Prácticas Antisindicales o Desleales

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1er JLT de Santiago, S-89-2018, Juana Amelia Álvarez Arenas, Juez Titular: "SEPTIMO: Desde ya corresponde señalar que las prácticas desleales o antisindicales, conforme lo disponen los artículos 289 a 291 del Código del Trabajo, son todas aquellas acciones que atenten contra la libertad sindical. En específico el artículo 290 estatuye que ¿serán consideradas prácticas antisindicales del trabajador, de las organizaciones sindicales, o de éstos y el empleador en su caso, las que atenten contra la libertad sindical, entendiéndose por tales, entre otras, las siguientes:

f) ejercer los derechos sindicales o fueros que establece este código de mala fe o con abuso del derecho.

De igual modo el artículo 291 establece que ¿incurren, especialmente, en infracción que atenta contra la libertad sindical: Los que ejerzan fuerza física o moral en los trabkadores a fin de obtener su afiliación o desafiliación sindical o para que un trabajador se abstenga de pertenecer a un sindicato, y los que, en igual forma impidan u obliguen a un trabajador a promover la formación de una organización sindical y

Los que por cualquier medio entorpezcan o impidan la libetad de opinión de los miembros de un sindicato, impidan el ingreso de los trabajadores a las asambleas o el ejercicio de su derecho a sufragio."

También se pueden conceptualizar como toda acción u omisión que transgreda la libertad colectiva, especialmente aquellas que afecten la negociación colectiva, sus procedimientos y el derecho a huelga y sindicalización; y sus elementos básicos son: a) la verificación de una conducta de parte del sujeto activo que puede ser una acción u omisión; b) una unidad o pluralidad de acciones u omisiones; y c) que se afecte la libertad sindical; y son las disposiciones citadas las que, a modo ejemplar, señalan casos en que se incurre en prácticas desleales ya sea por el empleador o por el trabajador. En este orden de ideas, resulta ya un hecho pacífico en doctrina y jurisprudencia que la enumeración que realizan las normas ya citada, no es taxativa..

Las prácticas antisindicales están instituidas con la finalidad de tutelar la libertad sindical, derecho fundamental consagrado en la Constitución Política de la República y en la normativa internacional, a saber, en el artículo 8 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 22 del de Derechos Civiles y Políticos, artículo 16 de la Convención Americana de Derechos Humanos "Pacto San José de Costa Rica", en los artículos 1 a 10 del Convenio 87, en los artículos 1 a 4 del Convenio 98 y en los artículos 1, 4, 5 y 6 del Convenio 151, todos de la Organización Internacional del Trabajo, que, al tenor de lo que dispone el artículo 5° de la Carta Fundamental, forman parte del denominado "bloque de constitucionalidad", por lo que la interpretación de las normas internas referidas al derecho de que se trata debe efectuarse a la luz del principio ¿de progresividad, favor persona o pro homine¿, que postula ¿que se debe aplicar siempre la disposición más amplia o favorable a los derechos de las personas, por lo que siempre debe aplicarse aquel instrumento, regla o norma jurídica que en mejor forma garantice el derecho, no importando si la mayor garantía se encuentra en la norma interna del Estado o en la norma de Derecho Internacional de los derechos humanos incorporada al Derecho Interno, lo que lleva a la interpretación que mejor favorezca y garantice, optimizando los derechos humanos. En caso de duda, debe optarse claramente por la interpretación que mejor proteja, asegure y garantice los derechos humanos en su conjunto, en una estructura coherente a la luz de los valores que los informan" (Humberto Nogueira Alcalá. Derechos fundamentales, bloque constitucional de derechos, diálogo interjurisdiccional y control de convencionalidad. México D.F. Editorial Ubijus. Año 2014, pág. 139).

Lo anterior autoriza concluir que el proceso hermenéutico de las normas contenidas en los artículos 289, 290 y 291 del Código del Trabajo, debe efectuarse de modo tal que puedan sancionarse todas aquellas malas prácticas que se acreditan en un juicio, que violentan la libertad sindical y así se pueda concretar de manera efectiva el ejercicio del derecho fundamental a que se ha hecho referencia y asegurar su eficacia; y pesquisadas, como sostiene la doctrina, adoptar medidas para que cese la conducta antisindical si continua ejecutándose (tutela inhibitoria), para que se retorne al estado anterior a los hechos constitutivos de la misma (tutela restitutoria) y para reparar los perjuicios que ocasionó (tutela resarcitoria).

