Unificación Rol N° 34.026-2019
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Sentencia
Santiago, trece de enero de dos mil veintiuno
Vistos:
En autos RIT T-38-2019, RUC 1940172458-6, del Juzgado de Letras del Trabajo de Valdivia, por sentencia de tres de septiembre de dos mil diecinueve, se rechazaron las excepciones de incompetencia y de falta de legitimación pasiva y activa opuestas, y se acogió la denuncia de tutela laboral, por lo que se declaró que la denunciada incurrió en actos de discriminación por razones políticas al no renovar la contrata de la denunciante, y se la condenó al pago de una indemnización equivalente a once meses de remuneraciones.
En contra de ese fallo la denunciada interpuso recurso de nulidad, invocando, una en subsidio de la otra, las causales establecidas en los artículos 478 letra a), 478 letra e), 478 letra b) y 477, todos del Código del Trabajo; y una sala de la Corte de Apelaciones de Valdivia, por decisión de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, acogió el primer motivo y omitió pronunciamiento respecto de los restantes.
Respecto de esta última decisión, la denunciante dedujo recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que describe, con costas.
Se ordenó traer estos autos en relación.
Considerando:
Primero: Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483 A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existen distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de Tribunales Superiores de Justicia. La presentación en cuestión debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones recaídas en el asunto de que se trate sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.
Segundo: Que la materia de derecho respecto de la cual la recurrente solicita se unifique la jurisprudencia, consiste en declarar la competencia de los tribunales laborales para conocer de una acción de Tutela de Derechos Fundamentales deducida por un funcionario público a contrata, cuya relación con el Fisco se encuentra regida por el Estatuto Administrativo y que señala haber sufrido vulneración de sus derechos con ocasión de su despido.
Reprocha la decisión adoptada en el caso, por contravenir el criterio fijado por los fallos de contraste que acompaña, en lo que, según expone, se contiene la recta doctrina, que hace plenamente aplicable y eficaz la acción de tutela mencionada, a favor de funcionarios públicos que han sufrido conculcaciones a sus derechos fundamentales.
Tercero: Que la sentencia de base estimó como hechos pacíficos la existencia de la relación funcionaria, su fecha de inicio y término, calidad en que se desempeñó la denunciante, cargo ejercido, y última remuneración. En tanto que respecto de los hechos controvertidos, referidos únicamente a la existencia de las vulneraciones denunciadas, tuvo por probado que la decisión de no renovar la contrata a la funcionaria estuvo motivada por razones políticas, lo que torna su desvinculación en discriminatoria.
A partir de esa base fáctica, y tras desestimar las excepciones de incompetencia absoluta y de falta de legitimación pasiva y activa, por considerar que los tribunales del trabajo son competentes para conocer de todas aquellas materias referidas a la vulneración de derechos fundamentales de los funcionarios públicos, cualquiera sea su modalidad de contratación, puesto que el artículo 1° del Código del Trabajo, dispone su aplicación supletoria en aquellos aspectos no regulados en los estatutos que los rigen, como ocurre a este respecto, dado que su normativa propia no contiene ningún procedimiento que permita proteger tales derechos, se acogió la denuncia, se declaró que la denunciada incurrió en actos de discriminación por razones políticas al no renovar la contrata de la denunciante, y se la condenó al pago de una indemnización equivalente a once meses de remuneraciones.
Cuarto: Que, por su parte, la sentencia impugnada acogió el primer motivo en que la denunciada fundó su recurso de nulidad, omitiendo pronunciamiento acerca de los restantes que planteó en forma subsidiaria, sobre la base de estimar que la competencia, que cumple una finalidad de interés público, es establecida por la Constitución y la ley, de manera que las normas que la regulan son de orden público y deben interpretarse restrictivamente, por lo que un tribunal solo puede actuar válidamente si la Constitución y ley así lo determinan. Asimismo, cabe tener presente lo dispuesto por el artículo 1° inciso 2° del Código del Trabajo, en relación al artículo 420 letra a) del mismo cuerpo legal, que delimita la competencia de los Tribunales del Trabajo a las cuestiones y relaciones entre empleadores y trabajadores bajo dependencia y subordinación, esto es, a la vinculación surgida en los términos de los artículos 7° y 8° del citado código, excluyendo expresamente a los trabajadores de las empresas o instituciones del Estado, salvo en las materias o aspectos no regulados en sus respectivos estatutos, siempre que no fueren contrarias a éstos últimos, situación que no ocurre en la especie, por cuanto el Estatuto Administrativo y la Ley 20.609 contienen normas que protegen a los funcionarios públicos que sufran discriminación; en tanto que el artículo 485 del antes citado código, prevé el procedimiento de tutela laboral respecto de las cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales, que afecten derechos fundamentales de los trabajadores que allí se indican, es decir, a los vinculados en los términos de los artículos 7° y 8° del mismo cuerpo legal y, en caso alguno, a la relación estatutaria a la que se someten los funcionarios públicos a contrata.
Se concluyó que la decisión de base incurrió en una falsa aplicación de los artículos 1°, 3° letras a) y b), 5°, 6°, 7°, 8°, 58, 160, 163 y 168 del Código del Trabajo en relación con los artículos 63 y 173 del mismo cuerpo legal, cuya correcta interpretación hubiera llevado a colegir que no concurren los elementos para determinar la existencia de una relación bajo subordinación y dependencia entre las partes, porque ello importaría prescindir del estatuto jurídico que rige la relación por expresa disposición del Estatuto Administrativo en su artículo 10° y 11°. De manera que no resulta legal, razonable ni lógico obligar al Estado a pagar los conceptos indicados en la sentencia, si el Tribunal que la dictó carece de toda competencia para conocer de la materia por expresa disposición legal.
Tales razonamientos condujeron a invalidar el fallo del grado por afectarle la causal prevista en el artículo 478 letra a) del código del ramo, al haber sido pronunciado por juez incompetente, y a dictar el de reemplazo que acogió la excepción de incompetencia deducida y rechazó la demanda.
Quinto: Que, a fin de acreditar la existencia de distintas interpretaciones respecto de la materia de derecho objeto propuesta para su unificación, la parte recurrente acompañó los pronunciamientos dictados por esta Corte, en los antecedentes N° 12.712-2011, 23.333-2014, 14.804-2018, y 18740-2018. Además de los emitidos por las de Santiago y Valparaíso, en causas N° 848-2017 y 399-2011, que no podrán ser considerados por no cumplir los requisitos previstos en el inciso segundo del artículo 483 del Código del Trabajo, puesto que respecto del primero no se acreditó que se encuentre ejecutoriado y en relación con el segundo consta que no lo está, pues fue modificado por el primero de los fallos previamente indicados.
En cuanto a los provenientes de esta Corte, el primero, tras constatar la existencia de distintas interpretaciones sobre la materia de derecho en cuestión, acogió el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por el demandado Fisco de Chile, y dictó una sentencia de reemplazo que no fue acompañada por el recurrente.
El segundo, declaró que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda, toda vez que el artículo 420 letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario municipal que denuncia una conducta de su empleador por afectar sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido desarrollando. Añadiendo que, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que se pretende proteger, no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos municipales, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan también en el contexto de las relaciones de la Municipalidad con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.
El tercero, sostuvo la misma posición anterior, afirmando que el asunto en discusión constituye una cuestión jurídica respecto de la cual, en la actualidad, no hay diferentes interpretaciones. En este sentido la sentencia impugnada no se ajusta al modo en que el asunto ha sido resuelto por esta Corte a partir de la sentencia dictada en el recurso de unificación ingreso N° 10.972-2013 de 30 de abril de 2014, que afirma la competencia de los tribunales laborales para conocer de aquellas demandas por tutela de derechos fundamentales interpuestas por funcionarios públicos.
Y el último, en similares términos, invocó lo resuelto en la ya citada sentencia de unificación de 30 de abril de 2014 en causa Rol N° 10.972-2013, así como más recientemente en los ingresos Rol N° 6.417-2016 de 16 de agosto de 2016 y N° 52.918-2016 de 5 de junio de 2017, en todos los cuales se decide que los funcionarios públicos a contrata pueden denunciar la afectación de sus derechos constitucionales ocurrida con ocasión de su relación funcionaria mediante el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.
Sexto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto por esta Corte en las causas Rol N° 23.333-2014, 14.804-2018 y 18740-2018, con lo decidido en la sentencia que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de Tribunales Superiores de Justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considera correcta.
Séptimo: Que esta Corte, mediante diversas sentencias, como sucede, a vía ejemplar, con aquellas dictadas en los autos ingreso números 10.972-13, 5.716-15 y 652.918-16, y las que la recurrente cita como contraste, ha sostenido que el procedimiento de tutela laboral tiene por objeto la protección de los derechos fundamentales de los trabajadores frente a cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas de dicho ámbito, que están reconocidos a toda persona por la Constitución Política de la República, norma jerárquicamente superior tanto al Código del Trabajo como al Estatuto Administrativo. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 del Código del Trabajo y 4 de la Ley N° 18.834, la relación entre un funcionario público y el Estado es una de tipo laboral aunque sujeta a un estatuto especial, de manera que no resulta procedente privarlo de un procedimiento que está llamado a determinar el cumplimiento o la vigencia de derechos fundamentales en la relación de trabajo, por el sólo hecho que las referidas normas asocien el término empleador a un contrato de trabajo -y no a un decreto de nombramiento- o se refieran al empleador como a un gerente o administrador, olvidando que el Estado, en su relación con los funcionarios que se desempeñan en los órganos de la Administración, ejerce funciones habituales de dirección -términos que utiliza el artículo 4° citado- como lo hace todo empleador, lo que no es incompatible con el hecho de que se trate de órganos destinados a servir una función pública. Desde esta perspectiva, entonces, no existe impedimento para aplicar las normas de tutela a los funcionarios de la Administración del Estado, en la medida que su ámbito de aplicación abarca o comprende a todos los trabajadores sin distinción, calidad que -como se dijo- también poseen los referidos funcionarios.
Así las cosas, debe concluirse que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de las demandas de tutela por vulneración de derechos fundamentales con ocasión del término de una contrata, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para tomar conocimiento de las "cuestiones suscitadas entre empleadores y trabajadores, por aplicación de las normas laborales" y la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos fundamentales es, precisamente y a la luz de lo preceptuado en el artículo 485 del Código del Trabajo, una de aquellas "cuestiones suscitadas en la relación laboral por aplicación de las normas laborales", que la referida judicatura está llamada a resolver, conforme a la interpretación de la normativa laboral que aquí se ha venido sosteniendo.
De esta manera, atendida la entidad y naturaleza de los derechos que por esta vía se pretende proteger, los que deben considerarse "inviolables en cualquier circunstancia", no existe una razón jurídica valedera para excluir de su aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede verse afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado empleador.
Por otro lado, si bien es posible discernir la existencia de recursos administrativos para reclamar de situaciones de discriminación, es palmario que aquellos no ocupan el mismo lugar que los judiciales en la garantía de los derechos de las personas. Esto es algo que reconoce la propia Constitución Política, al garantizar en su artículo 38 que cualquier persona que sea lesionada en sus derechos por la Administración del Estado pueda reclamar ante los tribunales que determine la ley. Se trata entonces de un asunto que el Estatuto Administrativo no regula. El Código del Trabajo sí lo hace. En consecuencia, de conformidad con el artículo primero del Código de Trabajo, resulta aplicable en la relación funcionaria el procedimiento de tutela laboral que establece el Código del Trabajo.
Más aún, frente a la discusión que ha motivado el punto, la corrección de la lógica interpretativa antes descrita ha tenido reconocimiento legislativo mediante la promulgación de la ley 21.280, de 30 de octubre de 2020, que expresamente reconoce la aplicación del procedimiento de tutela laboral "a todos los trabajadores, incluidos aquellos a los que hace referencia el inciso segundo del artículo 1° del Código del Trabajo, en virtud de lo dispuesto en los incisos primero y tercero de ese mismo artículo. También serán aplicables a los trabajadores que se desempeñen en los órganos señalados en los Capítulos VII, VIII, IX, X y XIII de la Constitución Política de la República y a aquellos que sus propias leyes declaren como autónomos", con lo que la discusión queda definitivamente zanjada en favor de la tesis que propone el recurrente y a la cual esta Corte adscribe.
Octavo: Que, por consiguiente, la correcta interpretación de la materia de derecho es aquella que determina que el Juzgado de Letras del Trabajo es competente para conocer de la demanda de autos, toda vez que el artículo 420, letra a) del Código del Trabajo, lo habilita para conocer de la acción de tutela laboral, ejercitada por un funcionario público a contrata que denuncia una conducta de su empleador que, a su juicio, afecta sus derechos.
Noveno: Que sobre esta premisa, el recurso de nulidad deducido por la denunciada, fundado en la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, debe ser rechazado, por lo que procede que una Sala compuesta por Ministros no inhabilitados de la Corte de Valdivia, se pronuncie sobre las demás causales que planteó en subsidio.
Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte denunciante respecto de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de Valdivia de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, en cuanto acogió el recurso de nulidad interpuesto en contra de la sentencia de base de cuatro de septiembre de dos mil diecinueve, por la causal del artículo 478 letra a) del Código del Trabajo, y en consecuencia, se rechaza la referida causal. En razón de ello, remítase los antecedentes a la Corte de Apelaciones de Valdivia a fin de que una Sala compuesta por Ministros no inhabilitados se pronuncie sobre las restantes causales deducidas en subsidio de la anterior.
Regístrese y devuélvase.
Rol N° 34.026-2019.-
Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Ricardo Blanco H., señora María Angélica Cecilia Repetto G., ministro suplente señor Mario Gómez M., y los abogados integrantes señora Leonor Etcheberry C., y señor Íñigo De la Maza G.
