Unificación Rol N° 138.490-2020

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Sentencia

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

Vistos:

En estos autos RIT O-86-2019, RUC N° 19-4-0168031-7, del Juzgado de Letras del Trabajo de Talca, caratulados Contreras y Rubio con Municipalidad de Pencahue , por sentencia de ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se acogió parcialmente la demanda declarando la existencia de la relación laboral de los actores con la demandada y condenando al municipio al pago de indemnizaciones por despido injustificado y cotizaciones previsionales por el tiempo laborado.

Respecto de la referida sentencia, ambas partes dedujeron recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de Talca, por resolución de quince de octubre de dos mil veinte, acogió el de la demandada, en su causal principal, anulando la sentencia de base y rechazando la demandada en todas sus partes, salvo en lo referente al feriado. Atendido lo anterior, omitió pronunciamiento sobre la causal subsidiaria de la demandada y el recurso de nulidad de los demandantes.

Respecto de este último pronunciamiento, la parte demandante interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando se lo acoja y se dicte la sentencia de reemplazo que acoja la demanda en todas sus partes, con costas.

Se ordenó traer estos autos a relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando respecto de la materia de derecho objeto del juicio existieren distintas interpretaciones sostenidas en uno o más fallos firmes emanados de tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenidas en las mencionadas resoluciones y que haya sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia autorizada de la o de las que se invocan como fundamento.

Segundo: Que, la materia de derecho que la parte recurrente solicita unificar consiste en determinar la normativa aplicable a una persona natural contratada bajo la modalidad de honorarios por organismos del Estado, en circunstancias que excede el marco legal del art 4 de la ley 18.883 y se han ejecutado bajo índices de subordinación y dependencia.

Reprocha la parte recurrente que la sentencia impugnada no se apegara a la doctrina contenida en las que ofrece a efectos de cotejo, que corresponden a la dictada por la Corte de Apelaciones de San Miguel en el Rol N°61-2018 y por esta Corte en los antecedentes Rol N° 34.530-2017 , 4496-2019 y 50-2018, en las cuales se sostuvo la vigencia de las normas del Código del Trabajo respecto de las personas contratadas por organismos de la Administración del Estado que, aun habiendo estado adscritas a un programa específico y haber suscrito sucesivos contratos de prestación de servicios a honorarios, excedieron el marco previsto por la norma que autoriza la contratación bajo dicha modalidad.

Tales circunstancias condujeron a calificar como laborales las vinculaciones de los actores con los organismos públicos demandados. En el primer caso, respecto de un sicólogo que prestó servicios para un municipio dentro de un programa de apoyo integral a mujeres de la comuna , por haberse acreditado la subordinación en la forma de prestar el servicio, principalmente, mediante la determinación del lugar, la permanencia en el mismo durante determinadas horas, en días específicamente fijados y el sometimiento a los requisitos y funciones a cumplir. En el segundo caso, en relación con un sociólogo que se incorporó a un programa de protección de la infancia de larga data de ejecución en el municipio y que se estimó resultaba ser una actividad propia de la municipalidad en beneficio de la ciudadanía. El tercer caso trata de un técnico de enfermería que prestó servicios en el marco de un programa de atención de urgencia de alta resolución, que se extendió por cinco años al alero del Estatuto de Atención Primaria de Salud Municipal, y que se ejecutó bajo un sistema de turnos y sujeto a supervisión superior, estimándose que excedió a la norma habilitante teniendo especialmente presente la permanencia en el tiempo de las labores. Por último, el cuarto caso se refiere a una asistente social que prestó servicios por ocho años a una municipalidad, en el contexto de una serie de convenios de transferencia de fondos celebrados con el FOSIS, en cuyo desempeño cumplió diversas funciones, sujeta a jornada, con control de horario y asistencia, derecho a feriado y otros beneficios; estimándose por ello que se excedió el marco legal habilitante.

Tercero: Que la sentencia impugnada acogió el recurso de nulidad que la parte demandada dedujo, sobre la base del motivo consagrado en el artículo 477 del Código del Trabajo, acusando la infracción del artículo 4 de la Ley N° 18.883.