OCTAVO: Que, como se señaló, uno de los presupuestos necesarios para que se configure una práctica antisindical o desleal es, precisamente, que la acción u omisión desplegada por el sujeto activo perturbe, afecte la libertad sindical en todas sus manifestaciones ya sea individuales o colectivas, lo que no necesariamente significa que no es menester que se concrete efectivamente la perturbación en el ejercicio del derecho a que se hace referencia, pues, en algunos casos, puede bastar que la acción u omisión sea inequívocamente atentatoria del mismo o que sus resultados sean sensatamente predecibles en ese sentido.

Entonces, se debe inferir que no es necesario que se exija, menos que se pruebe, que el sujeto activo tuvo la intencionalidad o ánimo deliberado de violentar la libertad sindical, bastando que se acredite el supuesto que señala el inciso 1° del artículo 289 del Código del Trabajo; sin que altere dicha conclusión la circunstancia que dicha norma, también los artículos 290 y 291 del citado estatuto, contengan descripciones típicas que necesariamente deben considerarse prácticas antisindicales, pues la interpretación debe ser restrictiva, en el sentido que tratándose de los casos que señalan, una vez configurados, la acción u omisión imperiosamente debe ser calificada como una de aquéllas, lo que no es óbice a que, si no se acredita el elemento subjetivo, no pueda estimarse probada la conducta que sí afecta la libertad sindical, porque la primera disposición citada, que es la general, no lo exige; por lo tanto, sólo corresponde discurrir al respecto en aquellos casos, citados a modo ejemplar, en que se alude a una exigencia concerniente a la esfera subjetiva del sujeto activo, a modo ejemplar, la "malicia" referida en la parte final de la letra a) del artículo 289.

Lo concluido, en concepto de la doctrina, implica acoger un criterio objetivista, que mide el actuar teniendo como referente las consecuencias lesivas de las prácticas desleales o antisindicales. En efecto, se sostiene: ¿no corresponde en estos casos probar la intención del empleador, sino únicamente la ocurrencia objetiva de un hecho lesivo a la libertad sindical, alejándose, así de criterios más cercanos al ámbito penal, en cuyo caso la orientación tiende a sancionar al delincuente y no a restituir los casos a la situación anterior a la comisión del delito. El acto o hecho y sus consecuencias serán anulados, no como sanción a quien los cometió, sino como garantía del cumplimiento de los derechos fundamentales (Mantero 2006:97). Se sitúa, así, el centro de atención en la vereda opuesta de aquél que rige también en el ámbito civil, en que el aspecto subjetivo de la conducta tiene relevancia en materia de responsabilidad¿. (César Toledo Corsi. La irrelevancia del elemento subjetivo en las prácticas antisindicales. Revista de Derecho de la empresa, Universidad Adolfo Ibáñez, N° 21 ene-mar, 2010, pág.83).

A mayor abundamiento, así lo ha resuelto la Excelentísima Corte Suprema, unificando la jurisprudencia en causas Rol N°92.904-2016 y rol N°41.901-2017.

NOVENO: Que, además, lo que se concluye está en armonía con las normas que reglan el procedimiento judicial, pues, según lo dispone el inciso 3° del artículo 292 del Código del Trabajo, el conocimiento y resolución de las infracciones por prácticas desleales o antisindicales se debe sustanciar conforme las normas establecidas en el Párrafo 6°, del Capítulo II, del Título I, del Libro V del citado cuerpo legal, esto es, de acuerdo al denominado ¿procedimiento de tutela laboral¿, que en materia probatoria contiene una regla especial, la contenida en su artículo 493, que dispone que cuando de los antecedentes aportados por el denunciante resulten indicios suficientes de que se ha producido la vulneración de derechos fundamentales, corresponderá al denunciado explicar los fundamentos de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad."