social.
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