Como fundamento del pronunciamiento, se tuvo presente que los actores fueron contratados por la Municipalidad de Pencahue en la modalidad de contratación a honorarios , en base al Programa de Rehabilitación Integral y al Convenio del municipio con el Servicio de Salud del Maule, habiéndose desempeñado por tres y cinco años, respectivamente, y habiendo extendido por dicho lapso las boletas de honorarios correspondientes, asumiendo, ambas partes, el entendimiento de la naturaleza de ese vínculo, de modo que, al concluirse en la sentencia de base que ello permite tener por establecida la relación laboral, se infringió el artículo 4 de la Ley 18.883, el que permite a las Municipalidades efectuar ese tipo de contrataciones para ejecuciones determinadas que, de otra manera, no podrían llevarse a cabo debido a las plantas de personal con que cuentan, agregando que es un modo de dar trabajo a quienes no lo tendrían si no fuera por esta vía a honorarios . Además, califica como cometidos específicos las funciones pactadas en los contratos respectivos, por ser éstas diferentes del personal de planta y a contrata, además de tener vigencia por lapsos precisos anuales, aprobados por decreto municipal en el marco de las circunstancias referidas. Finalmente, agrega que no cabe transformar la relación estatutaria en una laboral, ni siquiera admitiendo que concurren en ella varios de los elementos que definen lo que es un contrato de trabajo, pues ellos tampoco son ajenos al vínculo a honorarios.

Cuarto: Que, en consecuencia, al cotejar lo resuelto en las sentencias invocadas por la parte recurrente con lo decidido en la que se impugna, es posible concluir que concurre el presupuesto establecido en el artículo 483 del Código del Trabajo para unificar la jurisprudencia sobre la materia de derecho propuesta, esto es, la existencia de interpretaciones diversas en relación a una cuestión jurídica proveniente de tribunales superiores de justicia, razón por la que corresponde determinar cuál postura debe prevalecer y ser considerada correcta.

Quinto: Que, para dilucidar lo anterior, se debe tener presente el criterio permanente expuesto por esta Corte, reflejado en las sentencias ofrecidas para su cotejo, en el sentido que el artículo 4 ° de la Ley N°18.883, que contiene el Estatuto Administrativo para Funcionarios Municipales, establece la posibilidad de contratación a honorarios como un mecanismo de prestación de servicios a través del cual la administración municipal puede contar con la asesoría de expertos en determinadas materias, cuando necesita llevar a cabo labores propias y que presentan el carácter de ocasional, específico, puntual y no habitual.

De este modo, corresponde a una modalidad de prestación de servicios particulares, que no confiere al que los desarrolla la calidad de funcionario público, y los derechos que le asisten son los que establece el respectivo contrato. Sin embargo, en el caso que las funciones realizadas en dicho contexto excedan o simplemente no coincidan con los términos que dispone la normativa en comento, sino que revelan caracteres propios del vínculo laboral que regula el Código del Trabajo, es dicho cuerpo legal el que debe regir, al no enmarcarse sus labores en la hipótesis estricta que contempla el artículo 4 señalado.

Sexto: Que tal razonamiento debe ser contrastado con los hechos asentados en el fallo de base, que dio por acreditado que:

1.- Los demandantes, Daniela Contreras y Paulo Rubio, suscribieron sucesivos contratos de honorarios a suma alzada con la municipalidad de Pencahue, desde el 2 de marzo de 2015 y el 25 de marzo de 2013, respectivamente, hasta el 31 de diciembre de 2018, fecha en que ambos concluyeron los servicios por decisión del municipio.

2.- Los actores realizaron funciones propias de su profesión, terapeuta ocupacional, la señora Contreras, y kinesiólogo, el señor Rubio, en un Centro Comunitario de Rehabilitación del municipio. En el desempeño de sus funciones, estaban sometidos a las instrucciones y supervigilancia de personal y jefaturas con poder de supervisión y vigilancia de parte de la demandada y debían prestar sus servicios en un lapso de tiempo determinado y, dentro de él, estar a disposición de la demandada, en un lugar físico dispuesto o bien en actividades ubicadas fuera pero bajo la supervisión de la demandada.

3.- Los servicios de los actores fueron prestados en forma constante, regular, sujetos a una jornada de trabajo, en un contexto de permanencia, reconociendo su contrato una serie de beneficios como permisos administrativos, feriado legal y otros y percibiendo por dichos servicios una contraprestación económica bajo la forma de honorarios por montos equivalentes y mensuales durante la vigencia de la contratación.

Séptimo: Que, asimismo, cabe considerar lo previsto en el artículo 4 de la Ley N°18.883 y la normativa que regula al servicio demandado y establece sus fines y propósitos.

El primero dispone que Podrán contratarse sobre la base de honorarios a profesionales y técnicos de educación superior o expertos en determinadas materias, cuando deban realizarse labores accidentales y que no sean las habituales de la municipalidad; mediante decreto del alcalde. Del mismo modo se podrá contratar, sobre la base de honorarios, a extranjeros que posean título correspondiente a la especialidad que se requiera.

   Además, se podrá contratar sobre la base de honorarios, la prestación de servicios para cometidos específicos, conforme a las normas generales.
   Las personas contratadas a honorarios se regirán por las reglas que establezca el respectivo contrato y no les serán aplicables las disposiciones de este Estatuto .

En tanto que la Ley N°18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece en su artículo 1 ° que su finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de las respectivas comunas , para lo cual se le asignan como funciones privativas las siguientes: a) Aplicar las disposiciones sobre transporte y tránsito públicos, dentro de la comuna, en la forma que determinen las leyes y las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo; b) Aplicar las disposiciones sobre construcción y urbanización, en la forma que determinen las leyes, sujetándose a las normas técnicas de carácter general que dicte el ministerio respectivo; c) La planificación y regulación urbana de la comuna y la confección del plan regulador comunal, de acuerdo con las normas legales vigentes; d) El aseo y ornato de la comuna; e) La promoción del desarrollo comunitario, y f) Elaborar, aprobar y modificar el plan de desarrollo comunal cuya aplicación deberá armonizar con los planes regionales y nacionales ; agregando otras funciones que podrán desarrollar con otros órganos de la Administración del Estado.

Octavo: Que tales antecedentes permiten concluir que los servicios prestados por los actores no coinciden con el marco regulatorio de la contratación a honorarios, y que, por el contrario, se ajustan al propio de un vínculo laboral, teniendo en consideración que en la faz de la realidad, las labores desempeñadas no corresponden a un cometido específico, dadas su extensión temporal, por tres y cinco años, respectivamente, también por abarcar labores más allá de las pactadas y, principalmente, porque se refieren a actividades propias y permanentes del servicio en cuestión, lo que resulta evidente al considerar que ambos se desempeñaron en dependencias municipales, siendo identificados por los testigos como adscritos al Centro Comunitario de Rehabilitación del municipio; por lo que, aun cuando se haga mención en sus contratos a un programa puntual para la rehabilitación integral en la red de salud, es claro que sus objetivos coinciden y se corresponden plenamente con los fines que, conforme a la normativa antes citada, debe guiar el actuar del ente edilicio.

Además, se estableció que desempeñaron sus labores sujetos a una jornada de trabajo, que estaban a disposición de las jefaturas del municipio, que percibían un estipendio fijo y se les reconocían derechos referidos a licencias médicas, feriados, permisos administrativos y otros, características que, unida a la falta de alegación en contrario, configuran plenamente el vínculo de subordinación y dependencia, que, de acuerdo a los artículos 7 y 8 del Código del Trabajo, permiten distinguir al contrato de trabajo de otras modalidades de prestación de servicio. De manera que la presencia de esas circunstancias determina que una prestación de servicios personales, retribuida con una remuneración mensual fijada en forma previa, deba ser calificada como una relación laboral.

Noveno: Que, en consecuencia, habiéndose determinado la interpretación acertada respecto de la materia de derecho objeto del juicio, que coincide con lo resuelto en la sentencia de base, el recurso de nulidad interpuesto en su contra por la demandada, en su causal principal, debió ser rechazado, puesto que al habérselo acogido se ha prescindido de la aplicación de, los artículos 7 ° y 8 ° del Código del Trabajo.

Décimo: Que también se desechará la causal subsidiaria interpuesta por la demandada, relativa a la infracción a los artículos 162 y 58 del Código del Trabajo, toda vez que se fundamenta en un supuesto efecto constitutivo de derechos de la sentencia que declara la relación laboral, el que le eximiría de pagar las cotizaciones previsionales, en circunstancias que esta Corte ha sostenido de manera reiterada que cuando es la sentencia del grado la que reconoce la existencia de la relación laboral, ésta posee una evidente naturaleza declarativa.

De este modo, y considerando que el fallo sólo constata una situación preexistente, debe entenderse que la obligación de enterar las cotizaciones previsionales se encuentra vigente desde que comenzaron a pagarse las remuneraciones por parte del empleador, esto es, desde la data en que las partes iniciaron realmente la relación laboral.

Undécimo: Que en este mismo sentido- ahora en lo relativo al recurso de nulidad de los demandantes- deberá ser acogido en la parte que reclama la infracción al artículo 58 del Código del Trabajo, en relación a lo dispuesto en los artículos 17 y 19 del Decreto Ley 3500, por cuanto la sentencia de base no hace lugar al pago previsional de ciertos períodos en que ha cotizado otro empleador, en circunstancias que ello no obsta a la obligación de la demandada de pagar cotizaciones por la relación laboral acreditada en este juicio que es diversa de aquélla y puede perfectamente haberse dado en otro horario.

No obstante, se rechazará este arbitrio en cuanto pretende que se ordene el pago de períodos ya pagados por los propios actores como independientes, puesto que implicaría una duplicidad de pago por la misma relación de trabajo, cuestión que no contempla la disposición que se estima infringida.

Del mismo modo, se descartará la infracción del artículo 162 del Código del Trabajo, en lo referente a la nulidad del despido de los demandantes, en razón que el vicio que se acusa no posee vocación de incidir en lo dispositivo del fallo, como quiera que esta Corte ha declarado reiteradamente que cuando se trata, en su origen, de contratos a honorarios celebrados por órganos de la Administración del Estado -entendida en los términos del artículo 1 ° de la ley 18.575-, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la sanción en comento.

Por estas consideraciones, disposiciones legales citadas y en conformidad, además, con lo preceptuado en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se acoge el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandante en contra de la sentencia de quince de octubre de dos mil veinte, dictada por una Sala de la Corte de Apelaciones de Talca, que acogió el de nulidad deducido por la demandada en contra de la de base de ocho de noviembre de dos mil diecinueve y, en consecuencia, se rechaza el recurso de nulidad de la demandada y se acoge el de los demandantes únicamente en el extremo referido al pago de cotizaciones previsionales, conforme lo indicado en el motivo undécimo y -acto seguido- sin nueva vista, separadamente, se dicta la correspondiente de reemplazo.

Acordada en aquella parte que rechaza el recurso de nulidad de los demandantes con el voto el voto en contra de la ministra señora Chevesich, quien estuvo por acogerlo también en lo que dice relación con la nulidad del despido de los actores, en razón de las siguientes consideraciones:

1º Que el meollo de la discusión, respecto de este aserto, gira en torno a la procedencia de la sanción prevista en el artículo 162 , inciso quinto , del Código del Trabajo, en el caso que la relación laboral existente entre las partes haya sido declarada sólo en el fallo del grado.

2º Que, al respecto, se debe recordar que, de acuerdo a la modificación introducida por la Ley N° 19.631 al artículo mencionado, se impuso al empleador la obligación, en el caso que proceda a despedir a un trabajador, de mantener íntegramente pagadas sus cotizaciones previsionales, de lo contrario, dicho despido carece de efectos -es nulo-, correspondiendo entonces que el empleador, no obstante la separación del trabajador, siga pagando las remuneraciones y capítulos pertinentes hasta que se subsane el incumplimiento referido, convalidando el despido.

3º Que, entonces, atendida la naturaleza declarativa de la sentencia que reconoce la existencia de un vínculo de trabajo, no depende de si el empleador retuvo o no lo correspondiente a las cotizaciones de seguridad social, ni su naturaleza jurídica, por lo que, atendida la decisión de la sentencia impugnada, procedía acoger el recurso de nulidad intentado en esta parte.

Regístrese, notifíquese, comuníquese.

N° 138.490-2020.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Guillermo Silva G., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y María Cristina Gajardo H. No firma la Ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

Sentencia de reemplazo

Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.

En cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 483-C Código del Trabajo, se dicta la sentencia de reemplazo que sigue en unificación de jurisprudencia.

Vistos:

De la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Talca de fecha ocho de noviembre de dos mil diecinueve, se mantiene su parte expositiva, considerativa y citas legales, a excepción del fundamento décimo tercero, el que se elimina.

Y se tiene, además, presente:

1° Lo razonado el motivo undécimo de la sentencia de unificación de jurisprudencia que antecede.

2° Que, conforme al artículo 19 del DL 3.500, procede hacer lugar al pago de cotizaciones previsionales por los periodos en rigió la relación laboral, en cada caso, debiendo excluirse únicamente aquéllos en que los actores efectuaron el pago de cotizaciones como trabajadores independientes, a modo de no incurrir en una duplicidad de pagos previsionales.

3° Que en lo relativo a la solicitud de que se condene a la demandada a las sumas que se deriven de la aplicación de los incisos quinto y séptimo del artículo 162 del Código del Trabajo, cabe señalar que, tratándose

de relaciones laborales que tienen como fundamento la celebración de contratos a honorarios con órganos de la Administración del Estado, concurre un elemento que autoriza a diferenciar la aplicación de la punición de la nulidad del despido, esto es, que fueron suscritos al amparo de un estatuto legal determinado que, en principio, les otorgó una presunción de legalidad, lo que permite entender que no se encuentran típicamente en la hipótesis para la que se previó la figura de la nulidad del despido.

Además, se ha considerado que la aplicación -en estos casos-, de la institución contenida en el artículo 162 del Código del Trabajo, se desnaturaliza, por cuanto los órganos del Estado no cuentan con la capacidad de convalidar libremente el despido en la oportunidad que estimen del caso, desde que, para ello, requieren, por regla general, de un pronunciamiento judicial condenatorio, lo que grava en forma desigual al ente público, convirtiéndose en una alternativa indemnizatoria adicional para el trabajador, que incluso puede llegar a sustituir las indemnizaciones propias del despido.

Por estas razones, y manteniéndose las decisiones no afectadas con la invalidación, se condena a la demandada a pagar a las respectivas instituciones de seguridad social las siguientes cotizaciones, sobre la base de una remuneración mensual de $ 743.400 en el caso de la demandante Contreras Durán y de $ 577.800 en el caso del actor señor Rubio Palma:

· Respecto de doña Daniela Alejandra Contreras Durán:

Las cotizaciones correspondientes a los periodos de enero a diciembre de 2016 y de enero a diciembre de 2017 en AFP Planvital y FONASA

· Respecto de don Paulo Alexis Rubio Palma:

Las cotizaciones previsionales en AFP Habitat correspondientes a los periodos de marzo de 2013 a diciembre de 2015. Las cotizaciones de salud en FONASA de marzo de 2013 a diciembre de 2017 y en AFC Chile las correspondientes a los periodos de marzo de 2013 a diciembre de 2018.

Deberá oficiarse a las respectivas instituciones de seguridad Social a fin de que procedan al cobro ejecutivo de conformidad a las normas de la Ley N° 17.322.

Cada parte parará sus costas.

Acordada en lo que refiere al rechazo de la nulidad del despido, con el voto en contra de la ministra señora Chevesich, quien fue de opinión de acoger el recurso de nulidad de la demandante en tal aserto, conforme a los motivos expuestos en la sentencia de unificación precedente.

Regístrese, notifíquese, comuníquese y devuélvase.

N° 138.490-2020.

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señores Guillermo Silva G., Ricardo Blanco H., señoras Gloria Ana Chevesich R., Andrea Muñoz S., y María Cristina Gajardo H. No firma la Ministra señora Muñoz, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por estar con permiso. Santiago, trece de septiembre de dos mil veintidós.